En el siglo XXI, las organizaciones criminales ya no solo trafican drogas, armas o personas. También trafican con lo más sagrado: la fe y la confianza comunitaria. En América Latina y otras regiones del mundo, grupos criminales multinacionales han encontrado en las iglesias evangélicas, ONGs y pequeños emprendimientos locales una plataforma perfecta para lavar dinero con apariencia de legalidad y protección social.
Estimados lectores uno de los casos donde la fe estuvo al servicio del del crimen es uno de los ejemplos más impactantes, el caso del Clan del Golfo, también conocido como «Los Úsuga», una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia. Investigaciones de la Fiscalía colombiana y reportajes de medios como El Tiempo y Insight Crime han revelado que este grupo utilizaba iglesias evangélicas, ONGs y fundaciones sociales como fachadas para ingresar recursos ilícitos al sistema financiero. Las donaciones, colectas y gastos «pastorales» servían para mover grandes sumas de dinero sin despertar sospechas, aprovechando que estas entidades gozan de beneficios tributarios y menor fiscalización.
Según datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), más de 150 organizaciones religiosas y fundaciones fueron investigadas entre 2015 y 2020 por nexos con estructuras criminales, muchas de ellas asociadas con el Clan del Golfo.
Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. Un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que el lavado de dinero a nivel mundial alcanza entre el 2% y el 5% del PIB global, es decir, entre 800.000 millones y 2 billones de dólares al año. Gran parte de ese dinero circula a través de instituciones de caridad, pequeñas empresas o comercios con alta rotación de efectivo.
Este fenómeno en nuestro país estimados lectores va desde el pulpito al local de barrio, Chile no está ajeno a esta realidad. Aunque no hay casos tan mediáticos como en Colombia o México, las señales de alerta ya están encendidas. Informes de Carabineros y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) han identificado un patrón emergente: barberías, locales de manicure, centros estéticos y minimarkets se utilizan como vehículos para blanquear dineros del narcotráfico y otros delitos económicos, especialmente en comunas como La Pintana, Lo Espejo, Iquique y Alto Hospicio.
Un estudio publicado por el Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público (2023) señala que al menos 1 de cada 5 investigaciones por lavado de activos involucra microempresas creadas en los últimos 24 meses, muchas de ellas sin actividad comercial real ni pago de cotizaciones. La Región Metropolitana concentra más del 60% de estos casos, seguida por Tarapacá y Biobío.
Estimados lectores, la pregunta es ¿Por qué funciona?, la clave del éxito de estas estructuras es su bajo perfil, el uso de dinero en efectivo y la apariencia de legalidad. En el caso de las iglesias evangélicas y ONGs, se suma el blindaje social y moral que representa la religión o la beneficencia. En barrios vulnerables, estos espacios son respetados y no cuestionados, lo que permite mover grandes sumas sin alertar a la comunidad.
La Fiscalía Nacional y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) también han alertado sobre el uso de sociedades de papel y fundaciones sin actividad sustantiva. En 2023, la UAF recibió más de 7.000 reportes de operaciones sospechosas, con un aumento del 25% respecto al año anterior. Gran parte de estos reportes provinieron del sector inmobiliario, automotriz y comercio minorista.
Estimados lectores, ¿Y dónde está el Estado?, mantiene una deuda urgente en Chile. El Servicio de Impuestos Internos (SII) no fiscaliza de forma proactiva a organizaciones religiosas ni fundaciones, salvo que haya una denuncia formal. Esto permite que cientos de entidades reciban donaciones sin tener que justificar su origen ni su destino. Además, muchas pequeñas empresas quedan fuera del radar por no estar obligadas a emitir boletas electrónicas o declarar IVA si su volumen de venta es bajo.
El Estado debiera tomar las siguientes medidas:
- Fortalecer la fiscalización cruzada entre la UAF, el SII y la Subsecretaría de Prevención del Delito para identificar patrones de riesgo en entidades religiosas y pequeñas empresas.
- Eliminar el secreto bancario parcial en casos de investigaciones por lavado de dinero, permitiendo mayor acceso a información financiera sospechosa.
- Implementar un registro obligatorio y público de beneficiarios finales de fundaciones, ONGs e iglesias.
- Exigir informes financieros anuales auditados a todas las organizaciones sin fines de lucro que reciban donaciones superiores a un umbral determinado.
- Educar a la ciudadanía y autoridades locales para detectar señales de blanqueo de dinero en sus propias comunidades.
El crimen organizado no conoce fronteras ni respeta lo sagrado. Donde hay posibilidad de lavar dinero, encontrará una fachada. Por eso, la fe, la solidaridad y el emprendimiento deben ser defendidos con más y mejor regulación, no abandonados a la buena voluntad. Hoy son iglesias y barberías; mañana podrían ser escuelas y centros de salud. El Estado no puede seguir mirando hacia otro lado.
Cerraré esta columna citando al escritor, teólogo y filósofo cristiano San Agustín de Hipona, quien decía:
“Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno, para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío.”
Hoy, tristemente, observamos cómo algunas iglesias evangélicas se ven envueltas en actos de violencia e incluso en agresiones contra Carabineros. ¿Acaso algunas de ellas podrían tener vínculos con el crimen organizado?
