La jueza Melissa Muñoz, revocó ayer la libertad provisional que le permitió al exvicepresidente Jorge Glas salir de prisión en 2022 y dispuso su captura y regreso a la cárcel.
Glas, quien se encuentra en la embajada de México en Quito como “huésped” y a la espera de una respuesta a su pedido de asilo político, cumplió el 60% de una pena acumulada de ocho años de prisión por dos casos de corrupción.
De acuerdo con sus abogados, el cumplir ese periodo en la cárcel facultaba al exvicepresidente a beneficiarse con un recurso de libertad que se otorga a quienes han cumplido el 40% de su pena, entre otros requisitos.
Pero durante una audiencia que empezó el miércoles y se retomó el jueves, la jueza de garantías penitenciarias, Melissa Muñoz, determinó que el exvicepresidente no cumplió con uno de los requerimientos legales al registrar un puntaje de 2,8 sobre 10 en el informe técnico que emite la autoridad de rehabilitación social.
Tras la negativa, la jueza revocó la libertad provisional que le otorgó en noviembre de 2022 el juez Emerson Curipallo, procesado en el caso de infiltración del narcotráfico en el sistema judicial conocido como “Metastásis”, y ordenó su localización y captura.
Según el fallo, Glas deberá cumplir en prisión el resto de la sentencia, es decir, dos años y 11 meses.
El abogado de Glas, Edison Loaiza, adelantó que su cliente “ha desistido de presentarse voluntariamente” porque “corre riesgo su vida y su integridad” en la cárcel, donde dijo ha sufrido amenazas y extorsión.
Loaiza también anunció a la prensa que apelará la decisión de la jueza Muñoz.
Glas, quien ejerció la vicepresidencia entre 2013 y 2017, fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht y a ocho años por cohecho en una trama de sobornos en la contratación de obras públicas. Esta sentencia se unificó en enero de 2023, con lo cual le correspondía cumplir la de mayor tiempo.
La fiscal general, Diana Salazar, ha señalado a Glas asegurando que, según las investigaciones, su salida de prisión habría obedecido a un pago del narcotraficante Leandro Norero, alias “El Patrón”, por 250.000 dólares al juez Curipallo.
En otro caso, la fiscalía procesa al ex segundo mandatario por supuesto peculado en una obra de reconstrucción por el terremoto de abril de 2016 para lo cual se fijó una audiencia de formulación de cargos el 5 de enero de 2024, junto a otros dos exfuncionarios.
