Un juez de EE.UU. ordenó este jueves la designación de un oficial que controlará la información clasificada en el caso por lavado de dinero que enfrenta en Miami el empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Antilavadodedinero / Swissinfo
El juez Robert N. Scola falló a favor de una moción presentada este miércoles por la Fiscalía de Estados Unidos que busca vigilar la información clasificada durante el proceso legal.
La Fiscalía pidió a la corte designar un Oficial de Seguridad de la Información Clasificada’ (CISO, en inglés) «para la protección contra divulgación de cualquier información clasificada bajo la custodia de los tribunales de distrito de Estados Unidos».
El juez designó así a Carli V. Rodríguez-Feo, del Grupo de Seguridad de Litigios del Departamento de Justicia.
Saab, de 50 años, fue extraditado a EE.UU. el pasado octubre desde Cabo Verde, donde fue detenido en 2020 a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense.
El empresario argumenta que gozaba de inmunidad diplomática cuando fue arrestado en el país insular africano.
El juicio a Saab está retrasado debido a la demora de una multitud de documentos oficiales solicitados a varias agencias federales de EE.UU., que se tardan en trámites, especialmente si son clasificados.
Según la Fiscalía el llamado CISA es un funcionario «neutral» que ayuda a la Corte con asuntos que involucren información clasificada.
También sería responsable de «cualquier asunto relacionado con el personal, la información o seguridad de las comunicaciones».
La próxima audiencia de «estatus» fue programada por el juez para el 26 de agosto.
Otras fechas de vistas, que dependen de la entrega de documentos por parte del Gobierno de Estados Unidos, son: el 16 de septiembre y el 7, 17 y 31 de octubre y 14 de noviembre.
Saab se enfrenta a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que se declaró «no culpable» en noviembre de 2021.
El empresario se enfrenta a una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele exigir al acusado la delación de otras personas.
