La junta en el poder de Birmania lanzó nuevas acusaciones de corrupción contra Aung San Suu Kyi, que podría ser excluida de la vida política si es hallada culpable, y seguía reprimiendo ferozmente el jueves las manifestaciones prodemocracia.
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El balance de víctimas crece cada día. Al menos siete personas perdieron la vida el miércoles a manos de las fuerzas de seguridad, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP).
En total, al menos 217 manifestantes han muerto desde el 1 de febrero, el día del golpe militar que instaló en el poder a la junta.
Al mismo tiempo, crece la presión contra Aung San Suu Kyi, jefa de facto del ejecutivo civil depuesto.
La cadena estatal MRTV difundió el miércoles un vídeo de un promotor inmobiliario que confiesa haberle pagado 550.000 dólares de sobornos, y que le entregó esta suma fraccionada entre 2018 y 2020.
«Según este testimonio, las autoridades consideraron que Aung San Suu Kyi es culpable y se preparan para inculparla», declaró la cadena MRTV.
– Acusaciones absurdas –
Estas nuevas acusaciones «no tienen fundamento y son absurdas», dijo el jueves a la AFP el abogado de la jefa de facto del gobierno, que sigue detenida por el ejército en un lugar secreto.
«Mi clienta quizá tenga defectos, pero corromper a la gente no está en su naturaleza (…) la mayoría de birmanos no creerán» estas nuevas acusaciones.
Detenida desde el 1 de febrero, la antigua dirigente de 75 años, ya ha sido inculpada de cuatro cargos: importación ilegal de walkie-talkies, incumplimiento de las restricciones relacionadas con el coronavirus, violación de una ley sobre las telecomunicaciones e incitación a los desórdenes públicos.
La semana pasada, la junta militar anunció la apertura de una investigación por corrupción acusándola en un primer momento de haber recibido ilegalmente 600.000 dólares y más de 11 kilos de oro.
El órgano estatal Global New Light of Myanmar informó este jueves que se están investigando unos supuestos alquileres subevaluados en terrenos utilizados por la fundación Daw Khin Kyi, creada por Aung San Suu Kyi bajo el nombre de su madre.
Si la ganadora del premio Nobel de la Paz 1991 es reconocida culpable de los hechos que se le imputan, se expone a largas penas de cárcel y podría ser inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND), ganó por mayoría aplastante las legislativas de noviembre.
Los observadores no detectaron mayores problemas durante estos comicios, pero los generales golpistas alegaron «enormes» fraudes para justificar el golpe de Estado.
Los militares parecen más decididos que nunca a acallar las protestas a favor de la democracia que se han extendido desde entonces por todo el país, y que son reprimidas sin contemplaciones.
– «Crímenes contra la humanidad» –
Este jueves, se celebraron protestas en varios puntos del país, como Natmauk, la ciudad natal del padre de Aung San Suu Kyi, héroe de la independencia birmana. También hubo manifestaciones en Mandalay (funcionarios principalmente), Myangyan (estudiantes).
En una de las antiguas ciudades pyu, incluidas en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, en la cuenca del río Irawady, los manifestantes colgaron carteles que rezaban: «Fin de la dictadura en Birmania», «Ayúdennos, detengan el crimen contra la humanidad».
Asimismo, varios barrios de Rangún, capital económica del país, eran escenario de violentas tensiones. Las fuerzas de seguridad «amenazan con disparar a los habitantes que no quitan las barricadas», erigidas para frenar el avance de militares y policías, relató a la AFP un médico que vive en esa zona.
Thomas Andrews, principal experto independiente que opera bajo la égida de la ONU, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra desapariciones forzosas, muertes y torturas que constituyen probables «crímenes contra la humanidad» en Birmania.
El ejército birmano nunca ha respondido a las múltiples consultas de la AFP.
Por su lado, la AAPP considera que las «tácticas de represión son cada vez más violentas» con un ejército que dispara «con balas reales, incluso sin motivo contra personas que no se manifiestan» y ello incluye a «niños y mujeres».
Unas 2.200 personas han sido detenidas estas últimas seis semanas, muchas de ellas de forma secreta o sin acceso a un abogado. Centenares de personas están desaparecidas, alertó la ONU, que denuncia un «baño de sangre».
La junta ha ignorado las múltiples condenas internacionales y las sanciones aplicadas por varias potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos y la Unión Europea.
