La criminalidad traspasa con facilidad las fronteras de los países, con un efecto dominó, pues lo que ocurre en un Estado afecta a las naciones vecinas, explicando así el desplazamiento intrarregional de las redes del crimen organizado cuando la persecución recrudece en algún país de la región, pues son redes interrelacionadas.
Latinoamérica cuenta con los principales instrumentos legislativos adoptados por la comunidad internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del GAFI, GAFILAT, en materia de delincuencia organizada, terrorismo, financiamiento al terrorismo, corrupción, lavado de dinero, contrabando, trata de personas y otras asistencia jurídica en materia penal.
Pero aun así, la región necesita actualizar la legislación vigente para incrementar sus capacidades, tanto para proteger actividades económicas transfronterizas legítimas, así como para ser más eficaces en la prevención y persecución de actividades delictivas transnacionales.
Foto: Eugenio Raúl Zaffaroni A este respecto, Eugenio Raúl Zaffaroni, profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex miembro de Corte Suprema de Justicia de la Nación, de Argentina. en uno de sus libros titulado, “La Cuestión Criminal”, hizo un planteamiento crítico del concepto del crimen organizado, al que considera como “una categoría de origen delictivo, que nunca alcanzó una completa y satisfactoria definición criminológica, pero que se trasladó a la legislación penal y procesal penal para aumentar el poder punitivo respecto de un conjunto de delitos no bien delimitados que tiene un inmenso poder corruptor en nuestras sociedades e instituciones” . Los delitos que preceden al lavado de dinero así como la cantidad de delitos resultantes de esas acciones, crean redes de procesos y empresas delictivas que corrompen una gran diversidad de actividades y de instituciones públicas y privadas. “Eso sería ya suficiente, según Zaffaroni, como para tener esta actividad en la mira de los esfuerzos de la región, con instituciones y sistemas de seguridad frágiles, donde existe un drenaje constante de recursos públicos para atender el combate a la criminalidad”. Frente a estas distorsiones y a la percepción ciudadana de la ineficacia en la lucha contra dicha problemática y sus tentáculos, podría resultar razonable realizar acciones públicas de impacto mediático que la opinión pública interprete como muestras de que se intenta hacer lo que se puede, cuando en la práctica el Estado pareciera resignarse a dejar hacer. Es por eso que muchos de los encargados de esta lucha no están sumando los esfuerzos necesarios, como suele suceder, por ejemplo, con algunas instituciones bancarias, por eso de verse involucradas en el riesgo reputacional.Legislación estable en la región Ante la expansión del crimen organizado los países de la región han aprobado leyes internas y han ratificado numerosos tratados internacionales, con mayor énfasis después de la entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000. Esa abundancia de leyes es muy positiva; expresa la preocupación de los Estados por cumplir sus obligaciones supranacionales y brinda seguridad a sus habitantes. Pero también es negativa porque ha propiciado dispersión, desarticulación, discrepancias e imprecisión acerca de la normativa jurídica vigente, debido a que las leyes nacionales han sido elaboradas con diferentes concepciones, estructuras, enfoques, alcances y definiciones. Y aun así, cuentan con un extenso marco jurídico. Sin embargo, el Instituto de Governanza de Basilea en sus informes afirma que aunque la mayoría de los países cumplen legalmente con las normas actuales para combatir el lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas, muchos de ellos se quedan cortos en el cumplimiento en lo que se refiere a la aplicación efectiva de esas leyes.
Cuadro No: 1.- Algunas leyes contra el lavado de dineroEl lavado de dinero y las regulaciones
Foto: Doctor Alejandro Rebolledo¿Quiénes previenen y controlan el lavado de dinero? Constantemente nos preguntamos si el lavado de dinero es una de las materias en la que los países de la región están mejor preparados para detectar, prevenir, perseguir y sancionar este delito, y si son suficientes los esfuerzos para lograr mayor integración legal en la lucha contra el crimen organizado en todas sus formas. El doctor Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero, contra el financiamiento al terrorismo, contra el riesgo, el fraude y demás delitos afines al crimen organizado, record Guinness y magistrado al Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, afirmó que “a pesar de los avances legislativos existentes en la región, muchas veces la falta de uniformidad en dichas legislaciones, dificulta las posibilidades en lograr una buena interpretación judicial en algunos casos contra la delincuencia organizada . En la región y el mundo, continuó, hay preocupación por la multiplicidad y expansión de los métodos utilizados por el lavado de dinero y sus consecuencias, por lo que muchos países han adoptado una serie de compromisos a partir de la ratificación de las convenciones internacionales que regulan dicha materia, para que los Estados actualicen su legislación de acuerdo con los preceptos contenidos en cada una de ellas”, expresó el abogado penalista y director de las Conferencias Internacionales Antilavado de Dinero, contra el Riesgo y el Fraude y autor del libro “Así se lava el dinero en Venezuela”, “La Organización de las Naciones Unidas, indicó, fue la primera en establecer una base universal de acciones para combatir el lavado de dinero y los instrumentos jurídicos a través de los cuales se han iniciado muchas acciones. Igualmente la Convención de Viena, aprobada en 1988, en vigor desde 1990, que contó con la participación y firma de 169 países; y la Convención de Palermo, que amplía la gama de delitos