La Justicia dio a conocer los fundamentos de la condena contra Lázaro Báez y sus hijos en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. Ratificaron que la fortuna que hizo el empresario provenía de los contratos de obra pública, que se investigan en la causa de “Vialidad”.
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También tuvieron en cuenta las causas de evasión donde Báez está siendo investigado. Todos los detalles figuran en un extenso escrito, de más de 3000 páginas. Allí, todo fue confirmado por los jueces que conformaron la mayoría, Néstor Costabel, Adriana Palliotti.
Según los jueces de la mayoría, “esos fondos se originaron principalmente a través de una de esas dos fuentes: concretamente, desde los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial que se enjuician ante el Tribunal Oral Federal 2, en la mentada causa Vialidad”.
En ese expediente, la vicepresidenta Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita que se habría dedicado a defraudar al Estado al direccionar 51 licitaciones a favor de Báez, por 46.000 millones de pesos.
El fallo tiene párrafos muy duros, con alusiones directas a la corrupción del gobierno de los Kirchner. Para los jueces, “Lázaro Báez optó por generar su propia usina de lavado de dinero, del modo en que lo hizo y se ha probado, puesto que habría de recibir flujos millonarios ilícitos como un integrante más de la matriz de corrupción estatal y corporativa montada para la asignación fraudulenta de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz”. Por su parte, la jueza Gabriela López Iníguez tomó en cuenta solo el delito tributario de las facturas truchas. Dijo que la causa “Vialidad” no sólo no se puede considerar ilícito precedente sino que además “nos enfrenta a la dificultad jurídica que se deriva de la presunción constitucional de inocencia”.
Sobre el patrimonio, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones. Siguiendo el voto mayoritario, el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal.
“Se han reunido múltiples probanzas testificales y documentales que han permitido reconstruir eventos trascendentales que acreditan de forma inmediata, con plena certidumbre y más allá de toda duda razonable las maniobras de lavado de activos llevadas a cabo por la organización criminal orquestada y dirigida por Lázaro Antonio Báez”, dijeron los jueces de la mayoría sobre la condena. Sostienen que se desarrolló un plan de lavado sofisticado y profesional, considerado una maniobra global con tintes de delito trasnacional.
La “Ruta del Dinero K” es una investigación que se inició en abril de 2013. Estaban a cargo el entonces juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán. Surgió de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) conducido por Jorge Lanata.
El informe apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina. Por ese entonces, Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. La investigación, con videos incluidos que vio todo el país, generó una polémica nacional e internacional en torno al lavado de dinero.
