Tras un nuevo recurso la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado definitivamente la investigación relativa a la Caja de Solidaridad de Podemos, que ya fue previamente cerrada por el juez instructor en dos ocasiones al no apreciar indicios de administración desleal, al ratificar que «no consta distracción de los fondos».
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La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de Vox y de la exsenadora de Podemos Celia Cánovas contra el archivo de esta causa el pasado 23 de julio y decreta su cierre definitivo, en un auto del pasado 27 de diciembre al que ha tenido acceso Efe.
En el origen de esta investigación está la denuncia del exabogado de la formación morada José Manuel Calvente, quien atribuyó a Rafael Mayoral la responsabilidad sobre el dinero de la citada Caja de Solidaridad y detalló que de este fondo se podrían haber pagado 50.000 euros a Comunicación Popular de manera irregular.
Pero la Fiscalía no vio indicios de delito y el titular del Juzgado de Instrucción número de Madrid, Juan José Escalonilla, archivó la causa en octubre de 2020, una decisión recurrida por varias de las acusaciones, que lograron que la audiencia madrileña ordenara reabrir el caso en febrero de 2021 hasta el total esclarecimiento de los hechos.
Así el magistrado practicó varias diligencias, como encargar un estudio a la Policía sobre movimientos bancarios, hasta que en junio de 2021 volvió a cerrar esta investigación al no considerar probado que hubiera desvío de fondos, ya que el dinero se gastó en fines «lícitos», lo que ahora refrenda la Audiencia Provincial.
La Sala concluye que, como señala la Fiscalía al oponerse a los recursos de Vox y Celia Cánovas, «no consta la existencia de distracción de los fondos recibidos por el partido Podemos dirigidos a dirigentes suyos» y «no existe norma que prohíba la donación a la entidad».
«Ninguno de sus miembros ostenta cargo orgánico ni función directiva en el partido. En todo caso, no consta pago alguno a Rafael Mayoral conforme así lo declarara el denunciante», añade el auto, que apunta que el recurso de Cánovas -al que se añade Vox- está encaminado a «revisar el articulado del Reglamento de la Caja de Solidaridad», algo que al tribunal «no le compete».
«Si la recurrente considera que dicha normativa permite realizar donaciones al parecer sin control de quien gestiona sus fondos ello es materia que deberá resolver como cuestión interna del partido político mediante los mecanismos que, en su caso, contemplen sus estatutos y normas internas, y no a través del Derecho penal», añade.
