Irlanda se prepara para redactar una normativa «urgente» sobre criptomonedas antes de que entren en vigor las normas de la Unión Europea contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El Ministro de Finanzas de Irlanda, Jack Chambers, dijo al gabinete que se redactaría una legislación urgente para actualizar la normativa sobre criptomonedas antes de que las leyes de la UE entren en vigor el 30 de diciembre, informó el Irish Examiner el 16 de octubre.
No se dieron detalles sobre la nueva legislación sobre criptomonedas ni sobre cuándo podría entrar en vigor.
La «Ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo» de la UE reforzará los poderes de las unidades de inteligencia financiera, permitiéndoles suspender transacciones.
También impondrá requisitos de información más estrictos para los exchanges de criptomonedas y un límite de 10,000 euros (USD 10,850) para los pagos en efectivo. Habrá un control más estricto de las grandes transacciones y nuevos requisitos de información para las transacciones de alto valor.
El marco legislativo abarca una serie de ámbitos que plantean riesgos, incluidos los criptoactivos y el crowdfunding. También «complementa otras normativas, como el Reglamento sobre mercados de criptoactivos (MiCA)», señaló anteriormente la Comisión Europea.
En septiembre, Derville Rowland, vicegobernador del Banco Central de Irlanda, dijo que el país pretende mantenerse a la vanguardia de la innovación segura a través de MiCA.
Afirmó que la normativa sobre criptomonedas era esencial para que Europa se convirtiera en líder mundial en la adaptación y adopción de nuevas tecnologías.
La normativa MiCA de la UE -separada de su ley AML/CFT- entró en vigor en junio de 2023.
«Es importante que Irlanda, como pequeña economía abierta con un próspero sector de servicios financieros, participe activamente en la prevención del uso de su sistema financiero para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo», declaró el Banco Central de Irlanda.
En julio, el Banco Central de Irlanda había aprobado a 15 proveedores de servicios de activos virtuales. Entre ellos se encontraban Gemini, Ripple, Paysafe, MoonPay y Coinbase, que acordó retirar de su plataforma europea las stablecoins que no cumplieran la normativa.
