La investigación de corrupción más grande en la historia de Latinoamérica comenzó en una estación de servicio brasileña, pero a medida que se extendía por toda la región, derrocó a altos funcionarios gubernamentales y titanes corporativos por igual.
Antilavadodedinero / Clarin
Para aquellos atrapados en el escándalo, fue un momento de rendición de cuentas. Para los ciudadanos comunes, fue un momento de esperanza. Parecía que incluso los más poderosos finalmente eran obligados a rendir cuentas.
Ahora, cinco años después de que el escándalo estalló públicamente, el impulso de la región contra la corrupción ha empezado a estancarse.
“Durante un breve momento, todos estuvieron al alcance de la justicia”, dijo Thelma Aldaña, ex Fiscal General de Guatemala que imputó al presidente y al vicepresidente del país en un caso de corrupción en 2015.
Esa represión ocurrió tras años de altos precios de las materias primas que impulsaron a muchas economías de la región y sacaron a millones de personas de la pobreza, pero también contribuyeron al gasto gubernamental y a las oportunidades de dar sobornos. Cuando terminó ese período de abundancia, los funcionarios quedaron vulnerables y los fiscales quedaron libres de ir tras los poderosos.
En Perú, el ex presidente Alan García se suicidó en vez de enfrentar el arresto. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un ex presidente que seguía siendo el personaje político más dominante del país, fue sentenciado a prisión, al igual que Marcelo Odebrecht, director del conglomerado de la construcción más grande de Latinoamérica.
Marcelo Odebrecht, CEO del grupo constructor brasileño Odebrecht, habla durante una entrevista de 2013. (REUTERS/Enrique Castro-Mendivil)
Sin embargo, los esfuerzos para adoptar reformas anticorrupción trastabillaron en medio de la presión política. Mientras figuras desacreditadas de los negocios y la política planean su regreso, muchos de los que encabezaron la cruzada contra los sobornos enfrentan represalias. Aldaña, ahora en exilio, enfrenta amenazas de muerte en su país.
“El péndulo se fue al otro lado y ahora ha vuelto”, dijo Deltan Dallagnol, Fiscal Federal que dirigió al principal equipo especial anticorrupción de Brasil. Fue establecido en 2014 para procesar casos del escándalo que llegó a ser conocido como Lava Jato, por la estación de servicio en Brasilia, la capital de Brasil. El equipo especial ha presentado cargos en contra de 476 personas, llegó a 136 acuerdos de admisión de culpabilidad y recuperó más de 900 millones de dólares en activos robados.
Compañías brasileñas usaron operaciones de lavado de dinero para el efectivo utilizado para sobornar a partidos y políticos de alto rango. A cambio del dinero, se destinaron contratos inflados de obras públicas en favor de las compañías.
La principal entre estas compañías era Odebrecht, que pagó más de 780 millones de dólares en sobornos en toda América Latina y el Caribe para obtener contratos con valor de 3,34 mil millones de dólares, de acuerdo con Estados Unidos.
Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil. (Lalo de Almeida para The New York times )
El escándalo trastocó la política en Brasil, donde todos los partidos grandes estuvieron implicados en financiamiento ilegal de campañas y sobornos. El arresto y posterior encarcelamiento de Da Silva por aceptar el uso de un departamento junto al mar a cambio de desviar contratos gubernamentales representó un punto decisivo para el país.
El entusiasmo inusual y la velocidad con que se manejó el caso hicieron que fuera políticamente tenso: cuando Da Silva fue encarcelado en abril de 2018 para iniciar una sentencia de 12 años por corrupción y lavado de dinero, era el claro favorito en la contienda presidencial. La condena preparó el camino para la elección del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro.
Meses después, fiscales federales protestaron por el nombramiento fuera de protocolo del nuevo fiscal general de Bolsonaro, que tradicionalmente ha sido elegido de entre una lista presentada por la asociación nacional de fiscales federales. Este sistema buscaba prevenir que el presidente eligiera a un alto funcionario de la ley que mostrara sumisión.
Alan García, el ex presidente de Perú, se disparó en la cabeza cuando la policía se preparaba para arrestarlo en abril. (Ernesto Arias/EPA, vía Shutterstock)
Bolsonaro eligió en cambio a su propio hombre, decisión que la asociación de fiscales llamó “el retroceso democrático e institucional más grande” para el cargo en 20 años. Al tener menos autoridad los funcionarios de impartición de justicia, los principales casos de corrupción en Brasil están estancados.
La reincidencia en Brasil ha sido observada de cerca por toda la región, donde los políticos en gran medida han dado prioridad a la autopreservación por encima de las medidas anticorrupción.
En Guatemala, el presidente Jimmy Morales desintegró un panel de la ONU que había ayudado a la Fiscalía General a establecer casos de corrupción. La decisión llegó luego de que Morales fue investigado por supuestamente haber recibido contribuciones ilegales de campaña.
El Gobierno de Honduras, que había aprobado la creación de una entidad similar ahí en el 2016, rechazó renovar su mandato en 2019.
Thelma Aldaña ayudó a acusar al presidente de Guatemala como fiscal general. Ahora en el exilio, recibe amenazas de muerte. (Oliver De Ros/Associated Press)
Dichos modelos gozaron de amplio apoyo público en el 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que Odebrecht había acordado pagar una multa de 3,5 mil millones de dólares tras confesar que había organizado un departamento para sobornar a políticos.
La empresa después hizo una oferta a los países donde había pagado sobornos: a cambio de inmunidad en nuevos casos, dijo, divulgaría cuánto dinero había pagado y qué contratos había asegurado de manera fraudulenta.
Algunos países aceptaron la oferta de Odebrecht y, como resultado, vieron el arresto de ex presidentes. Pero en Colombia y Argentina, la falta de voluntad política ha impedido que avancen las investigaciones.
La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo que la imposibilidad de abrir el caso Odebrecht era sumamente preocupante.
“Tiene consecuencias muy serias, y socava seriamente la confianza de la gente en las instituciones, los partidos políticos, el Congreso y el sistema de justicia”, declaró. “Eso pone en riesgo el futuro de la democracia”.
