El actual alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, busca ser reelegido. Pero ahora acaba de ser denunciado en un programa periodístico de televisión junto a dos de sus asesores por su presunta vinculación al narcotráfico, lo que hizo estallar un escándalo. La justicia inició la investigación, y él decidió continuar con su campaña política.
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Este jueves la Fiscalía Nacional confirmó que ha solicitado formalizar la denuncia contra el jefe municipal de la comuna de San Ramón, ubicada en el sur de Santiago, por su presunta responsabilidad en diversos delitos, y a quien además se le investiga por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
En concreto, la Fiscalía Metropolitana Sur solicitó formalizar el 27 de septiembre próximo a Aguilera, apuntado por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. Además, se solicitó formalizar también a José Miguel Zapata, destituido concejal de la comuna, por supuesta negociación incompatible y cohecho; y a Daniel García Vega, acusado de lavado de dinero.
Aguilera es un conocido caudillo de la zona sur de Santiago, quien ejerce como alcalde de San Ramón desde el 2012, aunque desde el 2000 estuvo ligado a la comuna como concejal. En el 2016 fue reelegido con amplia mayoría, y existe la probabilidad que él y su círculo nuevamente sean reelectos en sus cargos en las elecciones chilenas de mayo próximo.
La investigación en contra de la autoridad comunal se arrastra desde el 2017, luego que un reportaje televisivo denominado “Los intocables de San Ramón”, revelara supuestos lazos entre el alcalde con funcionarios de su confianza que estaban ligados a bandas de narcotraficantes de la zona. Estas primeras indagaciones obligaron a Aguilera a renunciar a su militancia en el Partido Socialista chileno, pero no a su cargo público.
Desde entonces, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó la oficina municipal del alcalde en 2017, mientras que un año después, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió presentar una querella contra la autoridad por designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal y negociación incompatible.
Esta acción penal contra la autoridad comunal sostenía que se habrían realizado pagos de honorarios improcedentes, o contratación de personas sin que prestaran servicios. Los testimonios y las indagaciones recabadas en la investigación indican que a estas personas se les exigía “iniciación de actividades para la emisión de boletas de honorarios reconociendo haber confeccionado en algunas oportunidades boletas de algunos trabajadores analfabetos”.
Esta querella del CDE se amplió en enero de este año, luego que tras una investigación de la PDI en el Departamento de Salud del municipio de San Ramón, se descubrieran supuestos pagos por servicios a personas que no realizaron los trabajos encomendados, por alrededor de $40 millones (aproximadamente USD 56.907)
Además, se indaga contra el municipio la supuesta contratación de personas con antecedentes penales “vinculadas al narcotráfico, a honorarios, sin que la normativa vigente permitiera su contratación”. El 2020, la Contraloría General de la República detectó 54 contratos a personas con antecedentes penales en el municipio de San Ramón. Muchos de ellos, con historial por hurto, manejo en estado de ebriedad y narcotráfico.
Reacciones ante la formalización
Frente a este escenario, la abogada defensora del alcalde, Andrea Rivera, indicó que “no nos podemos pronunciar sobre los fundamentos o fortaleza de la imputación que se realizará. Dado que no contamos con los antecedentes suficientes para ello”. Además, aseguró que “lo que sí podemos señalar” es que la solicitud de formalización contra el alcalde presentada por la fiscalía “no se relacionan con ningún hecho vinculado al narcotráfico”.
En tanto, el alcalde extendió un comunicado durante este jueves, donde manifestó que “ya no soy el narco alcalde”, cuyos adjetivos “tanto daño nos han causado todos estos años”. Sobre las imputaciones que plantea la fiscalía, Aguilera destacó que “no soy responsable de los cargos que plantea la solicitud de audiencia”, y que él y su defensa aportarán todas las pruebas que “demostrará mi inocencia”.
El candidato a la alcaldía de San Ramón, Gustavo Toro, manifestó que la imputación contra el alcalde “implica una lucha de años: una lucha por la verdad y la justicia de los vecinos de la comuna de San Ramón”. Toro ha denunciado una serie de persecuciones y amenazas de muerte en su contra, que él ha acusado que provienen desde el círculo del alcalde Aguilera.
“Me siento emocionado; luego de llevar mucho tiempo siendo perseguido y amenazado, hoy día triunfa la verdad. Tenemos que ir de frente, porque este es un mandato que nos ha dado la gente (desde) el 18 de octubre. Sin duda que enfrentar la justicia y la verdad es la forma de respaldar a mis vecinos”, enfatizó.
