Uno de los principales problemas de los gobiernos de la región latinoamericana, en estos tiempos, es el alto índice de lavado de dinero o legitimación de capitales producto de la corrupción. Sin embargo, encontramos países como Colombia, Perú, Panamá y Estados Unidos que tienen grandes avances en la prevención de estos patrones.
Juan Pablo Rodríguez, consultor y experto sobre el lavado de dinero en Latinoamérica, explica que para entender el tema hay que visualizar el pequeño vínculo que existe entre el lavado de dinero y la corrupción, ya que para realizar una investigación debe haber un delito fuente, que suelen ser por corrupción (pública o privada), narcotráfico o extorsión.
A su juicio, la forma de prevenir estos tipos de delitos es con modelos de prevención de riesgos de corrupción, puesto que en su mayoría las compañías suelen tener modelos de prevención del lavado de dinero.
«Lo que creemos rentable es que las compañías apliquen modelos transversales, que combinen antilavado de dinero con prevención anticorrupción, que estén vinculados y así sostener ambos fenómenos», dijo el experto.
Durante una entrevista exclusiva para nuestro portal Antilavado de dinero, Rodríguez también aseguró que existen ciertos riegos de contagio, en el que las empresas o compañías «pueden tener el modelo de antilavado y de corrupción pero no es garantía que la contraparte haga lo propio. Algo que haga mal esa contraparte puede afectar a la empresa».
Por lo que indicó que puede tener un impacto económico complejo, «se genera inflación, corrupción, se elevan los precios y los estilos de vida cambian». Alegó que desde el punto de vista legal existen dos grandes tareas, administrativa y penal para combatir estos delitos.
Rodríguez explica que desde el punto de vista administrativo existen normas de las Superintendencias «que regulan actividades económicas e invitan a esas compañías supervisadas a tener modelos de antilavado de dinero y anticorrupción». Sin embargo, destaca que estas no suelen ser suficientes, «porque sirven en muchos casos solo para la prevención o detención».
Sobre la parte penal, el experto dijo que en el caso de Colombia, en el Código Penal existen y se encuentran tipificados los delitos fuentes del lavado de activos y las conductas delictivas de la corrupción. Sin embargo, destacó que hay países donde ocurre que estos delitos no solo están en el Código Penal sino que emiten normas especiales sobre el lavado de activos.
En tal sentido, resaltó la norma de Extinción de Dominio, no común en la región, pero que le da la potestad al Estado de confiscar los bienes de origen ilegal o bienes de uso delictivo a estas personas. «Esta herramienta persigue acabar con los recursos económicos de la delincuencia organizada», agregó Juan Pablo Rodríguez.
Al ser consultado sobre quién en la actualidad la lleva ganada, si la prevención o la delincuencia, el experto dijo que «las herramientas están funcionando, quizás no con la eficacia, eficiencia y efectividad que se quisiera». Agregó que «lamentablemente, la diferencia entre los buenos y el crimen organizado es que el crimen no está obligado a cumplir la norma, donde hay que seguir unas protocolos, (tiempo de investigación, captura, de aprehensión de los bienes)».
Afirmó que pudieran darse mejoras, aunque su «lectura» es que «el conjunto de herramientas que tenemos en países de la región es mucho mejor que la de antes, se han modificado legalmente entre los vínculos del lavado de dinero y la corrupción.
Indicó que «no hay que esperar que todo funcione desde la investigación y la detención en las autoridades de corte penal o administrativo, sino que vale la pena trabajar más en la prevención».
Para concluir, acotó que «no es alentador la respuesta del tiempo para combatir este estilo de delito», el experto aseguró que se está trabajando para combatirlo de mediano a largo plazo. A su juicio «es un tema más de cultura en el caso de las compañías y en las personas de valores».
Por Vanessa Rodríguez /ALD
