Pese a que el multiseñalado Genaro García Luna ya se encuentra al interior de una prisión en Nueva York, una de las familias relacionadas con el lavado de dinero que cometía el exfuncionario mexicano podría quedar desvinculada del caso. Y es que, con todo y la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la denuncia en su contra podría quedar desestimada por una jueza en Estados Unidos.
Lo anterior se debe a que, entre los procesos donde se liga al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una jueza radicada en Miami, Florida, determinó que este lunes, 28 de abril, se vence el plazo para dar inicio de manera definitiva al juicio civil en el que el Gobierno de México buscará recuperar los 600 millones de dólares que se habría llevado el exservidor público de forma ilícita.
El caso del exservidor público continúa ligando a diversos personajes pese a ya tener su sentencia. (EFE/Mario Guzmán/ARCHIVO)
Se trata de la jueza Lissa Walsh, proveniente de la Corte del Onceavo Cicuito Judicial de Miami-Dade, quien dijo que esta fecha es la pactada por ambas partes para que se inice el proceso o para llegar a un común acuerdo pues, en caso de no cumplirse ninguna de las dos opciones, la demanda de la UIF podría ser desechada.
Es importante señalar que desde noviembre del 2024 se realizó una reunión en donde se intentó llegar a un acuerdo; sin embargo, se determinó que el juicio para reclamar la cantidad millonaria sería en enero del 2025. Esta fecha no se cumplió pues ambas partes decidieron aplazarlo hasta el 28 de abril con el objetivo de que ambas partes intentaran un convenio para cancelar los procesos penales y administrativos en nuestro país.
¿Cuál fue la familia que supuestamente se benefició?
De acuerdo con los datos de la UIF, se trata de la familia Weinberg, originarios de Israel, quienes supuestamente concretaron hasta 30 contratos por medio de licitaciones con instituciones públicas de seguridad en México, esto se traduce a 634 millones de dólares del erario público, además de posibles sobornos desde 2006. Según la actual administración, este dinero fue transferido a ‘paraísos fiscales’, hacia Florida y gastado en inmuebles, bienes y otros activos.
La UIF detectó una serie de contratos otorgados a empresas de la familia Weinberg por más de 726 millones de dólares. (UIF)
Como consecuencia, el 21 de septiembre del 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera decidió interponer una demanda civil en el Tribunal Undécimo Circuito Judicial correspondiente al condado de Miami-Dade, con el objetivo de que todo el dinero que fue ‘saqueado’ pueda ser devuelto al pueblo de México. Entre lo solicitado, se piden 28 inmuebles ubicados en Florida, no obstante, de ellos 18 ya habrían sido vendidos: 12 antes de la demanda y seis después.
Debido a que se han pedido una serie de aplazamientos, la jueza indicó que el proceso ha sido muy largo y tedioso, por lo que puso un ultimátum para aceler el litigio: “No concederé una nueva moción del gobierno de México. Si no actúa o no aprueba, pueden tener la seguridad de que el caso se va a juzgar en la fecha agendada o se va a desechar. No hay nada más que yo pueda hacer”.
Autoridades mexicanas pusieron los ojos sobre los Weinberg
Si bien, dentro del interés de los altos mandos estadounidenses, este caso puede o no proceder, la Fiscalía General de la República (FGR) no dudó en ir tras los miembros de los señalados. Es por ello que se emitieron órdenes de aprehensión en contra de Mauricio Weinberg López y su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, ambos acusados por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Éste último fue detenido en diciembre del 2023 mientras se encontraba en Madrid, España.
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