La investigación sobre corrupción en la historia de América Latina comenzó, en una gasolinera brasileña, pero a medida que avanzaba por la región, derribó a altos funcionarios del gobierno y a titanes corporativos por igual.
Por Infobae/AL
Para algunos fue un momento de ajuste de cuentas, para los ciudadanos fue esperanza, y para otros estaban obligados a rendir cuentas. Luego de cinco años, la campaña de la región contra la corrupción ha empezado a estancarse.
“Por un breve momento, todo el mundo estuvo al alcance de la Justicia”, dijo Thelma Aldaña, ex fiscal general de Guatemala que acusó al presidente y al vicepresidente del país en un caso de corrupción en 2015 y se convirtió en una de las figuras emblemáticas de la mano dura.
En Perú, el ex presidente Alan García se mató a tiros en lugar de ser arrestado. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un ex presidente fue condenado a prisión, al igual que Marcelo Odebrecht, el jefe del conglomerado de construcción más grande de América Latina.
No obstante, los esfuerzos para adoptar reformas anticorrupción se debilitaron en medio de la presión política. A medida que las figuras desacreditadas de los negocios y la política regresan, muchos de los que lideraron la cruzada contra el soborno se enfrentan a represalias.
“El péndulo se fue a un lado, y ahora el péndulo ha vuelto a oscilar”, dijo Deltan Dallagnol, el fiscal federal que dirigió el principal grupo de trabajo anticorrupción de Brasil. Se estableció en 2014 para procesar los casos del escándalo que se conocieron como Lava Jato, o Lavado de Autos, por la gasolinera de la capital de Brasil, Brasilia.
El retroceso de Brasil en materia de corrupción puede ser el más dramático y consecuente de la región, dado lo mucho que los fiscales lograron en pocos años. El grupo de trabajo de Lava Jato ha presentado cargos contra 476 personas, ha logrado 136 acuerdos de culpabilidad y ha recuperado más de 900 millones de dólares en activos robados.
Las empresas brasileñas con proyectos en toda la región exportaron el esquema de corrupción que habían perfeccionado en su país, para pagar a políticos y partidos de alto rango.
La principal de estas empresas era Odebrecht, un conglomerado de construcción con sede en Brasil que pagó más de USD 780 millones en sobornos en toda Latinoamérica y el Caribe para conseguir contratos por un valor de USD 3.34 mil millones, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El legado de Moro sufrió un nuevo golpe cuando Intercept Brasil, un medio de comunicación en línea, comenzó a informar en junio sobre un tesoro de mensajes de texto filtrados intercambiados por los fiscales federales. Los mensajes mostraban que Moro había proporcionado orientación a la fiscalía en el caso de Lula da Silva.
Como candidato, Bolsonaro prometió dar un impulso a la lucha contra la corrupción. Su voluntad de cumplir ese compromiso se puso a prueba poco después de su elección en octubre de 2018. En diciembre, su hijo Flávio Bolsonaro, senador, se había convertido en el blanco de una investigación por corrupción iniciada por transacciones financieras sospechosas en su antigua oficina en la legislatura del estado de Río de Janeiro.
Eike Batista, que alguna vez fue uno de los 10 hombres más ricos del mundo, fue sentenciado en julio de 2018 a 30 años de prisión por pagar millones en sobornos, pero aún no ha comenzado a cumplir su condena.
El ex presidente Michel Temer sigue en libertad a pesar de la avalancha de cargos criminales que lo persiguen desde 2017. Entre ellos se incluye un caso en el que Temer fue registrado subrepticiamente aprobando el pago de un soborno para evitar que un antiguo aliado político detallara los delitos a las autoridades.
El Presidente Michel Temer de Brasil pasó gran parte de su tiempo en el cargo defendiendo las acusaciones de corrupción.
En Guatemala, el presidente Jimmy Morales clausuró un panel de expertos de las Naciones Unidas que había estado ayudando a la oficina del fiscal general en la investigación de complejos y delicados casos de corrupción.
El gobierno de Honduras, que había firmado el establecimiento de una entidad similar en el 2016, se negó este año a renovar su mandato.
Esos modelos gozaron de un amplio apoyo público en 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Odebrecht, la empresa constructora brasileña, había aceptado pagar una multa de 3.500 millones de dólares tras confesar que había creado un departamento para sobornar a políticos de toda la región para conseguir contratos de obras públicas.
Algunos países -entre ellos Ecuador, Perú y República Dominicana- aceptaron la oferta de Odebrecht y, como resultado, los ex presidentes fueron arrestados. Pero en Colombia y Argentina, la falta de voluntad política ha impedido que avancen las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, de Colombia, calificó de muy preocupante la falta de apertura del caso Odebrecht en un país que se ha visto sacudido en los últimos días por protestas masivas.
