La Audiencia Nacional ha pedido al juzgado de instrucción nº 4 de Huelva que le remita en formato digital la documentación relativa a la presunta estafa piramidal de criptomonedas de la plataforma Nimbus, después de que el juzgado onubense se inhibiera al entender que no era su competencia.
Antilavadodedinero / cincodias
En un auto fechado el pasado 5 de mayo, el juzgado central de instrucción nº 6 respondía así a la solicitud del magistrado provincial, que comenzó a investigar a Nimbus a raíz de una denuncia presentada por Aranguez Abogados en nombre de 150 afectados, aunque el total podría superar los 4.000. El perjuicio económico, según un informe forense de la Guardia Civil, asciende a 135,8 millones de euros.
Lo que empezó a investigar el juzgado de Huelva es si Nimbus, en vez de comprar y vender criptoactivos, en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera, sino que se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes, como asegura la denuncia.
Como denunciados figuran Andrea Zanon, que entre 2009 y 2016 fue responsable del área de riesgos del Banco Mundial, y Javier García Madruga, director comercial de la empresa; la denuncia se amplía a todas las personas físicas y jurídicas que sean responsables de los hechos denunciados, ya que hay indicios de que contaron con la colaboración de programadores informáticos, expertos en finanzas y asesores de marketing.
La operativa de Nimbus, explica la denuncia, podría ser constitutiva de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
Fundada en Malta en enero de 2020, en enero de ese año dejó de hacer frente a sus compromisos de pago, y un mes después la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó de que se trataba de un «chiringuito financiero», no autorizado para prestar servicios de inversión.
En un comunicado, Nimbus se defiende alegando que está completamente operativa, y que «no es, ni nunca fue una plataforma de servicios de inversión»; su actividad se centra en finanzas descentralizadas (DEFI) basados en contratos inteligentes (smart contracts) o cadenas de bloques (blockchain), explica.
Asimismo, rechaza estar involucrada en fraude alguno, y recuerda que Andrea Zanon dejó de colaborar con la plataforma en junio de 2020; por todo ello, Nimbus ha presentado ante la Fiscalía de Madrid una denuncia contra el abogado Carlos Aranguez, al que atribuyen un delito de estafa al intentar «atraer clientes a su despacho en base a una supuesta acción judicial».
Nimbus ofrecía realizar operaciones con criptomonedas sin opción de sufrir pérdidas, y garantizaba retornos de entre el 7 % y el 15 % mensuales; una vez captados inversores, se les instaba a buscar nuevos interesados, mediante un sistema de recompensas.
