El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y su círculo familiar más cercano se encuentran bajo la lupa de las autoridades mexicanas por presuntos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. Esta investigación, iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2022, ha tomado un giro dramático al revelar un entramado financiero que involucra a al menos 18 personas, incluyendo familiares directos, ex parejas y socios comerciales del exmandatario.
Según revela el periodista Miguel Badillo de Contralínea, la investigación ha descubierto una red de empresas presuntamente utilizadas para el blanqueo de capital y la evasión fiscal.
La lista de involucrados es extensa y abarca desde la madre del expresidente, María del Perpetuo Socorro Nieto Sánchez, hasta sus hermanos Arturo, Ana Cecilia y Verónica Peña Nieto. También figuran su ex esposa Angélica Rivera Hurtado y Maritza Díaz Hernández, madre de uno de los hijos de Peña Nieto. La investigación alcanza incluso a sobrinos y cuñados, evidenciando la magnitud del presunto esquema de corrupción.
Empresas fantasma y contratos millonarios: El modus operandi de los Peña Nieto
Un aspecto particularmente alarmante de la investigación es el caso de Plasti-Esteril, también conocida como Baxter Atlacomulco. Esta empresa, fundada en 1991 con Peña Nieto y su familia como accionistas, fue supuestamente vendida en 1992 a Esquisflex, que posteriormente fue absorbida por la transnacional farmacéutica Baxter International, Inc. Lo sorprendente es que, tras la llegada de Peña Nieto a la presidencia en 2012, Baxter recibió contratos gubernamentales por más de 10,500 millones de pesos, principalmente de instituciones de salud como el IMSS y el ISSSTE.
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, Peña Nieto se ha mantenido en un autoimpuesto exilio en Madrid, España. A través de un intermediario, el expresidente ha declarado que no se le ha permitido ofrecer pruebas en su defensa ante las acusaciones de lavado de dinero, enriquecimiento y evasión fiscal. Sin embargo, afirma que sus abogados han presentado documentos que supuestamente prueban la licitud de sus bienes.
La UIF, bajo la dirección de Pablo Gómez, ha trazado un mapa de operaciones financieras que abarca desde 2013 hasta la actualidad. Se han documentado transferencias millonarias a paraísos fiscales en Irlanda, España y Estados Unidos. Particularmente alarmantes son los depósitos en efectivo por más de 30 millones de pesos, cuyo origen es desconocido.
Entre 2015 y 2021, Plasti-Esteril realizó 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por un total de 1,557 millones de pesos y casi 5 millones de dólares. Además, Desarrolladora Homex, junto con una filial, efectuó transferencias a Irlanda por 164,326 euros.
La investigación también ha revelado que Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26.1 millones de pesos entre 2019 y 2021, provenientes de una familiar consanguínea. Esta misma familiar registró retiros por casi 190 millones de pesos y depósitos por 47.5 millones entre 2013 y 2022.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto tres carpetas de investigación contra Peña Nieto. La primera involucra a la empresa OHL en delitos electorales y patrimoniales. La segunda se centra en denuncias por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales. La tercera investiga el presunto enriquecimiento ilícito del expresidente.
Implicaciones políticas: ¿El primer expresidente neoliberal en el banquillo?
Este caso podría marcar un hito en la historia política mexicana, ya que Peña Nieto podría convertirse en el primer expresidente del período neoliberal (últimos 40 años) en enfrentar la justicia por delitos graves. Las implicaciones políticas y jurídicas de este caso son enormes, no solo para Peña Nieto y su familia, sino para todo el sistema político mexicano.
Además, el caso pone de relieve la importancia de instituciones como la UIF y la FGR en la lucha contra la corrupción. Su capacidad para investigar y potencialmente procesar a figuras tan poderosas como un expresidente podría ser una señal de un cambio significativo en la cultura de impunidad que ha prevalecido en México durante décadas.
Sin embargo, también es crucial considerar los desafíos legales y diplomáticos que enfrentará este caso. Con Peña Nieto residiendo en España, cualquier intento de llevarlo ante la justicia mexicana requerirá de complejas negociaciones internacionales y procesos de extradición.
A medida que la investigación avanza, es probable que surjan más detalles sobre la presunta red de corrupción. Esto podría tener un efecto dominó, implicando a más figuras políticas y empresariales y posiblemente llevando a una reevaluación más amplia de las prácticas gubernamentales durante el sexenio de Peña Nieto.
