La “transición a la democracia”, sin haberse purgado de las cultura, instituciones y práctica autoritarias, se convirtió en la matriz de la actual politiquería partidocrática, cuando más imperiosa era la necesidad de política, liderazgos y partidos republicanos y democráticos.
Antilavadodedinero / Independiente
A tal deterioro de la “transición a la democracia”, carente todavía del concepto adecuado, Mario Vargas Llosa denomina cleptonarcocracia: el desgobierno de los corruptos, narcotraficantes y lavadores, que, sintetizando, se caracteriza por la pudrición politiquera y partidocrática del ideal político de la sociedad abierta (Popper), que impide realizar la condición humana (Arendt), agravado todo por la ausencia de hasta de la menor partícula de la ética de la responsabilidad política (Weber).
Derrocada la dictadura, en mayo de 1989 el coloradismo de nuevo oficialista convirtió en presidente al general Andrés Rodríguez ––jefe del golpe militar que lo depuso––, tras “elecciones libres pero no limpias”, como con cinismo reconoció entonces el nuevo mandatario.Éste, por décadas había sido el principal sostén militar del dictador y, con él, corresponsable principal de haber convertido al Paraguay en el primer centro regional del naciente crimen organizado del tráfico internacional, pero de heroína, el de fines de la década de 1960.
Muy pronto ocuparía su lugar la marihuana, aquí producida y de muy buena calidad, a la cual en breve se sumaría la cocaína producida en las cejas de selva de varios países andinos sudamericanos.Tras la promulgación de la Constitución de 1992, a partir de 1993 se inició, pero solo con formalidad votacionista, y por primera vez hasta ahora, la alternancia en el Palacio de López, incluso para el periodo presidencial 2008-2013 gracias a una débil y efímera alianza opositora.
Camino al 2008 la fractura de la ANR en el gobierno fue aprovechada por un brote aquí del emergente socialismo siglo XXI chavista y el PLRA. Por primera vez desde 1940 el gobierno pasó a manos de opositores: el presidente Fernando Lugo (un controvertido exobispo católico) y el vicepresidente liberal Federico Franco.
Los colorados tuvieron que respetar el resultado de las urnas, libres y limpias, que resultó en un gobierno sin fortaleza cívica y carente de un proyecto de real gobernabilidad democrática.La “unidad” opositora, apenas anticolorada, concluyó abruptamente en 2012, cuando parlamentarios liberales y colorados, por primera vez en sus más que centenarias luchas por el poder, se aliaron para realizar el juicio político constitucional que destituyó a Lugo en el marco de una grave crisis política neutralizada con la lógica del poder, que en el parlamento sumó los votos de senadores y diputados de la ANR y el PLRA.
El breve mandato del vicepresidente Franco y la presidencia previa de Lugo, sirvieron apenas para que las mieles del poder empalagaran también a los opositores convertidos en oficialistas. En ese quinquenio se “democratizó”, lamentablmente, la corrupción politiquero y partidocrática, con nuevos, voraces y provisorios comensales. Los votos que no eligen, desde 1992 siempre son legalizados por un partidocrático Supremo Tribunal de Justicia Electoral (STJE), encabezado por tres ministros, un colorado, otro liberal y el representante de una tercera fuerza menor pero con presencia en el congreso.
El TSJE, con burocracia y presupuesto inmensos, excepto en lo relativo al periodo mencionado, hasta hoy no hizo sino certificar lo obvio: la victoria de la maquinaria clientelística y prebendaria colorada, prima hermana del PRI mexicano.El TSJE, y en el ámbito jurídico, el Poder Judicial (PJ) y la FG/MP, jamás cuestionaron las sucesivas votaciones y candidatos financiados cada vez más por el poder real en Paraguay, por entonces ya la cleptonarcocracia.
De lejos el principal financista de candidatos y candidaturas para cargos electivos nacionales es Cartes, dueño de la ANR, no por el terror de Estado, como hizo Stroessner, pero semejante a él en cuanto a alentar la corrupción con su ejemplo de “empresario” exitoso, que después de 1989 no es solo estatal y local, sino sobre todo la del crimen organizado.En 2002, el académico Aníbal Miranda se ocupó de la transformación como mafia estatal del coloradismo, pre y posdictatorial, en su libro Partido Colorado: la máxima organización mafiosa.
Sus páginas explican la descomposición politiquero y partidocrática de la ANR que se perfecciona como tal bajo el dictatorial stroessnerismo con el transfondo de la predominante cultura autoritaria nacional. La corrosión cívica de ese importante partido, contagió de manera sucesiva a las demás organizaciones partidarias.
