Yenifer Paredes, cuñada del presidente peruano, Pedro Castillo, no acudió este lunes a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción que la investiga por presunto tráfico de influencias, informó el Ministerio Público a través de sus redes sociales.
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“Ante la inconcurrencia de Yenifer Paredes a la toma de declaración programada como parte de la investigación por presunto tráfico de influencias, el Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima dejó constancia de este hecho en presencia de la Procuraduría Anticorrupción”, escribió el Ministerio Público en Twitter.
Yenifer Paredes, quien es la hermana pequeña de la primera dama, Lilia Paredes, había sido citada por el despacho fiscal a las 9.30 hora local (14.30 GMT) de este lunes, en el marco de la investigación que se le sigue por presuntamente ofrecer una obra de saneamiento en Cajamarca, la región oriunda del mandatario.
Este caso se desprendió de un reportaje periodístico de la cadena América Televisión, que la semana pasada difundió un video en el que la cuñada de Castillo, quien ha sido criada como una hija por la pareja presidencial, dialogaba con pobladores de una comunidad del distrito de Chota, en Cajamarca, para informarles que necesitaba censarlos para construir una obra de saneamiento.
En las imágenes, Paredes, supuestamente acompañada de su hermana, aparece junto a Hugo Espino, quien es el representante legal de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., que en setiembre de 2021 ganó una licitación con el Estado por más de 3,8 millones de soles (casi un millón de dólares).
Además, el programa periodístico detalló que Espino registraba cinco visitas en Palacio de Gobierno entre los meses de agosto y noviembre del año pasado, una de ellas con Paredes y la esposa del presidente.
Por este caso, la primera dama se presentó el último viernes ante el Ministerio Público para declarar ante el fiscal Jony Peña, del sexto despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción.
Para responder ante estas acusaciones, las dos hermanas y Espino han sido citadas para el próximo miércoles por la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano.
A fines de junio, este grupo de trabajo aprobó un informe que acusa a Castillo de dirigir una presunta red criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que también se ha implicado a otros personajes vinculados con su gestión, que están prófugos de la Justicia.
El expediente, que plantea acusar constitucionalmente al jefe de Estado por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, será votado por el pleno del Congreso en una fecha aún no definida aunque, con los votos a favor de la oposición, todo apunta a que recibirá luz verde.
Castillo, quien niega tajantemente las acusaciones en su contra, está siendo investigado de manera preliminar por el mismo caso por la Fiscalía de la Nación, bajo la presunción de haber cometido los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
De acuerdo con la premisa fiscal, el gobernante encabezó la red criminal que supuestamente operó desde el Ministerio de Transportes para adjudicar obras del Estado a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y nombrar a funcionarios afines a esa tarea.