subyacentes al lavado de activos. Entró en vigor en 2003, fue firmada por 147 países y ratificada por 82 naciones”. ¿Cuál es el papel del GAFI? “El Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos (GAFI), es un organismo sui géneris que emite los estándares internacionales por los que los países del mundo son calificados y así se elaboran “listas negras” y sanciones a naciones que no cumplen con la normativa establecida. Cabe indicar que el GAFI, agregó Rebolledo, es una organización creada para desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y demás delitos relacionados al crimen organizado y actividades afines. No cabe duda que en la región hay avances importantes en la aprobación de legislaciones internas, especialmente de carácter penal, no sólo en el delito de lavado de dinero, sino de otras conductas delictivas como la corrupción, el contrabando, trata de personas, evasión fiscal, el tráfico de armas de destrucción masiva, el soborno y la extorsión, entre otros”, enfatizó Rebolledo. El especialista antilavado de dinero, señaló: “En algunos países se cuenta con técnicas especiales y muy adecuadas para la investigación y persecución de este tipo de delitos. También con normativas para evitar el contrabando, la evasión fiscal y el lavado de dinero. Pero el hecho de que cierto tipo de legislación exista sólo en unos países y en otros no, representa tal vez la mayor dificultad en los esfuerzos para hacer eficiente y eficaz la lucha contra la delincuencia organizada en la región”. Concluyó Alejandro Rebolledo. Corrupción y lavado de dinero
Foto: Jaime Edwin Martínez Ventura El combate al lavado de dinero, por lo tanto, es una de las piezas claves, no la única, en el enfrentamiento de las actividades criminales transnacionales, así como de los esfuerzos por fortalecer la transparencia, el Estado de Derecho y la participación democrática. Jaime Edwin Martínez Ventura, Director de la Academia de Seguridad Pública, Abogado y Notario y fundador y exdirector del Centro de Estudios Penales de El Salvador, CEPES, manifiesta que “la criminalidad contribuye a la pobreza y a un lento desarrollo, al imponer mayores costos de operación a las empresas y a los hogares, impactando negativamente en la economía”. Como especialista en temas relacionados con el crimen organizado, afirma que “las altas tasas de criminalidad se relacionan con los bajos ingresos de la población y con la corrupción en el cumplimiento de los contratos y las regulaciones. Estas relaciones causales se convierten en círculos viciosos difíciles de romper. Algunos países de la región presentan esta relación”. Enfatizó Martínez Ventura que: “Para desarrollar una estrategia que tenga como objetivo fortalecer la legislación en la región contra el crimen organizado, es de vital importancia la voluntad política que viene a ser el denominador común para mediar en todos los esfuerzos de concordancia de la legislación en América. Concluyó El dinero y las decisiones judiciales El poder del dinero ilícito es capaz de comprar fallos judiciales y de incidir en el rumbo de agendas legislativas. Compra protección, desvía recursos públicos para su beneficio y adquiere poder político financiando a partidos políticos. Según el Índice de Percepción de Transparencia Internacional, Guatemala, Nicaragua y Honduras están entre los países latinoamericanos con los más altos índices de corrupción, representando un problema para la gobernabilidad y para la democracia.
Foto: Delia Ferreira “tenemos un avance legislativo” La doctora Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional afirmó: “Es cierto que tenemos un avance legislativo. La mayoría de los países de la región ha ratificado las convenciones internacionales, ha aprobado leyes de acceso a la información pública, de creación de oficinas anticorrupción, de responsabilidad penal de las empresas. El problema es que nosotros tenemos leyes guardadas, en oficinas sin presupuesto, sin personal, sin infraestructura. Por lo tanto, tenemos un ‘decorado anticorrupción’ y una falta de implementación de las normas en muchos países”.
Foto: Informe de Resource Governance Instituto
Cuadro No: 2.- Muchas leyes sin aplicación
Cuadros No: 3.-Poca aplicación de las leyes
Cuadro No 4: Sobornos de OdebrechtCasos emblemáticos
Foto: Expresidentes involucrados en hechos de corrupción Por otra parte ha señalado Delia Ferreira que: “Es imposible no recordar a presidentes, expresidentes, funcionarios y empresarios en la cima de la pirámide que están presos o con causas activas por corrupción, como: Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, Otto Pérez Molina (Guatemala), Elías Antonio Saca y Mauricio Funes (El Salvador), Rafael Callejas de Honduras, Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador; los expresidentes peruanos, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli y otros. En Argentina la expresidenta Cristina Kirchner y su principal operador de infraestructura, Lázaro Báez. Ella tiene una megacausa por corrupción llamada la ‘Ruta del dinero K’, que incluye hoteles cinco estrellas que presuntamente lavaban dinero. En la región tenemos también la operación Lava Jato, continua reseñando Ferreira, que comenzó con la investigación de fraudes en contratos con Petrobras y reveló esquemas de corrupción que involucraban a la política y altos personeros de la región. Puntualizó la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira. Como conclusión es importante señalar que nuestros entrevistados coinciden en que la región necesita desarrollar una estrategia legislativa más profunda contra el crimen organizado, donde se tome como norte una enorme voluntad política por parte de quienes hacen vida en la socio economía de los países, y más cuando se sabe que la delincuencia organizada es el principal obstáculo para el desarrollo, bienestar y progreso de la región.
