El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona hará enviar una rectificación al Congreso o un DNU para quitarle la facultad de querellar a la Oficina Anticorrupción, anunciaron voceros de esa cartera.
Sucede que en el proyecto de ley ómnibus enviado el miércoles al Congreso “no fue sacado a tiempo la pérdida de la OA de su facultad de querellar”, como había anunciado Cúneo en varias entrevistas.
El proyecto enviado al Congreso autoriza a la OA “a constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia. Ejercer todas las acciones necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.”
La OA, creada por el ex presidente Fernando De La Rúa, también deberá “recibir y en su caso tramitar denuncias que hicieran particulares o agentes públicos que se relacionen con su objeto” e “investigar preliminarmente a los agentes a los que se atribuya la comisión de alguno de los hechos indicados en el inciso anterior, en articulación con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y de conformidad con los criterios de significación económica, institucional y/o social que se definan”.
En todos los supuestos, “las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la OA y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga”. Y denunciar ante el organismo administrativo competente las irregularidades detectadas, que no constituyan delito, y, de tratarse de casos de significación económica, institucional y/o social, constituirse en parte de los respectivos sumarios”.
Por último, la OA deberá “denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos”, dice el texto que ahora será corregido por Cúneo Libarona.
“Esto va a ser subsanado en un próximo decreto”, dijeron los voceros del ministro de Justicia que admitieron el error en el texto enviado al parlamento.
Durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se sacó a la OA, y a la Unidad de Información Financiera (UIF), del rol de querellante en causas por corrupción contra el kirchnerismo.
En un reciente reportaje, Cúneo Libarona había dicho que el nuevo titular de la OA, Alejandro Melinek, “no va a utilizar la Oficina Anticorrupción con fines políticos. Le quitamos la potestad de querellar, para eso están los fiscales y la UIF, lo mismo. Viola al principio de igualdad de armas. Las OA fue usada como un arma de guerra en todas las batallas, como la UIF y la AFI”.
Estas declaraciones de Cúneo Libarona causaron preocupación en sectores judiciales porque la OA y la UIF habían colaborado con la justicia en causa de corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri.
Pero en diciembre de 2019, el kirchnerismo le quitó ese rol y Cristina Kirchner empezó a usar la falsa teoría del “lawfare, una conspiración de jueces, fiscales, medios y la embajada de Estados Unidos” contra los líderes nacionales y populares de América Latina.
La propuesta de Cúneo generó polémica. Algunos sectores creen que el gobierno de turno, a través de la OA o la UIF “no debe ser querellante, salvo estrictamente cuando se ve afectado en forma directa, como por ejemplo AFIP si fuera el caso”.
“La representación del interés general debe estar en manos del Ministerio Público. El ejecutivo como querella altera la Independencia en un proceso judicial”, opinan los que coinciden con el ministro de Justicia.
Desde otro sector, se recordó que el problema es que algunos fiscales durante el gobierno de Carlos Menem y el kirchnerismo “dormían” las causas para permitir a los funcionarios de turno ser beneficiados por la prescripción.
Por eso es clave tener un Procurador General de la Nación (un jefe de fiscales) que baje línea a favor de investigar la corrupción sea quien sea el investigado, dicen otros expertos.
Sin embargo, un juez y un fiscal solos no puede investigar con sus pocos recursos casos complejos de corrupción y lavado de dinero. Por ejemplo, sin el aporte de la la Justicia de Suiza, que en primer término consiguió la UIF de Macri, hubiera sido muy difícil conseguir la condena a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K.
Pero más allá de quiere puede querellar (el querellante puede pedir medidas de pruebas y apelar decisiones), el gobierno de Javier Milei no ha dado -hasta ahora- señales claras en sus discursos de buscar una política criminal que tenga a la corrupción política, venga de donde venga, como prioridad.
