El país es, desde hace tiempo, la jurisdicción líder en incorporación de sociedades offshore y una de las principales jurisdicciones para la incorporación de fondos de inversión, trusts y empresas prestadoras de servicios financieros de distinta clase.
antilavadodedinero / Infobae
Tras la firma del acuerdo de intercambio de información automática entre Argentina y Estados Unidos, empezaron a circular conjeturas de todo tipo. Algunas de ellas se ajustan a la realidad, pero otras no y simplemente funcionan como agentes distorsivos de información. Una de las más disparatadas consiste en vincular la suscripción de un IGA para implementar FATCA con una menor privacidad respecto de los accionistas y beneficiarios finales de sociedades offshore constituidas en ciertas jurisdicciones.
En esta nota me propongo aclarar algunos puntos y explicar concretamente el alcance de la reforma de la ley de sociedades de las Islas Vírgenes Británicas (“BVI”), que entrará en vigor en 2023.
BVI es, desde hace tiempo, la jurisdicción líder en incorporación de sociedades offshorey una de las principales jurisdicciones para la incorporación de fondos de inversión, trusts y empresas prestadoras de servicios financieros de distinta clase. A lo largo del tiempo, BVI ha buscado, frente a los constantes ataques de la OCDE, la Unión Europea, el G20 e incluso el FMI, proteger lo máximo posible la privacidad y tranquilidad de las personas que utilizan estructuras jurídicas establecidas allí, y de hecho lo continúan haciendo en su nueva reforma.
Beneficiarios finales
No lo hizo en 2020, cuando –ante presiones del Reino Unido– muchos lo daban por hecho, y tampoco lo hará en 2023. Lo pongo en negritas para que quede más claro: BVI no va a compartir información de accionistas ni de beneficiarios finales de sociedades el próximo año. Esta información seguirá siendo privada.
A sign of BVI is pictured at the Tortola Pier Park as a proposal is considered to put the overseas territory of the British Virgin Islands under the rule of London, which came after the arrest of the island’s premier in Miami on charges of conspiracy to traffic drugs and launder money, in Road Town, British Virgin Islands May 4, 2022. REUTERS/Gabriella N. Baez
¿Por qué? Porque en la reforma que tuvo lugar este año sobre la Ley de Sociedades Comerciales de BVI, que entrará en vigor en 2023, no hay una obligación de hacer público el registro de sociedades. Si bien hubo cambios relevantes, esto no se modificó. Por lo tanto, no existe la obligación de publicar esta información. Perdón por lo reiterativo, pero es importante que sea claro y contundente ante un tema tan sensible como este y que tiene a tanta gente preocupada.
¿Cuándo BVI va a hacer pública esta información? La posición oficial, mantenida desde hace mucho tiempo, es que lo hará cuando ello sea estándar mundial y todas las jurisdicciones lo hagan.
¿Qué podemos esperar de cara a los próximos años?
Mientras algunos sacan conclusiones apresuradas y difunden información que no se ajusta a la realidad, comienza a aparecer a nivel mundial una tendencia interesante. En efecto, se está hablando cada vez más sobre algo que nosotros venimos sosteniendo desde hace muchos años: la idea de que los registros de beneficiarios finales de sociedades con acceso irrestricto no logran un equilibrio entre lo que buscan evitar (el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, etc.) y lo que dañan (la privacidad de los individuos).
Es decir, no se alcanza un equilibrio entre el beneficio que supone evitar, en algún punto, la evasión fiscal y el lavado de activos y el perjuicio que se genera dañando la privacidad de las personas.
Esto fue, de hecho, algo que decidió el tribunal más alto de justicia de la Unión Europea hace tan solo dos semanas y motivó, entre otras cosas, que Luxemburgo y los Países Bajos cortaran inmediatamente el acceso del público en general a este tipo de información.
Por el lado de los Estados Unidos, la ley conocida como “U.S. Corporate Transparency Act” ha comenzadoa implementar un sistema de identificación de beneficiarios finales en línea con el de BVI. O sea que, tampoco en Estados Unidos habrá un registro público de beneficiarios finales, sino la obligación de aportar esta información a FinCEN, bajo estricto control de confidencialidad.
En conclusión
Sabemos que hay jurisdicciones offshore nuevas y es muy difícil prever cómo van a reaccionar ante las presiones de organismos multilaterales.
Mientras tanto, hay otras jurisdicciones offshore, como BVI, que hace alrededor de 20 años vienen respondiendo de forma constante y sistemática a las presiones que reciben. ¿De qué forma? Poniendo siempre en el centro al usuario final de la jurisdicción, cuidando su derecho de propiedad y su privacidad.
A través de pequeños cambios, BVI ha buscado siempre preservar un equilibrio y, desde nuestra humilde opinión, ha logrado que los usuarios finales de su jurisdicción se sientan respaldados, a través de decisiones que los protegen y que les brindan seguridad y confianza: dos cosas que no encuentran en muchos lugares.