En un país sometido al crimen organizado del lavado de dinero, se volvió incontrolable el financiamiento extrapartidario de líderes y organizaciones “electoralistas”.Las muy graves anomalías constitucionales descritas son el resultado del proceso político local que está en manos (i) de una muy densa trama de corruptos públicos y privados, enriquecidos vía contratos leoninos con el Estado, núcleo de la corrupción institucionalizada, empezando por el macrocontrabando, el de exportación de cigarrillos de Tabesa (Tabacalera del Este S. A.), la gallina de huevos de oro de Cartes, que abastece al menos el 10 % del consumo ilegal de tabaco en el planeta, y que en su mayoría ingresan a Brasil y salen de ahí por las rutas del narcotráfico que controlan el PCC y otras organizaciones criminales de ese país, sin olvidar el también masivo contrabando de importación de delikatessen, electrónica, armas, tecnología de punta y bienes de consumo en general, casi todos “reexportados” de hecho y de inmediato a países vecinos y otros destinos; del poder fáctico del narcotráfico en crecimiento y expansión aquí; (iii) de lavadores de dinero, entre los cuales el principal y muy de lejos también es HC; y (iv) de la penetración comprobada en Ciudad del Este de células financiero-logísticas de Hizbulá.
Grave ingobernabilidad actual
En las últimas dos décadas, con casi total impunidad, el crimen organizado expandió y aumentó notoriamente su presencia en la realidad nacional. Su principal efecto fue “institucionalizar” las violaciones de la constitución y normas legales modernizando y complejizando la stroessnerista “ley del mbareté”.
Esta norma suprema de hecho, la de los poderes fácticos, era patrimonio de los neocolorados del autoritarismo, mientras que hoy está sobre todo al servicio de los jefes del crimen organizado local y foráneo.
La justicia y la fiscalía no son independientes de ellos, tampoco de los caciques cartistas del coloradismo y de los politiqueros en general, incluyendo a opositores corruptos.La trama de intereses criminales impera en poderes del Estado y el aparato estatal, y, convertida en epidemia nacional penetró en la sociedad, la economía y la política.
Su base partidocrática principal la componen el coloradismo cartista, hoy al frente del PC/ANR, y de los infiltrados que tiene en otros partidos y liderazgos adictos a los dólares de la monumental lavandería de HC. Gracias a ella Cartes financia a innumerables operadores politiqueros, colorados sobre todo, sin olvidar a partidócratas opositores.
En su casi interminable nómina de pagos, con excepciones como la de Pecci, se encuentran altos funcionarios de las más importantes instituciones nacionales del país: i) las jurídico-políticas (PJ, FG y Consejo de Magistratura); ii) el Banco Central; iii) los entes administrativos y estatales: aduanas, aeropuertos, controles fronterizos, etc.; iii) el Poder Legislativo: mayoría cartistacolorada en diputados a la que se suman algunos “opositores”, y también con presencia en el senado); iv) los mandos militares y policiales, y hasta 2018 también las agencias antidrogas y antilavado: Senad (Secretaría de Nacional Antidrogas) y Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes); y v) los gobiernos departamentales y municipales.
El “ogro filantrópico”, como tiempo atrás bautizó Octavio Paz al gigantesco estatalismo latinoamericano y caribeño, viciado e ineficiente en extremo, aquí se transformó en el monstruo del crimen organizado, que pretende convertir al Paraguay en su centro geocriminal sudamericano.
Por eso estimula la actual ingobernabilidad paraguaya, a la cual alimenta para hacerla estallar. Por ejemplo degradando todavía más el pésimo funcionamiento del aparato de Estado.Un ejemplo último de la superlativa inoperancia gubernamental es el asesinato del fiscal Pecci, facilitado objetivamente gracias a su viaje de boda a Colombia, sin la menor seguridad.
La FG/MP, al igual que casi todo el aparato de Estado, carecía del imprescindible protocolo para proteger a sus funcionarios y ni qué decir al principal y más eficiente. Por tanto, la fiscala general Quiñónez no coordinó con la embajada colombiana en Asunción, para solicitar a Bogotá, su parecer respecto de la conveniencia o no del periplo, que de ser aprobado habría empezado preparando la imprescindible protección de sus fuerzas de inteligencia y seguridad en ese país, antes ya que los esposos Pecci llegasen a destino. No fue así.
