Un juez de Honduras autorizó la extradición de Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. El país anglosajón la requirió el 14 de febrero, un día después el exmandatario fue detenido en su residencia de Tegucigalpa, apenas dos meses después de haber dejado la Presidencia del país. Ante la sentencia, sus abogados ya avisaron que apelarán la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, en un último intento de evitar la extradición de Hernández.
Antilavadodedinero / France24
Nuevo revés para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El juez Edwin Ortez decidió aprobar su extradición a Estados Unidos, donde está acusado por varios delitos relacionados con el narcotráfico y porte de armas.
«El juez de Extradición de Primera Instancia resuelve conceder solicitud de extradición remitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York para el expresidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado», indicó a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte.
Ahora, los abogados de la defensa tienen un plazo de tres días para apelar el recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que constituiría un último movimiento para evitar que el político del Partido Nacional tuviera que hacer frente a la Justicia de Estados Unidos. Serán los mismos magistrados de la Corte Suprema que han manejado el caso -y designaron a Edwin Ortez como juez natural para llevar el caso- los que den un veredicto final; tanto si deciden modificar como si no la sentencia. Este proceso puede durar un máximo de dos semanas. No obstante, la defensa se mantiene optimista.
«El Gobierno de Estados Unidos no remitió ninguna prueba fehaciente y suficiente que involucre al ciudadano y expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández en actividades del narcotráfico, como lo exige el Tratado de Extradición para que el juez otorgue el pedido de extradición», sostuvo la defensa de Hernández.
Sin embargo, las acusaciones y sospechas contra Hernández se remontan a años atrás. Y, con el tiempo, su reputación ha empeorado, complicando incluso sus últimos meses en la Presidencia.
El entramado en que está envuelto Hernández
El que fue presidente de Honduras ocho años empezó su caída en política y de cara a la opinión pública el 23 de noviembre de 2018. Aquel día, el hermano del expresidente, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, fue arrestado mientras hacia una escala en Miami para volver a Tegucigalpa. Pero nunca lo logró, ya que está en prisión desde entonces por narcotráfico, tenencia de armas y por dar testimonio falso en procesos judiciales.
El escándalo no tardó en salpicar al exmandatario. Dado que su hermano trabajó activamente para su campaña política de 2013, en la que supuestamente ‘Tony’ contactó y organizó pagos por parte de narcotraficantes para financiar la campaña de ‘JOH’.
Cuando empezó el juicio contra ‘Tony’ el nombre Juan Orlando salió: la Fiscalía dijo que el expresidente también estaba relacionado con todo el entramado. Además, al anunciar la sentencia del menor de los Hernández, los fiscales dijeron que Honduras era un «narcoestado» bajo su mandato.
Pero las acusaciones no vinieron solo de la acusación y la Fiscalía estadounidense. También narcotraficantes reconocidos, que testificaron en Estados Unidos, hablaron sobre los nexos del antiguo dirigente y el mundo del narcotráfico. Varios corroboraron que el mismo ‘Tony’, hermano de Juan Orlando, se habría reunido con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán -el jefe del cartel de Sinaloa- en representación del entonces aspirante a la presidencia. Supuestamente, en la reunión se acordó que el narcotraficante financiaría la campaña de Hernández a cambio de que dejaran transportar -tanto entrar como salir- drogas a través de Honduras.
Ya cuando Hernández había dejado el cargo de presidente, el nueve de febrero, Geovanny Fuentes Ramírez -cercano al político- fue condenado también a cadena perpetua por narcotráfico y tenencia de armas. Durante su juicio, el nombre de Juan Orlando volvió a aparecer.
El propio Ramírez afirmó que el expresidente le dijo que iban a «meter la droga a los gringos en sus propias narices» sin que lo notaran. «Juan Orlando Hernández lo protegió», sostuvo la Fiscalía en el juicio, que también argumentó que Ramírez «le dio acceso a su laboratorio» de drogas y le dio maletines cargados de dinero. Testimonios que llevaron a los fiscales estadounidense a señalar a Hernández como «co-conspirador» de los hechos.
«Hay pruebas más que suficientes para acusarlo y condenarlo, la DEA no hace las cosas a la ligera», sostuvo el ex jefe de operaciones de la agencia antidrogas, Mike Vigil, sobre el caso.
Una afirmación que se acabó probando cierta. El 15 de febrero arrestaron a Hernández, un día después de que Estados Unidos solicitara su extradición. «No es un momento fácil», dijo el exdirigente el día de su arresto en la que fue su última publicación en redes sociales hasta el momento. Una semana antes, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ya había anunciado la inclusión de Hernández -en julio de 2021- en la lista de personas acusadas de corrupción y de socavar la democracia en Centroamérica, motivo por el que ordenó el retiro de su visa.
No obstante, a pesar de la lluvia de acusaciones en su contra, Hernández siempre ha defendido su inocencia. Su argumento ha sido que lo acusan «narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por mi Gobierno, o que tuvieron que huir y entregarse a las autoridades de Estados Unidos por temor a ser extraditados». También Ana García, su esposa, defiende esta versión de los hechos.
«Gracias amigos y amigas por su apoyo, es una causa justa, Juan Orlando es inocente, él no es narcotraficante, nunca lo ha sido y como dije antes, su compromiso siempre fue devolver la paz y la seguridad a nuestro país», apuntó García este miércoles 16 de febrero antes de conocerse la sentencia.
Sin embargo, las pruebas parecen establecer nexos claros entre Hernández y el narcotráfico. En un plazo de dos semanas a partir de que se presente la apelación se sabrá el destino final del hombre que estuvo al frente de Honduras durante ocho años. Y si tendrá que rendir o no cuentas ante la justicia de Estados Unidos.
