El Alto Tribunal de Londres permite al fundador de Wikileaks abrir un nuevo proceso de apelación porque cree que podría ser discriminado como ciudadano australiano y no recibir la amplia protección de la Constitución de EEUU a la libertad de expresión.
Assange lleva desde 2019 en una prisión británica y antes pasó siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, que investigaba dos acusaciones de violación en ese país (la fiscalía sueca abandonó el caso en 2019 porque consideró que había pasado demasiado tiempo para recoger testimonios).
Julian Assange podrá seguir apelando ante la Justicia del Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, según dictó el Alto Tribunal en Londres este lunes. La corte aceptó los argumentos de la defensa de que el fundador de Wikileaks puede ser discriminado como australiano y no recibir toda la protección que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a sus ciudadanos.
Ahora la defensa de Assange tiene hasta el 24 de mayo para presentar la apelación en lo que podría ser el comienzo de otro largo proceso, a no ser que Estados Unidos acepte abandonar el caso y aceptar el tiempo pasado en la cárcel a las afueras de Londres por el fundador de Wikileaks como suficiente. El equipo legal de Assange y el Departamento de Justicia de Estados Unidos negocian desde hace meses la retirada de los cargos, según adelantó el Wall Street Journal en marzo y confirmó en abril el presidente Joe Biden. El caso contra Assange por el robo y la publicación de documentos clasificados lo empezó el Departamento de Justicia en 2019, cuando Donald Trump era presidente.
Assange afronta en Estados Unidos 17 cargos por espionaje y uno por pirateo informático por el acceso a información confidencial y su publicación hace 15 años. La fiscalía le acusa de “conspirar” con Chelsea Manning, analista del ejército que fue condenada a 35 años en prisión en 2013 y que el presidente Barack Obama indultó en 2017. Wikileaks publicó cientos de miles de documentos del Gobierno de Estados Unidos, incluidos algunos sobre operaciones militares en todo el mundo. El escrito de acusación del Departamento de Justicia lanzado en 2019, cuando Donald Trump era presidente, se queja, en particular, de la información que Assange publicó por su cuenta, sin la colaboración de medios, porque no hizo un esfuerzo por proteger a activistas de derechos humanos, periodistas y otras fuentes citadas por diplomáticos y militares estadounidenses en lugares donde estas personas podían sufrir torturas o ser asesinadas como China, Irán, Irak, Siria y Afganistán. Por ejemplo, Wikileaks no borró los nombres y otros detalles de personas vulnerables, como hacen habitualmente los medios que publican información confidencial.
La mayoría del material en cuestión se remonta a hechos sucedidos hace casi dos décadas, y parte de la información ya había sido publicada o lo ha sido después con más detalles por medios en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia disputa que Assange pueda ser considerado un periodista por no haber respetado los estándares mínimos de publicación, pero el Comité para la Protección de los Periodistas y PEN, la organización de escritores, entre otros grupos de activistas de la libertad de expresión, insisten en que una posible condena de Assange sentaría un precedente para la libertad de prensa en Estados Unidos (de hecho, la Administración Obama decidió no abrir un caso contra el fundador de Wikileaks por este motivo).
Assange no asistió a la audiencia en Londres por motivos de salud, según su esposa, Stella Assange, con quien se casó en prisión y tiene dos hijos. Rebecca Vincent, directora de campañas de Reporteros Sin Fronteras y quien estaba presente en la audiencia, aseguró este lunes que las últimas dos veces que visitó a Assange en prisión salió preocupada por “su estado de salud mental y física”. Vincent se dijo después “aliviada” por la decisión del tribunal británico.
De qué se trata
Las revelaciones más sustanciales de Wikileaks salieron de la colaboración con el New York Times y otros medios, por ejemplo, los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos civiles, los informes permitieron comparar fuentes y ofrecer un panorama más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más respecto a las primeras cifras oficiales.
Además, en 2010, Wikileaks publicó un vídeo de 2007 en que se veía cómo un helicóptero de Estados Unidos disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. La agencia de noticias lo vio poco después de que sucedieran los hechos aunque no tenía autorización para reproducirlo; su jefe de la oficina en Bagdad ya había acusado al Ejército estadounidense de “mentir” sobre lo que había sucedido aquel día.
Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos de prisioneros en Guantánamo, desvelados también con otras fuentes por la cadena CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker en 2004.
Extradición sí o no
Tras años de batalla legal, el Gobierno británico autorizó la extradición de Assange a Estados Unidos en 2022, pero el equipo legal del fundador de Wikileaks la paró con recursos ante la justicia británica, que ofrece un sistema con múltiples vías de apelación en el país, además de someterse a la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que puede parar cualquier extradición en el último minuto. Esta corte ha rechazado hasta ahora asumir el caso.
En marzo, la justicia británica congeló la decisión sobre la extradición de Assange y le dio la razón sobre la falta de garantías suficientes de Washington de que no será discriminado por ser ciudadano australiano y podrá hacer uso pleno de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión de una manera más amplia que en el Reino Unido o en la mayoría de países europeos, incluido España.
Estados Unidos responde que Assange no tendrá limitadas sus capacidades de defensa por ser australiano y podrá recurrir a la Primera Enmienda, si bien su aplicación en este caso es “competencia de los tribunales de Estados Unidos” y no de lo que diga el Departamento de Justicia. Además, los representantes de la Administración Biden se comprometen por escrito a que “una sentencia de muerte ni será pedida ni será impuesta a Assange”. El equipo de abogados de Assange ha repetido que el fundador de Wikileaks podría ser condenado a 175 años de cárcel o la pena de muerte. Las autoridades estadounidenses aseguran que, si es declarado culpable ante un tribunal en Estados Unidos, la pena podría ser de unos pocos años de prisión. El tribunal británico aceptó este lunes las garantías de Washington de que Assange no estaría en ningún caso en riesgo de ser condenado a pena de muerte, pero rechazó las relacionadas con la Primera Enmienda.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) asegura que las garantías sobre la posibilidad de que Assange sea protegido por la Primera Enmienda no son suficientes. “Esto no hace caso del hecho de que los cargos en sí mismos cuestionan directamente los derechos de la Primera Enmienda”, dice en un comunicado conjunto con otras organizaciones de derechos civiles. “Esto crearía un alarmante precedente legal para la extradición de periodistas a Estados Unidos por la publicación de material clasificado de interés público”.
Assange lleva desde 2019 en una prisión británica y antes pasó siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, que investigaba dos acusaciones de violación en ese país (la fiscalía sueca abandonó el caso en 2019 porque consideró que había pasado demasiado tiempo para recoger testimonios).
