De acuerdo con una información publicada en el diario The New York Times, la Corte Suprema de Chile fue notificada por la Cuarta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España que se reabrió una investigación en Madrid que involucra a una de las principales entidades financieras del país, para determinar si esta empresa ayudó a Pinochet y sus asociados a lavar dinero.
Antilavadodedinero / ElMostrador
En el proceso son querellantes la Fundación Española “Presidente Allende”, Laura González Vera, viuda de Carmelo Soria, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, defendidos por Joan Garcés. La entidad bancaria -controlada por la familia Luksic y encabezada por Andrónico Luksic- señaló que le corresponde a tribunales chilenos “la competencia y jurisdicción” sobre el tema
Las víctimas de Augusto Pinochet siguen buscando justicia. Pese a que el dictador falleció hace 15 años, quienes sufrieron las violaciones a los derechos humanos durante su régimen siguen buscando la verdad, incluso, fuera del territorio chileno.
Y es que este mes, de acuerdo a una información publicada en el diario The New York Times, la Corte Suprema de Chile fue notificada por la Cuarta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España que se reabrió una investigación en Madrid que involucra a una de las principales entidades financieras del país: el Banco de Chile. El objetivo de la indagación es determinar si esta empresa ayudó a Pinochet y sus asociados a lavar dinero.
En el proceso en España son partes querellantes la Fundación Española “Presidente Allende”, Laura González Vera, viuda de Carmelo Soria, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, defendidos por Joan Garcés.
El enfoque de esta investigación está puesto en fondos que se cree que fueron expropiados por Pinochet y sus asociados, y posteriormente transferidos a cuentas personales en el extranjero. Los demandantes consideran que estas acciones buscaban evadir impuestos y blanquear capitales.
España fue el país elegido para esa causa legal ya que este país ha liderado esfuerzos durante 3 décadas para responsabilizar a personas de todo el mundo por sus crímenes en jurisdicciones distintas a sus propios países.
Durante años, el Banco de Chile -controlada por la familia Luksic y encabezada por Andrónico Luksic-
ha argumentado que Chile tiene la jurisdicción para investigar sus operaciones relacionados con Pinochet. Sin embargo, en 2013 se cerró una investigación sobre lavado de dinero sin cargos para el dictador ni sus asociados.
Un estudio encargado por la Corte Suprema sugiere que solo 2 de los 21 millones de dólares de la fortuna de Pinochet podrían ser acreditados como dinero limpio.
Los demandantes esperan conseguir un resultado al menos comparable con lo que se alcanzó en Estados Unidos, donde el banco Riggs tuvo que pagar una multa de casi 9 millones de dólares, lo que permitió al banco vitar el enjuiciamiento por no informar las transacciones que incluía dinero transferido a las cuentas bancarias de Pinochet.
Posteriormente, una investigación del Senado de Estados Unidos determinó que el Banco de Chile estaba entre las entidades financieras que ayudaron a Pinochet a tener acceso al mercado bancario en el país norteamericano.
“Como es de público conocimiento, las materias han sido investigadas por los tribunales chilenos en la causa seguida ante Ministro de Fuero de la I. Corte de Apelaciones de Santiago Rol 1649 del año 2004, tribunales a los que corresponde la competencia y jurisdicción sobre las mismas. Banco de Chile no se referirá al caso por estar radicado ante la jurisdicción de los tribunales de justicia de la República de Chile”, fue la respuesta de Banco de Chile ante una consulta de El Mostrador.
¿Por qué se reabrió la causa?
La corte española detalló que el Banco de Chile tiene que reservar la suma de 103 millones para cubrir el posible pago que las víctimas del régimen de Pinochet están demandando. Sin embargo, el juez que lidera la causa aún no ha ordenado al banco a pagar este dinero. La cifra se basa en las conclusiones del enjuiciamiento público de 2009 después de investigar el posible lavado de dinero por parte de Augusto Pinochet.
En España, Banco de Chile es representado por la firma de abogados Cautrecasas, una de las más grandes del país.
El abogado representante de los demandantes en España, Joan Garcés dijo a The New York Times que si el banco se rehúsa a cooperar con la investigación, el siguiente paso sería que el Poder Judicial de ese país haga uso de acuerdos bilaterales para forzar a los persecutores de otros países a congelar los activos del banco.
De acuerdo a su última presentación en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el año pasado, Banco de Chile tenía depósitos en 12 países entre los que se cuentan Francia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Suecia y Países Bajos.
