El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de instruir la causa por presuntos pagos de comisiones y sobornos de la empresa española de ingeniería Duro Felguera a políticos venezolanos, ha acordado prorrogar seis meses más la investigación, que continuará al menos hasta enero de 2023.
Antilavadodedinero / Publimetro
En un auto del pasado 4 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 recuerda que todavía está pendiente de tomar declaración a una serie de investigados. Se trata de unas diligencias, en concreto, que están pendientes desde el pasado año.
Así, y accediendo a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción -que le instó a prorrogar seis meses más la instrucción, el juez recuerda que aún debe escuchar a Luis Carlos de León Pérez, quien junto al exviceministro venezolano Javier Ochoa Alvarado ostentaba puestos de total capacidad de decisión dentro del sector energético venezolano para contratar empresas, como ocurrió con el grupo asturiano o con otras identificadas en el informe policial como Elecnor o Iberdrola.
Pero, además, el instructor también tiene previsto tomar declaración a la mujer de De León, Andreina Gámez. A tal efecto, el magistrado remitió el pasado mes de noviembre una comisión rogatoria a los Estados Unidos que, a día de hoy, «continúa pendiente de su diligenciamiento».
UNA CAUSA ESPECIALMENTE «COMPLEJA»
Por último, el juez Moreno apunta que tiene pendiente la declaración de Mariela Consuelo Pardi, exmujer de Alvarado, que según la Fiscalía participaba en el blanqueo de capitales en territorio español. Según el relato del Ministerio Público, Pardi era titular de diferentes propiedades inmobiliarias que habrían sido «obtenidas mediante las comisiones pagadas» por Duro Felguera al que fuera su marido.
Adicionalmente, el magistrado incide en que la presente causa es especialmente «compleja» en tanto que «afecta y recae sobre una pluralidad de personas (físicas y jurídicas)» y «tiene por objeto diferentes hechos punibles».
Eso exige, según señala, «la realización de pericias, informes y de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implica el examen de abundante documentación y complicados análisis». «Además, puede suponer la realización de actuaciones en el extranjero; y, por último, ha precisado la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas», aduce.
LA CAUSA VIENE DE 2015
En esta causa están siendo investigados tanto exdirectivos de la empresa española como altos cargos del gobierno venezolano en la época de Chávez, como quien fuera viceministro de Energía hasta 2006 Nervis Villalobos y su mujer Milagros Coromoto Torres.
La investigación analiza presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales por los hechos fruto de la investigación surgida en 2015 a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que detectó «indicios de criminalidad» por pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid, del que eran clientes los políticos presuntamente sobornados.
