La lucha contra la corrupción no parece tener fin. Prácticamente a diario salen a relucir nuevos casos que corroboran que las riquezas de muchos países fueron sustraídas de sus arcas, para ser llevadas a diversas cuentas privadas en paraísos fiscales, contándose en miles de millones de dólares la suma de dinero que muchos bandidos de cuello blanco han logrado sustraer.
Incluso, el Índice de Percepción de la Corrupción presentado este año por Transparencia Internacional, destaca precisamente que la mayoría de los países están han tenido un vago progreso en la erradicación de este mal o simplemente han conseguido cero resultados.
El índice, que clasifica a 180 países y territorios según los niveles percibidos de corrupción en el sector público según expertos y empresarios, utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio. Este año, el índice encontró que más de dos tercios de los países puntúan por debajo de 50, con un puntaje promedio de 43. Desafortunadamente, en comparación con los últimos años, este bajo desempeño no es nada nuevo.
Siria, Sudán del Sur y Somalia se ubican en el puesto más bajo con puntuaciones de 14, 12 y 9 respectivamente. La región con mejor desempeño es Europa occidental con un puntaje promedio de 66. Mientras que las peores puntuadas fueron África subsahariana, Europa del Este, Asia Central y Latinoamérica.
Para el abogado penalista, magistrado, especialista en delincuencia organizada, récord Guinness en prevención de crimen organizado, editor del portal Antilavado de Dinero y autor del libro «Así se lava dinero en Venezuela», Alejandro Rebolledo, estos datos evidencian que la corrupción está arrastrando a gobiernos completos en la región.
“La gravedad de la corrupción es realmente impactante, cuando no solo hemos visto que bajo el punto de vista público tiene grandes precedentes sino además en el sector privado. Por ejemplo en el caso de Odebrecht como arrastra a varios presidentes de la República y altos funcionarios de la región”, dice.
Las tonalidades rojas muestran los niveles de corrupción en el mundo, en los gráficos de Transparencia Internacional Métodos más utilizados
No obstante, casos como los de la constructora brasileña son apenas la punta del iceberg en cuanto a los sistemas mayormente utilizados para corromper a las instituciones públicas.
Y es que las empresas de construcción ya no son objeto de ser utilizadas en procesos de corrupción, sino que ahora son sociedades, firmas que prestan servicios a la administración, cuyos contratos son adjudicados a través del soborno o de la prevaricación. Para, a continuación, recibir mordidas constantes de cada servicio prestado, con el consiguiente sobre coste en los servicios adjudicados, explica el perito judicial, especializado en blanqueo de capitales y financiación al terrorismo y miembro de la Asociación Española de los Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales (Aseblac) y de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global (Ciseg) Juan Carlos Galindo.
Afirma que todo esto termina en procesos de lavado de dinero producto de la corrupción pública, “ya que la cantidad de dinero es tan grande, que deben de proceder a realizar procesos, a veces simples o complejos, para dar apariencia de negocio legal, ya que si no, incurrirían en un indicio claro de enriquecimiento ilícito o injustificado, debido a la no correlación de ingresos y gastos”.
El experto español destaca que también la malversación de fondos y caudales públicos son delitos propios de la corrupción, aunque cada vez menos utilizados por la mejora en las medidas de control interno en las administraciones, en cuanto al flujo de dinero interno y sus bienes.
“Habitualmente los delitos de carácter económico o de guante blanco suelen también acompañar al político o funcionario público corrupto como: delito contable, fraude fiscal, frustración de la ejecución, soborno, chantaje, extorsión entre otros”, añadió en entrevista con Antilavado de Dinero.
En ese sentido, Rebolledo enfatiza que el atraso sociocultural de la población es uno de los grandes elementos que llevan al progreso de este delito, en virtud de que, mientras más vulnerables sean los administrados, en esa medida será impune este crimen, bien por el desconocimiento en su práctica, o porque no existan los controles necesarios para determinar la actividad o modalidad en la que se presenta esta acción.
“Por otro lado, debe considerarse a un estado corrupto, como moralmente incapaz. Esta afirmación tiene su fundamento precisamente en la consecuencia anterior, toda vez que, si las personas desconocen las modalidades en las que se presenta la corrupción, así como los controles para evitarla, entonces se acepta moralmente, y los individuos empiezan a considerar normal esta conducta, al extremo de su tolerancia, la cual comienza desde sus bases y con simples actos de corrupción, hasta irse asentando y llegar a niveles muy superiores”, apunta.
