El tribunal de la Corte Nacional de Justicia emitió su sentencia escrita en el caso Metástasis, donde hace duras críticas a abogados, jueces y periodistas. Pide a la Fiscalía que investigue a esos profesionales que fueron mencionados durante el juicio.
Los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), notificaron su sentencia por escrito contra 20 procesados del caso Metástasis, entre ellos Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), quienes fueron condenados 9 años y 4 meses de prisión. Los 18 restantes deben cumplir penas de entre 10 y tres años y cuatro meses. Entre todos deberán pagar 4 millones de dólares como indemnización material.
En la voluminosa sentencia, de 2.985 páginas, los magistrados llegan a la conclusión de que los acusados conformaron una organización criminal, que entre el 25 de mayo y el 3 de octubre del 2022, planificó y ejecutó actividades para la seguridad y comodidad del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Latacunga.
El grupo delictivo, además, buscó obtener la libertad de Norero y de sus hermanos a través de coimas a servidores carcelarios, manipulación de sorteos en la justicia y la compra de policías y jueces. Esos mecanismos permitieron a la banda obtener una suerte de paraíso judicial, según los magistrados.
Para los jueces, este es “uno de los casos más visibles de la lamentable incrustación de las redes del narcotráfico en la administración de justicia del país”, por lo que hicieron un llamado a toda la sociedad ecuatoriana, “a fin de que las estructuras criminales, no vuelvan nunca más a permear en estamentos privados, ni públicos, y así, extirpar de raíz cualquier metástasis criminal”.
En el extenso texto, reflexionan sobre los delitos investigados en este caso, cuestionan a sus colegas y hacen serias observaciones sobre el empleo de medios de comunicación por parte de esta mafia.
Estas son las principales novedades de la sentencia:
- Medios pagados por la mafia. El tribunal reclamó en su sentencia el intento de influir en las decisiones fiscales o judiciales mediante el acoso en redes sociales. Esta es una forma de corrupción y “de desconocimiento del proceso penal que violenta la independencia judicial y que intenta menoscabar la integridad judicial”, expuso el tribunal, que además atribuyó este tipo de prácticas a “un modo de actuación de la mafia de Norero”.
Este reclamo apareció dentro de la descripción de la participación de María José Aguirre Carbo, a quién los jueces la denominaron como “la fiscal de la organización”. En este contexto, mencionaron a un abogado, cuyo nombre no fue citado, que se habría referido al caso de Aguirre en un medio de comunicación. “Intentan gritando pero sin sustento normativo, desacreditar de manera desleal y deshonesta un proceso judicial incluso a través de amenazas y falsificaciones, lo que se ahonda cuando medios de comunicación pagados por la mafia dan palestra a este tipo de actuaciones que no constituyen libertad de prensa sino más bien actos intimidatorios que incluso intentan sin fruto invadir el juicio interno de los juzgadores y hasta la reputación de la Fiscalía General del Estado con el fin de lograr impunidad (sic)”, dice la sentencia.
Según el tribunal, Aguirre, conocida con el alias de Majo, fue considerada como la fiscal suicida que colaboró con ellos “acordando sus resoluciones fiscales que devenían de su asesoramiento y manipulación” en un caso de tráfico de armas y en el caso Inmobiliar, donde fueron detenidos funcionarios de esa institución que intentaban incautar las pertenencias de Norero en su mansión ubicada en la urbanización Riberas del Batán, en Samborondón. “Era la fiscal que les iba a ayudar a sacar a los policías del pito; acudiendo a la audiencia de manera presencial para convencer”, dice el tribunal.
El tribunal, en su resolución, afirmó que puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía para que inicie las investigaciones pertinentes. “Más cuando se observa que el modus operandi de la mafia criminal de Leandro Norero, es atacar a través de la creación de noticias falsas, para posteriormente intentar dar muerte a sus víctimas, caso Inmobiliar (sic)”, es otra cita de la sentencia de los jueces.
De igual manera, más adelante se refieren al uso de medios de comunicación por parte de la organización de Norero. “La estructura de la mafia criminal de Leandro Norero, se vale de medios de comunicación y de abogados que incluso no los patrocinan sino que de manera solapada realizan actividades de desprestigio y manipulación con el fin de generar una cortina de humo para manipular incluso a la sociedad y finalmente acabar con sus víctimas incluido personal administrativo, fiscal y judicial (caso Inmobiliar, caso Lidia Sarabia)”.
Hacia el final de la sentencia escrita, los jueces dicen que no buscan criminalizar el ejercicio del periodismo. “Sino, que la inmersión investigativa llegue a convertirse en actos delictivos incluso de enriquecimiento privado no justificado y testaferrismo (sic)”.
