La Abogacía de la Generalitat se ha sumado a la Fiscalía Anticorrupción y también ha recurrido ante el Juzgado de Instrucción 5 la decisión de archivar la investigación de la visita del papa a València.
Antilavadodedinero / Levante
La jueza finiquitó provisionalmente la investigación al considerar que la Fundación V encuentro mundial de las familias (Fvemf) era de naturaleza privada por lo que no estaba obligada a cumplir la ley de contratos de las administraciones públicas. Tampoco veía «indicio alguno de que los investigados se hubieran concertado al inicio para constituir una fundación con el fin de delinquir».
Por el contrario, la Abogacía de la Generalitat considera que la decisión del Juzgado de Instrucción 5 es errónea ya que la cuestión sobre la condición pública o privada de la Fvemf es cosa juzgada y ya se ha decidido en la sentencia de la Audiencia Nacional de una pieza de la trama Gürtel que confirmó el amaño del contrato con Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) para la retransmisión del evento papal y que considera pública a la Fvemf porque el 75% de su aportación dineraria inicial era pública (Generalitat, Diputación y Ayuntamiento de València).
«Negarle el carácter público -señala la Abogacía en su recurso – permitiría a las entidades públicas escapar del necesario control de la utilización de fondos públicos utilizando un artificio tan sencillo como inasumible». A lo que hay que sumar «el empeño de en eludir las reglas de contratación pública» por los representantes de la fundación, tal como recoge el fallo de la Audiencia Nacional, que reconoce como «hecho probado» que en la documentación intervenida se pedía «eliminar referencias a la ley de contratos de las administraciones públicas».
El Consell también considera, como el Fiscal Anticorrupción, que existen indicios de los delitos de prevaricación y malversación de fondos y caudales públicos. Por ejemplo, en la transferencia de dos millones de euros desde la Generalitat a la Fvemf en 2010 que «carece de cobertura presupuestaria» y que se adopta, por el Consell a propuesta de Francisco Camps, «en concepto de dotación fundacional, cuando ya era imposible, porque la fundación no tenía razón de ser una vez finalizada la visita papal en 2006».
Y además, si fuera una entidad privada, como defienden los acusados, «no tiene ningún sentido que se destinen fondos públicos (los 2 millones de euros) a una entidad privada sin justificación previa suficiente».