Un claro ejemplo de lo dicho por el especialista en crimen organizado Rebolledo es Perú. Allí es difícil medir los niveles de corrupción pero, según la percepción de la población y los últimos casos conocidos, el tema es muy grave. Existiendo una sensación de que este flagelo se convirtió en el principal problema del país andino. Además, hay un desaliento de las personas frente a la posibilidad de que se pueda cambiar la situación en los próximos años.
No obstante, lo peor es que la gente tiene temor respecto al tema. Cuando se consulta a personas víctimas de corrupción, se observa que 9 de cada 10 no presentan la denuncia, según datos de la organización peruana Proética.
Lo primero que dicen es “que no quiero más problemas”, o refieren que si denuncian “no pasará nada, no habrá resultados”. Y no es para menos.
Fujimori y Montesinos protagonizaron el caso de corrupción más grande que se ha visto en la historia de Perú Los daños
Perú fue protagonista de uno de los mayores casos de corrupción en la región: el llamado «caso Fujimori-Montesinos», en el que una red corrupta capturó literalmente el Estado y lo puso al servicio de sus intereses criminales durante una década.
Durante ese período, se saquearon los recursos públicos. No hay una cifra exacta, pero los cálculos más conservadores señalan un desvío de fondos que supera los US$ 600 millones de dólares. Con este dinero bien aplicado, decenas de miles de peruanos pudieron haber salido de la pobreza extrema y muchos de los problemas sociales básicos en educación, salubridad y nutrición pudieron haberse resuelto.
Sin embargo, las consecuencias inmateriales han sido tan o más graves que las materiales. Pasados más de 17 años de la caída del régimen fujimorista, instituciones públicas clave, aún no se recuperan del impacto negativo.La debilidad y disfuncionalidad de la policía, el Congreso de la República, el Poder Judicial, el sistema educativo o de salud pública, los gobiernos locales y regionales, entre otros, es evidente, hasta el punto de que pese al tiempo transcurrido la nación andina se debate aún en medio de una corrupción extendida.
A nivel regional, probablemente el caso que más ha impactado a los países latinoamericanos es el llamado «Lava Jato». Una sofisticada trama corrupta que, partiendo de Brasil, tuvo consecuencias devastadoras en 12 países de América Latina y dos de África.
Prácticas colusivas entre las empresas constructoras más grandes de Brasil (que incluye a todas las empresas emblemáticas) y servidores públicos de muy alto nivel, generaron pagos de sobornos sistemáticos a funcionarios y políticos, así como el financiamiento de campañas políticas, a cambio de la entrega de grandes obras de infraestructura que luego serían extremadamente sobrevaluadas.
El esquema fue exportado a la mayoría de los territorios de la región con las mismas características: pagos de sobornos y financiamiento de campañas y movilización de cientos de millones de dólares a través de esquemas sofisticados.
Como consecuencia de este caso, están presos y/o investigados varios ex presidentes, vicepresidentes, ministros, altos funcionarios y empresarios emblemáticos de Latinoamérica. Decenas de miles de personas se han quedado sin trabajo, y miles de millones de dólares han sido desviados para el beneficio de los corruptos. Se ha creado una crisis económica, política y social sin precedentes.
Otro caso notorio es el de Venezuela, donde se ha evidenciado la relación del Ejecutivo con organizaciones criminales. En el país caribeño se ha instaurado el autoritarismo desde la llegada al poder de la llamada “revolución bolivariana”, hoy dirigida por el presidente Nicolás Maduro.
La falta de autonomía en los poderes venezolanos es tal que el Ejecutivo tiene bajo su control a los organismos Judicial, Electoral y Ciudadano. Contando además con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de una Asamblea Nacional Constituyente abiertamente oficialista, que se ha formado ante la necesidad del mandatario de retomar el dominio del Legislativo, tras la derrota electoral sufrida en diciembre de 2015.
Pero mucho antes de esto, en 2008, Estados Unidos había acusado al general y exministro Henry Rangel Silva, quien hoy funge como gobernador oficialista del estado Trujillo, de apoyar el tráfico de drogas.