- Investigación a jueces, fiscales y periodistas. En otro apartado de la sentencia, los jueces dicen que durante el juicio se hizo “referencia a situaciones atinentes a medios de comunicación y su influencia; sin embargo, al no haberse formulado acusación alguna respecto a sus personeros, a este Tribunal no le corresponde emitir criterio de valoración alguno, pero sí enviar a investigar conductas ilícitas de jueces (de todas las jerarquías, incluidos la Corte Nacional), fiscales, agentes de policía, abogados, personal del SNAI, medios de comunicación”.
Más adelante, agrega: “Este tribunal no actúa bajo espíritu de cuerpo, ni se solidariza con compañeros que de manera evidente se encuentren en el cometimiento de actos ilícitos deshonrando la justicia y la credibilidad del pueblo sobre la misma”.
El tribunal dispuso que, por Secretaría, se envíen copias certificadas de su fallo a la Fiscalía para que inicie las investigaciones sobre su presunta participación en actos ilícitos.
- Un largo colaborador de Norero. Según el tribunal de la CNJ, Carlos Zambrano, expresidente de la Corte Provincial de Manabí, “fue colaborador de la mafia de Leandro Norero, no solo en la época en que se motiva esta investigación, sino mucho tiempo atrás, tanto que su posición en la Corte de Manabí se logra a través de esta colaboración y cercanía con Agustín Intriago (exalcade de Manta, asesinado en 2023)”.
Intriago, conocido con el alias El Uno, financiaba fiestas en búsqueda de votos y padrinos para mantener a Zambrano como Presidente de dicha corte. En estas fiestas participaban jueces nacionales, entre ellos, el exmagistrado Walter Macías. “Mantenía relaciones con jueces de la Corte Nacional para cuidar que no lo destituyan, puesto que estos jueces nacionales son los que conocen las declaraciones jurisdiccionales previas, jueces que le daban también su apoyo”, dice la sentencia.
Gracias a su cercanía con la organización de Norero, Zambrano se puso a disposición para el manejo de un habeas corpus en Manabí e incluso uno a favor del exvicepresidente Jorge Glas, recordaron los magistrados.
- Una observación al juez Manuel Cabrera. El tribunal expresó su malestar sobre la actuación de este juez de la CNJ, quien fue el encargado de llamar a juicio a 30 de los 37 procesados. Entre los siete que el juez Cabrera sobreseyó estuvieron dos jueces de la Corte Provincial de Cotopaxi, que tramitaron habeas corpus a favor de los hermanos de Norero. “Aunque no tenemos en esta audiencia juzgados a los jueces autores de la sentencia de HC en Cotopaxi, esto no implica que evidenciemos que participaron tanto que exigían una cita y la botella de wisky a tomarse con la persona procesada, y ello también debía considerarse como un beneficio a su favor (sic)”. Los jueces cuestionaron que el juez Cabrera haya justificado “de manera disfrazada conductas machistas como ofrecer una ‘salidita con winsky’ para dar una sentencia a favor de sus pretensiones, lo que se aleja de ser “administración de justicia” y más aún de una administración de justicia con enfoque de género (sic)”.
- No se criminaliza a los abogados. Según el tribunal, con esta sentencia no están criminalizando el ejercicio de la abogacía. Las condenas contra abogados en este caso se deben al cometimiento de delitos como cohecho, concusión, enriquecimiento privado, prevaricato, asociación ilícita y delincuencia organizada, “actuando fuera del margen de la ley y desprestigiando la profesión, haciéndose fama de abogados prestigiosos cuando no son más que delincuentes vestidos de corbata que ponen en riesgo la justicia y la democracia”. Asimismo, resaltaron que con esta resolución no criminalizan las decisiones judiciales y fiscales, ni los procedimientos policiales, ni ser funcionario del SNAI ni humanizar los Centros del Libertad
- Defienden la veracidad de los chats de Norero. Los jueces recalcaron que las conversaciones extraídas de los teléfonos de Norero no “han sido determinadas como falsas o mutiladas”. Al contrario, dicen, “las pericias han justiciado su existencia, autenticidad y sometimiento a cadena de custodia y la información constante en aquellas conversaciones (delitos de narcotráfico, testaferrismo, sicariato, asesinato, tráfico de drogas, tráfico de armas) han sido corroboradas por otras pruebas que determinan la línea de tiempo incluso en actuaciones policiales, fiscales, del SNAI, judiciales y de abogados en libre ejercicio así como personas naturales que constan en documentos públicos y privados”.
- Piden abrir una investigación sobre lavado de activos. Según el tribunal, la Fiscalía deberá abrir una investigación sobre el presunto delito de lavado de activos, en especial respecto a los procesados Armando Ruiz, alias Camello, Eduardo Rodríguez, Ronald Guerrero y Pablo Ramírez Erazo, exdirector del SNAI. “El crimen organizado no se combate únicamente con su judicialización y sanción, sino cuando se ataca al dinero ilícito que sirve para gestionar la impunidad”, dice la sentencia.
