El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado abrir juicio oral contra el expresidente catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, delito continuado de falsificación de documento mercantil, siete delitos contra la Hacienda Pública y delito de frustración de la ejecución.
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Pedraz da 10 días al hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, para pagar una fianza de 7,7 millones de euros. Su exmujer, Mercé Gironés, debe depositar 400.000 euros. Además, el magistrado cita a juicio oral a 11 personas, entre estas, Gironés y los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol y Carlos Vilarrubí.
El pasado martes se supo que la Abogacía del Estado solicita 25 años de prisión para el primogénito del clan.
El juez ratifica la situación de libertad de los acusados y explica que no hay necesidad de asegurar su presencia en las sesiones de juicio oral con una situación diferente de la que han mantenido durante el proceso, incluida la de dejar constancia del domicilio en España y la obligación de comparecer a las citaciones judiciales que hagan falta.
El escrito concede un plazo de un mes a los acusados para que presenten sus escritos de defensa e incluye los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación representada por Grand Tibidabo SA, en los que se indican los delitos y las penas de prisión solicitadas para los acusados.
La fiscalía pide 9 años para el expresident por asociación ilícita y blanqueo de capitales y entre 8 y 29 años para los siete hijos y Mercè Gironés. En cambio, la Abogacía del Estado solo acusa al hijo grande, a quien pide 25 años de prisión, a Josep Pujol Ferrusola, para quien pide cuatro años y medio, y a la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, para quien pide 17 años. También pide 7,7 millones de euros al primogénito por cinco delitos fiscales.
El 16 de junio de 2020 el anterior instructor de esta causa propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola para formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmesurado directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.
En este procedimiento también se ha investigado a empresarios que presuntamente realizaron pagos millonarios a la familia, según explicaba José de la Mata en su escrito, disimulados bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y usando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales.
Todos estos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística o adjudicación de concesiones, entre otros.
