En Colombia, las masacres se cuentan en fosas comunes. Nosotros no tenemos fosas comunes, pero nuestros muertos y nuestros desaparecidos viven bajo las espumas de este mar Caribe”. El relato lo hizo una mujer a la Comisión de la Verdad, que abordó en uno de sus capítulos la forma en la que la violencia afectó, aunque poco se hable de ello, a la Isla de San Andrés. Colombia.
Así, si bien allí no hubo un conflicto “de la forma directa” que se vivió en la Colombia continental, contó a este diario Walt Hayes, consejero de la comunidad raizal de San Andrés, sus consecuencias sí llegaron: el tráfico de armas, de drogas y el reclutamiento de jóvenes para estos propósitos son delitos cuyos resultados se siguen viviendo aún y uno de estos, la desaparición forzada, comenzará a ser abordado por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), que el 20 de octubre tendrá en el archipiélago un espacio de trabajo para comenzar el relacionamiento y recibir solicitudes de búsqueda de personas.
Reconstruir la historia de la desaparición forzada en la zona insular parte de reconocer las formas en las que el conflicto armado se manifestó allí, expuso Ella Cecilia del Castillo, vocera de la UBPD para este tema: “San Andrés y Providencia han sido territorios donde se ha concebido que no hubo presencia del conflicto, pero es que eso no se evidencia en las playas, pero los factores subyacentes del conflicto armado, los factores que financian esto, tienen todo que ver, y esas condiciones dan lugar a la desaparición”.
Encuentro, que se realizó en mayo de 2022, la Comisión de la Verdad escuchó testimonios sobre hechos, impactos y resistencias de víctimas en el marco del conflicto armado colombiano.
El narcotráfico
Según recogió la Comisión de Verdad, la década de los 80 fue de profundas transformaciones para el territorio del archipiélago, pues comenzó la construcción de complejos de apartamentos y hoteles que hicieron parte de las formas en las que estructuras asociadas al narcotráfico iniciaron su presencia en las islas.
“En los años 80, los grandes lores del narcotráfico vinieron a asentarse en las islas en cuanto a adquisición de tierras, inmuebles, inicialmente la isla no era usada en el tráfico, pero sí era un lugar de ocio de los capos”, recuerda Hayes.
Luego, en los 90, el auge de los grandes carteles de droga llegó a San Andrés “con el lavado de grandes capitales provenientes del narcotráfico y con el transporte de droga vía aérea y marítima”, dice el informe de la Comisión de la Verdad, y cuando cayeron los carteles, en esa misma década, los paramilitares asumieron “el control de puertos y puntos de salida de embarcaciones en la región Caribe colombiana, lo que les asegura el control de embarques de drogas con destino al mercado internacional”.
La operación fue desarrollada de manera conjunta entre la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y agencias de inteligencia de países aliados.
La investigación añade que las Farc, aunque no ejercieron soberanía marítima, también usaron aguas del archipiélago para traer armas desde Centroamérica; y con la desmovilización de las Auc, entre el 2003 y el 2006, y el inicio de grupos posdesmovilización, “la lucha por la dominación armada y la conformación de estructuras con presencia en las islas dispararon las cifras de violencia y hechos victimizantes hasta la actualidad”, señala la Comisión.
En resumen, las islas se convirtieron en enclaves estratégicos para estructuras armadas ilegales, que las usaron como un canal para el paso de droga, de armas, para el lavado de dinero y como una zona de tránsito de dineros y armamento del extranjero que entraban a Colombia a fortalecer la confrontación armada.
“Varias fueron las organizaciones que se rotaron el control de estas rutas, en una especie de ‘outsourcing criminal’ que vinculó a la población raizal y logró mantener en silencio la manera en que el archipiélago se venía enlazando con las dinámicas del conflicto colombiano”, indica el informe de la Comisión de la Verdad.
Ilegales en la Isla
Es por esto que el consejero raizal Hayes afirma: “En un momento dado casi todos los grupos estuvieron presentes acá, sin que hubiera un grafiti o una pancarta, clandestinamente estuvieron presentes de una u otra manera”.
Tanto estuvo ligado a esto el narcotráfico, añade, que “en las cifras de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se puede ver la gran cantidad de bienes decomisados en la isla”.
Un balance de la SAE, que administra los bienes decomisados a la mafia, señalaba que en la isla se administraban, con corte a octubre de 2021, 158 bienes inmuebles, de los cuales 14 ya habían sido declarados extintos, y había otros 144 en proceso. En total, los bienes tenían un avalúo de 22.636’904.000 pesos.
El mar cristalino del archipiélago de San Andrés y Providencia está omnipresente en la última entrega de esta serie de EL TIEMPO y la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
