El profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Gabriel Tenenbaum, dialogó acerca de las debilidades que tiene el Estado uruguayo a la hora de combatir el crimen organizado y el lavado de activos. Según su visión, tanto cuestiones normativas como institucionales explican las carencias y los debes en la materia. “Se le ha brindado protección al crimen y eso es muy grave”, opinó en referencia a los casos Marset y Astesiano.
Meses atrás usted expuso junto a otros expertos en la Facultad de Psicología sobre crimen organizado y lavado de activos. ¿Cuáles son las principales preocupaciones en torno a esos temas?
Yo tengo una preocupación más estructural o histórica que tiene que ver con que los instrumentos legales y financieros son vistos como de protección a la intimidad y a la privacidad de las personas y colaboran para desarrollar la ilegalidad.
Se ha construido una arquitectura normativa financiera que contribuye a los delitos de lavado de dinero, no porque haya una intención para eso, pero fue para atraer capital internacional, entonces, cuando uno genera atracciones, entre otras cosas, intenta que haya menos controles, menos vigilancia, menos supervisión, porque es lo que las grandes inversiones buscan, no quieren tener un aparato burocrático que esté todo el tiempo encima de ellos controlando y perder mucho tiempo con eso, recibiendo preguntas por los fondos y teniendo que justificarlos.
¿Cómo impacta esto en el crimen organizado?
Todas esas cuestiones terminan colaborando con el desarrollo del crimen organizado, particularmente el que se dedica al tráfico de las drogas ilegales, que es el que tiene mayor incidencia en Uruguay.
Ahí hay un punto global relacionado con la revisión de normativas, del sistema de prevención del lavado de activos, de prevención del crimen organizado, con los recursos económicos que se destinan a las instituciones, los recursos humanos y su profesionalización. Hay un montón de cosas ahí donde Uruguay tiene una gran inmadurez, que se atan a algo que es muy importante que es la figura del protector del capital, que funciona de intermediario y conecta la legalidad con la ilegalidad.
Por lo que dice, se puede inferir que lo que está fallando a nivel del Estado en materia del combate al crimen organizado y al lavado de activos incluye temas normativos y controles. ¿Estas son las causas que generan debilidades en el Estado para enfrentar esos delitos?
Evidentemente, el sistema se encuentra en un grado de inmadurez muy importante, hay cuestiones normativas que aún no se han regulado, como el ciberdelito, el financiamiento de los partidos políticos, particularmente de las campañas. Hay cuestiones que tienen que ver con el secreto profesional, que es muy difícil de flexibilizar, más aún que el secreto bancario.
Si bien eso tiene la cara positiva de que protege nuestra intimidad, nuestra privacidad y nos da libertad, es claro, sobre todo con el caso Marset, que el desvelo que hay por no quebrar el secreto profesional va en contra del bien común en muchas circunstancias. Me refiero al secreto profesional, en este caso, entre un abogado que defiende a un líder de una organización criminal o una escribana que colabora con la compra de bienes para un importante miembro de una organización criminal.
¿Se debería limitar el secreto profesional?
Sí, el secreto profesional tiene que tener un límite, porque de lo contrario entramos en un terreno donde lo que hacemos es proteger la criminalidad. Esa es la parte en la que yo hago énfasis en mis trabajos: cómo muchas veces la legalidad es el propio impedimento para captar y detener la ilegalidad. Entonces, hay cuestiones normativas, hay cuestiones institucionales.
¿Por dónde pasan las cuestiones institucionales?
La Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo), la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública), la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) del Banco Central (BCU), son instituciones donde hay pocos recursos humanos, económicos, muchas veces hace falta más profesionalización, mayor vigilancia. En general, hace falta el desarrollo de una inteligencia financiera en la policía para perseguir dineros y patrimonios, lo que muchas veces es menos represivo, no requiere disparar ni una sola bala y tiene mayor efecto. En definitiva, hay cosas para hacer de distinto orden y hay grandes debilidades.