- Los jueces piden protección. Los magistrados requirieron al Estado seguridad y protección precautelar su integridad y vida. Anunciaron que pondrá en conocimiento de las autoridades competentes la información necesaria para que “no se quiera dar un escarmiento a través de nuestro castigo a otros jueces que actúen con imparcialidad y en cumplimiento de sus deberes y funciones”. Los jueces recordaron que parte del modus operandi de la organización criminal de Norero incluyó la planificación de asesinatos a jueces y fiscales, además de la manipulación judicial y comunicacional.
El papel de algunos sentenciados, según el tribunal:
Xavier Alexander N.A. El tribunal confirmó que su rol en la organización fue de líder. Según el tribunal, él dirigió una red de influencias al interior de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, reclutando a funcionarios judiciales y entregando dineros ilícitos, bienes muebles e inmuebles.
Él obtuvo beneficios económicos a través de tratos directos con miembros de la mafia criminal de Norero, dicen los jueces. Junto con el narcotraficante, este abogado planificaba sobornos a jueces y fiscales, que les permitieron obtener libertades, cambiar tipos penales y medidas cautelares, y hasta crear procedimientos para detener a personal de Inmobiliar, según los jueces. El sentenciado, menciona la sentencia, buscó la encarcelación de servidores públicos para luego “intentar acabar con la vida” de ellos. Estos funcionarios, a los que se refieren los jueces, trabajaron en Inmobiliar a la fecha de los hechos y como tal acudieron a la casa de Norero a incautar sus bienes.
Wilman Terán. El tribunal sostiene que Terán, mientras fue juez de la CNJ, fue colaborador de la organización y obtuvo beneficios económicos, a través de tratos directos con miembros de esta mafia como Hélive Angulo y Cristian R.M., abogado de Norero. Según los magistrados, Terán permitió que la organización criminal tenga tiempo para arreglar con otro juez “el precio de su decisión, quien incluso decía que cuando regrese el proceso de la Corte, le iba a costar el doble”. Los jueces apuntaron en su sentencia que el reporte de gastos que presentó Terán de su tarjeta de crédito Diners Club “deja entrever créditos excesivos de hasta USD 22.000, en compra de muebles, los cuales, a criterio de este Tribunal de juicio resultan inusuales para los ingresos percibidos como juez nacional”.
Ronald Guerrero. Conocido con el alias La Momia o El Viejo, este juez de Guayaquil colaboró al vender decisiones judiciales a cambio de dinero, joyas y bienes muebles, garantizando con ello que la mafia de Leandro Norero obtenga resoluciones judiciales.
Johan Marfetán. Su participación consistió en inhibirse para que se pueda conformar un tribunal afín, que emita una resolución conforme lo solicitó la organización criminal de Norero. Esto lo hizo, según los jueces, “no por miedo o ignorancia, sino más bien debido a que no le quisieron pagar lo solicitado”.
Víctor Hugo Alcívar Bejarano. Conocido con el alias de Pillo Buena Gente, este exfiscal de Santo Domingo mantuvo relación directa con uno de los líderes del grupo delictivo, Cristian Romero. Él entregaba información respecto de actos urgentes (allanamientos y órdenes de detención) a Norero. El exfuncionario buscó a cambio protección de esta mafia.
Pablo Ramírez. Según los jueces, el exdirector del SNAI, “realizaba actos reiterados que garantizaban el confort y la comunicación constante de Norero con miembros de su mafia y en consecuencia cometer actos delictivos dentro de la cárcel para garantizar la impunidad y su libertad eventual”. A cambio, dice la sentencia, alias Pablito -como era conocido- recibió dinero que, aunque no se encontraron en sus cuentas, hay testimonios que lo afirman. “Pero lo más grave, que hacía el director Nacional del SNAI enviando comunicados para que se efectivice la libertad de Madrid y Cuyuyui (brazos armados de Norero), cuando aquello podía ser dispuesto por un inferior jerárquico, incluso el mismo director de la cárcel de Cotopaxi o la Dirección Jurídica (sic)”, se preguntaron los jueces.
Claudia Garzón. Su rol fue mantener la seguridad e integridad de Norero en la cárcel, “con la colaboración incluso para el ingreso de artículos prohibidos, todo ello a cambio de beneficios económicos, materializados en bienes muebles e inmuebles”.
Kevin Prendes Vivar. Sobre él, el tribunal dice que fue “uno de los abogados patrocinadores de la empresa criminal, y, como tal, brindaba asesoría legal para que se logren los objetivos de paraíso judicial, obteniendo beneficios económicos por alrededor de USD 70.000”. Este dinero, aclaró el tribunal, no consta en los informes judiciales porque no está bancarizado. Pero los jueces creen que sí existió porque hay chats en el teléfono de Norero. Además sostuvieron que el abogado presentó una declaración al SRI “no apegada a la verdad, inflando sus ingresos con el fin de ocultar los mismos, pero algo más grave, Kevin Prendes no ha presentado factura alguna de los honorarios profesionales que dice prestó”.