Es más, familiares, amigos y colegas de los novios próximos a contraer nupcias, conocían todo lo relacionado con la luna de miel. Y la desprevenida pareja, hiperconectada en las redes, incluso informaba, y con lujo de detalles lo concerniente a ella. Ya en destino siguieron compartiendo mensajes e imágenes, hasta el segundo antes de la tragedia.
En el contexto de acelerada penetración y afianzamiento del crimen organizado en Paraguay, Washington (cansado de que sus investigaciones al respecto quedasen solo en papeles y ordenadores oficiales locales) en los últimos dos lustros mejoró aquí la aplicación de sus políticas públicas anticrimen organizado, en cuanto a especialistas, inteligencia, recursos y demás. De hecho, agentes de EUA y la UE, con Abdo en palacio presidencial, empezaron a dirigir y ejecutar aquí, con sus pares locales, las políticas de seguridad en la materia, en el marco de convenios y tratados binacionales y multilaterales, con resultados cada vez más exitosos.
Un ejemplo es el exitoso operativo A ultranza Paraguay, iniciado públicamente meses atrás y que todavía prosigue. El presidente Abdo, como sus antecesores de la transición, en materia de “corrupción cero” solo quedó en la palabra. Impulsó, por el contrario, la sustancial colaboración de la DEA y organismos de inteligencia, judiciales, fiscales y del tesoro de la “república imperial”, como con acierto denominó Raymond Aron a los EUA, en la segunda mitad fines de la centuria anterior.
Otro logro de la errática, torpe y corrupta administración de Abdo Benítez (2018-2023) es el no haberse sometido a Cartes, desde las maniobras reeleccionistas de este al final de su periodo (2013-2018), hasta llegar a la coyuntura actual, en la que respalda al tan criticado Velázquez desde el Palacio de López, camino a la coyuntura votacionista próxima.
Con vaivenes poliriquero-partidocráticas, Abdo es el único intento relativo de contrapeso al poder de HC en la “organización mafiosa”, el coloradismo. Los debilitados y desprestigiados partidos y liderazgos opositores, aún no son alternativa democrática de gobernabilidad.
Cartes, de hecho propietario, no solo tendota (caudillo, en idioma guaraní nativo) de la mitad del coloradismo actual, busca en Peña al mascarón de proa que disfrace su regreso enmascarado al poder en el Paraguay. Tiene imperiosa necesidad de que el próximo inquilino del Palacio de López sea un instrumento suyo:
A su manera HC ensaya la maniobra de CFK en Argentina, cuando en 2019 ungió presidente títere de ella a Alberto Fernández.La obsesión de HC por el poder político, se debe al pánico que le genera el síndrome del uniforme naranja, el de los condenados por la justicia norteamericana bajo cargos de haber perpetrado muy graves delitos propios del crimen organizado, y quienes son recluidos en prisiones federales de máxima seguridad, sin olvidar la incautación y decomiso de la ingente riqueza que acumularon.
Cree que podrá salvarse del riesgo de enfrentar, en algún momento venidero, una posible extradición suya a EUA. Para ello necesita feudalizar el Paraguay, “institucionalizando” la cleptonarcocracia en la que será un poder, criminal, por cierto.Tan intensos y extensos son los vínculos de HC con el crimen organizado (aparentemente sin ser narcotraficante) que es el único “preso” del mundo encerrado en una celda, pero con 406.752 km2, la superficie total del país.
Ocurre que Cartes (después del escándalo de haber brindado protección presidencial, nacionalizando ilegalmente aquí a su “hermano del alma”, Darío Messer, ex principal doleiro o lavador del Brasil, purgando hoy allí una condena negociada en el marco de la figura jurídica de delación premiada) lleva cerca de tres años sin viajar al exterior.
No por falta de modernos aviones.Tiene terror a que en el exterior la Interpol lo detenga por un pedido de captura internacional emanada de alguna o varias potencias mundiales. HC se convirtió así en un paria planetario. Ni siquiera puede viajar a Israel, como lo hacía siendo primer ministro Benjamín Netanyahu, quien apenas abandonó el gobierno de su país al fin fue sometido a juicio bajo muy graves cargos de corrupción y abuso de poder.
El mismo papa Francisco (afecto a mandatarios populistas, autoritarios y totalitarios) también en los últimos años se vio obligado a cerrarle las puertas del Vaticano, que tantas veces traspuso Cartes con familiares y miembros de su “Corte de los Milagros”, para ser bendecido urbi et orbi por el pontífice católico.
