A días de un fallo crucial por la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner recibió un respiro judicial en la causa “Ruta del Dinero K”, que investiga el presunto lavado de dinero vinculado al empresario Lázaro Báez. En un fallo unipersonal, el juez de la Cámara Federal, Eduardo Farah, ratificó la continuidad de Guillermo Marijuán como fiscal de la causa, un caso que lleva más de una década y que ha sido clave en las disputas judiciales y políticas en Argentina
El fallo que resalta la imparcialidad del fiscal
La Cámara Federal tomó esta decisión en respuesta a un recurso de «queja» presentado por la ONG Bases, asociada al PRO, que había solicitado apartar a Marijuán debido a su postura favorable hacia Cristina Kirchner. La resolución no solo desestimó el pedido, sino que reforzó la idea de que para apartar a un fiscal es necesario demostrar pérdida de objetividad, lo que no se había logrado probar en este caso.
Farah dejó claro que la mera diferencia de opiniones sobre la valoración de las pruebas no es suficiente para justificar la remoción de un fiscal, un mensaje contundente que ratifica la independencia del Poder Judicial en el país.
La causa “Ruta del Dinero K” y la exculpación de Cristina Kirchner
La causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con Báez, uno de los hombres más cercanos al fallecido Néstor Kirchner. En las últimas decisiones judiciales, Marijuán había insistido en que no existían pruebas suficientes para procesar a Cristina Kirchner, lo que desató críticas de sectores opositores. Sin embargo, a pesar de los intentos de la ONG Bases de revertir este dictamen, los tribunales superiores confirmaron la falta de elementos sólidos para acusar a la expresidenta.
Tensión entre la política y la justicia
Este fallo llega en una semana decisiva para Cristina Kirchner, que enfrenta la posibilidad de una condena definitiva en la causa Vialidad. En ese contexto, la ratificación de Marijuán genera un contraste importante, ya que la causa «Ruta del Dinero K» había sido presentada como un frente de batalla judicial contra la exmandataria. La continuidad de Marijuán subraya las tensiones políticas que influyen en las decisiones judiciales y reitera la lucha por la independencia del sistema judicial.
Críticas a la ONG Bases
La ONG Bases ha sido ampliamente criticada por Marijuán, quien la calificó de “oportunista” debido a su intervención tardía en el proceso. Según el fiscal, la organización nunca participó activamente durante los primeros años de la causa y solo comenzó a presentar recursos cuando los fallos comenzaron a favorecer a la expresidenta. Además, la vinculación de Bases con el PRO agrega una capa política al debate judicial.
La falta de pruebas directas en la Causa Vialidad
Por otra parte, uno de los puntos más críticos de la causa Vialidad es la falta de pruebas directas que vinculen a Cristina Fernández de Kirchner con las acusaciones. Si bien la acusación se centra en la supuesta adjudicación irregular de obras públicas a Lázaro Báez, gran parte de la argumentación se basa en indicios y no en pruebas fehacientes.
El principal elemento de la acusación ha sido el supuesto sobreprecio en las obras, pero los peritajes realizados en el juicio han dado resultados contradictorios. Los tres peritos convocados no lograron ponerse de acuerdo en la metodología para calcular los costos y presentaron cifras dispares, lo que deja en evidencia la debilidad del caso. La periodista Sofía Caram resalta que los jueces, en lugar de apoyarse en datos sólidos, interpretaron estos resultados sin un fundamento claro, lo que pone en duda la validez de una condena construida más sobre suposiciones que sobre pruebas irrefutables.
La clase pública: una estrategia de denuncia contra el «lawfare»
El miércoles próximo, organizaciones sociales y figuras políticas cercanas a Cristina Kirchner convocarán a una clase pública titulada «CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare». Este evento tiene como objetivo denunciar lo que los convocantes consideran un proceso judicial espurio contra la ex presidenta, al que califican de «lawfare», una estrategia judicial que, según afirman, busca deslegitimar a la oposición política utilizando el poder judicial.
Entre los oradores se encuentran figuras como el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y la periodista brasileña Manuela Dávila, quienes participarán para destacar lo que consideran una persecución política contra Kirchner. La actividad se llevará a cabo frente a los tribunales federales de Comodoro Py y en otros puntos del país, buscando visibilizar lo que los organizadores consideran un intento de proscripción política que busca bloquear el retorno de la ex presidenta al poder. Esta movilización es solo un capítulo más de las tensiones políticas que envuelven a la causa Vialidad y que muestran cómo la justicia se entrelaza con la arena política del país.
