Una corte penal de El Salvador concluyó este viernes el juicio contra la exprimera dama Ana Ligia de Saca (2004-2009) y otras siete personas por el delito de lavado de dinero de fondos estatales malversados.
Antilvadodedinero / infobae
La esposa del expresidente Elías Antonio Saca, preso por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares, y los otros imputados son acusados por la Fiscalía de colaborar con el blanqueo de 22 millones.
La Fiscalía pidió al colegiado Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador la detención provisional contra los procesados para evitar el riesgo de fuga, pero los juzgadores únicamente ordenaron que se presenten cada viernes hasta que se dicte el fallo, el 5 de mayo próximo.
De acuerdo con reportes de la prensa local, el Ministerio Público pidió una condena de 15 años contra la exprimera dama.
El abogado de Ana Ligia de Saca, Miguel Ángel Flores, dijo a la prensa al final del juicio que el «dolo jamás lo pudo acreditar» la Fiscalía en su acusación, por lo que «lo justo en derecho es decretar la absolución».
Ella es la primera esposa de un expresidente salvadoreño procesada penalmente en la historia reciente del país centroamericano.
La exprimera dama buscó en la etapa de instrucción someterse a un «juicio abreviado» para confesar el delito de lavado de dinero a cambio de una pena excarcelable.
El pacto no prosperó por las diferencias entre ambas partes sobre la responsabilidad civil, dado que la Fiscalía pedía que ella entregara más de 17 millones de dólares y la defensa aseguró que la procesada no posee el dinero suficiente para el pago.
Este mismo recurso permitió al expresidente Saca evitar una condena de al menos 25 años de prisión por la millonaria malversación, trama en la que involucró a sus empresas de comunicaciones para lavar los fondos estatales, según su confesión.
En septiembre de 2019, el ex jefe de Estado también fue condenado a dos años de prisión en un proceso «abreviado» tras confesar el pago de 10.000 dólares para obtener información de un proceso civil que enfrenta por el supuesto enriquecimiento ilícito en más de cuatro millones de dólares.
Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido Mauricio Funes (2009-2014), suman más de 666 millones de dólares cuestionados.