A ello se unen otras evidencias como las declaraciones del capo narcotraficante de origen sirio Walid Makled, quien aseguró tener documentos y grabaciones que involucran a 15 altos mandos de la Fuerza Armada Nacional, así como a varias autoridades civiles.
Por ello no es casual que, según la ONU, Venezuela sea a la fecha el corredor por donde pasa la mitad de la droga destinada a Europa. Y esta conversión de la nación petrolera en un Estado mafioso le ha costado a sus ciudadanos la pérdida de unos 800 millardos de dólares, de acuerdo a las cifras de Rebolledo.
“El monto es global y no de los últimos años. Calculamos que son más de 800 millardos de dólares los que se han lavado en Venezuela en los 18 años del gobierno a través de Pdvsa y sus filiales, mediante sobrefacturaciones y subfacturaciones a empresas fachadas con altos niveles de corrupción y lavado, en organismos como Cadivi y Cencoex, con los sistemas Simadi, Sitme, el convenio Aladi, la utilización del Sucre como moneda digital, el Arco Minero y la corrupción interna”, expone.
De acuerdo con Galindo, esta clase de casos producen un daño reputacional incalculable, un hastió y un hartazgo hacia lo público que provoca el aumento del populismo más radical, además de un coste dinerario importantísimo.
“Existen dos estudios uno por la universidad de Las Palmas que califica el costo de la corrupción en España en 40.000 millones de euros y otro por la Comisión Nacional de la Competencia que calcula el sobre coste en las contrataciones públicas de € 47.500 millones. Es decir casi € 90.000 millones sería el coste de la corrupción en España”, apunta.
La lucha contra la corrupción
El experto español sostiene que la lucha contra la corrupción debe pasar principalmente por la voluntad política, transparencia y planes de prevención del delito en la administración pública.
“¿Se imagina a una administración con códigos éticos de conducta de obligado cumplimiento, con reglamentos sancionadores (con independencia jerárquica), canales éticos de alertas de conductas contrarias (canales de denuncia) con un manual de procedimiento y un buen análisis de riesgos? ¡Qué maravilla! Y si le añadimos una buena cultura de transparencia pública con información de las agendas de empleados y políticos, sus gastos, con criterios para la elección de asesores y cargos de favor, con una buena motivación de compra en la contratación pública y sin sobre coste, ni nepotismo… ¡Un sueño, cada vez más anhelado!”, enfatiza.
En esto concuerda Rebolledo. Se basa en que la decisión de un agente de incurrir en actos de corrupción no solamente depende de la ganancia monetaria que pueda obtener, sino además del modo como la sociedad lo juzgue y la probabilidad de ser descubierto.
El especialista en crimen organizado aclara que factores como la probabilidad de que el corrupto sea atrapado no solo depende de medidas policiales, sino también de factores como la reacción de la sociedad. Es decir, si ésta guarda silencio o denuncia.
Y es que la corrupción pública se puede entender como una desviación de las actuaciones de los políticos y burócratas en relación con el comportamiento que los ciudadanos en general esperan, pero el grado en que este fenómeno se extiende está condicionado por el contexto en que la función pública se ejerce.
“Así, una sociedad educada, por ejemplo, se constituye en un escenario adverso para los corruptos, al hacer más probable que sean descubiertos y castigados. Del mismo modo, características como la efectividad del aparato judicial y su independencia son fundamentales para tratar con este problema”, resalta.
Por ello alega que para acabar con la corrupción no basta con imponer sanciones severas para quienes cometan actos de corrupción. Sino que hay que establecer políticas de control y prevención que minimicen los riesgos, aunado a la necesidad de depurar las instituciones a través de constante adiestramiento que le permitan conocer al funcionario público los riesgos, las causas y sobre todo, las consecuencias de dichos actos y su repercusión social, para así crear conciencia y un desarrollo sociocultural, que en su conjunto permita una lucha efectiva contra la corrupción.
Concluye que “cuando se sienten, en un momento determinado, con cada uno de los sectores que conforman la sociedad en cada uno de los países, para llegar a acuerdos que beneficien a todos. Cuando se den los pasos contra la corrupción, contra la impunidad y apoyo a las instituciones, es cuándo tendremos resultados para un mundo mejor”.
