La excandidata presidencial fue señalada por la Fiscalía como supuesto “brazo político” de una red de lavado de dinero liderada por Joaquín Ramírez, exsecretario general de su partido, Fuerza Popular.
antilavadodedinero / Telam/menozatoday
La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori volvió a quedar esta semana bajo los reflectores, al ser mencionada por la Fiscalía como supuesto “brazo político” de una red de lavado de activos liderada por Joaquín Ramírez, exsecretario general de su partido, Fuerza Popular (FP).
Según la tesis fiscal, parte del dinero acumulado ilícitamente por Ramírez y sus socios fue destinado a FP para que ese partido, el más grande de Perú, acumulara poder político y “blindara” políticamente a la organización, de cuya fortuna se sospecha que tiene origen en el narcotráfico.
“El problema no era entonces político, sino moral. Quizás no entendíamos bien a qué nos estábamos enfrentando”, comentó el analista Ramiro Escobar.
La supuesta vinculación de Fujimori y FP con el caso ocupó titulares de prensa después de que la Fiscalía Supranacional Especializada en Lavado de Activos desarrollara el martes una gigantesca operación de allanamientos simultáneos contra propiedades de Ramírez, excongresista y actual alcalde de la ciudad andina de Cajamarca.
A Ramírez se le intervinieron 214 activos, incluidos edificios, condominios, avionetas y automóviles, todo por valor de unos 1.000 millones de dólares, cerca de la mitad de la fortuna que se atribuye al político y empresario, un hombre de origen humilde que en su juventud era cobrador de pasajes en colectivos.
Parte del dinero sospechoso sirvió, según las pesquisas, para financiar la campaña presidencial de Fujimori en 2016, cuando fue derrotada por estrecho margen por Pedro Pablo Kuczynski. En ese entonces, el ahora señalado por lavado de activos era secretario general de FP.
Ramírez, administrador de empresas de 53 años, tuvo un vertiginoso ascenso dentro de FP, partido por el que fue elegido congresista en 2011. Desde el comienzo se conoció que era el poseedor de una millonaria fortuna, la que atribuyó a su participación en distintos negocios, en especial la universidad privada Alas Peruanas.
Las sospechas por la riqueza del dirigente se agudizaron más hacia 2016, cuando un expiloto peruano vinculado a la fuerza antidrogas de Estados Unidos, la DEA, afirmó públicamente que Ramírez estaba en la mira de esa institución por supuesta participación en el tráfico de drogas.
En medio de los señalamientos, el ahora alcalde por un movimiento regional independiente se retiró de FP, partido que esta semana, a raíz de los allanamientos y de los señalamientos fiscales, insistió en que no tiene vínculo alguno con él y por tanto no puede ser involucrado en el tema.
Para la Fiscalía, empero, parece claro que Ramírez también lavó parte de sus activos a través de FP, en especial a través de la propia Fujimori y de su principal asesor de partido, Pier Figari.
Alas Peruanas, cuya licencia fue denegada en 2021 por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria por no reunir exigencias mínimas de calidad, fue originalmente propiedad de una cooperativa de militares en retiro- en especial de la Fuerza Aérea, lo que explica su nombre-, pero adquirió fuerte presencia con el ingreso como socio mayoritario de Fidel Ramírez, tío de Joaquín fallecido en 2019.
Según lo documentado por la Fiscalía, Alas Peruanas fue usada como disfraz para encubrir los millonarios ingresos de la familia Ramírez. Ahora se ha establecido que también otras varias empresas cumplieron supuestamente esa función, incluida una cadena de venta de nafta.
La Fiscalía mencionó con nombre propio a 14 supuestos integrantes del “brazo comercial” de la organización, entre ellos el propio alcalde cajamarquino, su esposa, sus dos hijas y su hermano, el también excongresista por FP Osías Ramírez.
Joaquín y sus hijas Maribel y Nancy formaban el “brazo dirigencial”, indicaron fuentes del Ministerio Público.
Ante las nuevas acciones fiscales, el político insistió en su discurso de que es objeto de una venganza de parte de quienes no le perdonan que sea una persona de origen humilde que se ha construido una fortuna con base en trabajo.
“El que no la debe no la teme”, remarcó.
Fujimori, entretanto, ha guardado silencio, pero su partido ha negado cualquier vínculo con Ramírez, mientras que su abogada, Giuliana Loza, ha hecho énfasis en que la excandidata no ha sido incluida en ninguna investigación formal de la DEA.
La líder de FP, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori y quien perdió por estrechas diferencias en segunda vuelta las elecciones presidenciales de 2011 (con Ollanta Humala), de 2016 (con Kuczynski) y de 2021 (con Pedro Castillo), es investigada desde hace años por supuestas campañas de lavado derivadas de financiamientos ilícitos.
En esos casos, por los que la Fiscalía pide 30 años de cárcel, se le acusa de lavar fondos aportados entre otros por el Banco de Crédito, el mayor de Perú, y por la constructora brasileña Odebrecht. La excandidata incluso estuvo cerca de un año en prisión preventiva.
A pesar de no haber llegado a la presidencia, Fujimori, de 47 años, es considerada una de las políticas más poderosas del país y los analistas la señalan como orquestadora principal de la ofensiva opositora contra Kuczynski, quien renunció en 2018, y contra Castillo, destituido en diciembre pasado.
Las investigaciones fiscales han encontrado vínculos sospechosos entre la organización de Ramírez y la líder de derecha, entre ellos la compraventa de inmuebles a precios sobrevalorados en favor de Fujimori y de su ahora exesposo, el estadounidense Mark Vito Villanella.
Las acciones contra Ramírez y su organización y los tentáculos que alcanzan a Fujimori y FP han remecido a la política peruana, en un marco en que sectores de derecha insisten en una nueva postulación de su líder en las próximas elecciones, previstas para 2026 pero sobre las que hay un insistente clamor de que sean adelantadas a por lo menos 2024.
En ese contexto, los analistas también llamaron la atención en un posible primer agrietamiento entre FP y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, de quien ese partido se ha convertido en soporte.
“Instruya a sus ministros”, le exigió la organización fujimorista a Boluarte, en referencia al titular del Interior, Vicente Romero, quien hizo eco de las acciones fiscales contra Ramírez y la describió como una de las dos mayores operaciones de ese tipo en la historia peruana. Indicó, Gonzalo Ruiz Tovar de la agencia Télam.