¿Las regulaciones para detectar el lavado de activos son insuficientes?
Con respecto al lavado de activos, el sistema basado en los reportes de operaciones sospechosas funciona poco y nada porque los reportes para detectar lavado de dinero parten del material que hacen los mismos operadores del sistema financiero. Un operador que lava dinero conscientemente, no va a reportar nada, lo va a reportar aquel al que le genera una sospecha, y esos son los de buena fe, los que trabajan en el marco de la ley. Es un sistema que tampoco funciona.
Hay muchas cosas para hacer desde el punto de vista de la inteligencia policial, judicial, financiera, y que menos cosas recaigan en la voluntad de las personas para denunciar.
¿Cómo se puede interpretar lo que decía de la falta de recursos económicos y humanos, es decir, por qué no se le ha dado la importancia que tiene a este problema?
Estas instituciones son relativamente nuevas y todo lleva un proceso de maduración, adaptación, incremento constante de presupuesto, no es algo de una vez para cumplir con algún organismo internacional. Durante la era progresista muchas de esas instituciones fueron creciendo, pero de forma insuficiente, eso es evidente.
Recientemente, en la Rendición de Cuentas se pusieron de acuerdo para fortalecer a la Jutep, pero vaya uno a saber cuándo va a tener efecto, si va a terminar llegando o no, e igualmente termina siendo insuficiente.
¿Cómo evalúa la creación de la nueva Fiscalía Especializada?
Se creó una Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, pero tiene un fiscal con dos fiscales adjuntos, son tres personas para investigar casos de lavado de activos, que son muy complejos, es decir, es totalmente insuficiente para hacer algo en serio, y más cuando sabemos que las organizaciones criminales tienen una capacidad económica muy importante, muchas veces superan ampliamente la capacidad económica y los recursos tecnológicos del propio Estado, entonces, con estas mínimas inversiones hacés poco y nada.
Lo peor de todo esto es que al final se termina diciendo que no tenemos lavado de activos, que no tenemos corrupción, pero no es que no tengamos, es que se detecta mal o no se detecta, porque no le ponen ganas.
Es importante que los líderes de estas instituciones y quienes persiguen este tipo de delitos estén convencidos de lo que están haciendo. Hay una cultura de percepción de bajo riesgo de este tipo de actividades delictivas en Uruguay. Hay que prestar más atención y poner más esfuerzos porque va a llegar un momento donde el sistema va a estar consumido de tal manera que va a ser muy difícil volver atrás. Aparentemente, por ahora, estamos lejos, aunque en los últimos años nos hemos enterado de cosas que nos llaman la atención.
¿Por ejemplo?
Hay casos que están vinculados o que parecen formar parte del crimen organizado que han tomado lugar en el propio Estado. En todo lo que rodea a los casos conocidos como Marset y Astesiano es muy claro cómo el Estado está involucrado en brindar protección al crimen, lo que puede ser por distintas motivaciones, por errores burocráticos o también por intencionalidades de algún actor dentro del Estado.
Al fin y al cabo, más allá de la motivación que pueda estar por detrás, un error, una viveza criolla, tapar algo, hacer un favor o recibir una compensación económica importante por parte de un grupo criminal, no hay duda de que hay protección, se le ha brindado protección al crimen y eso es muy grave. No es novedad de este gobierno, pero en poco tiempo nos hemos enterado de muchas cosas y eso quiere decir que puede haber más cosas sucediendo que no hemos detectado.
El nombre de Marset, justamente, se utilizó en esa charla que le mencionaba al principio en diversos ejemplos, y hoy sigue muy vigente. Este caso y todas las derivaciones que ha tenido como las renuncias de los ministros, ¿son una mala señal para la imagen del país a nivel internacional?
Es una mala señal en muchos sentidos. La renuncia de ministros, viceministros, asesores u operadores en un caso que vincula al Estado con un traficante de drogas, en el marco de un caso de corrupción, configura una imagen muy mala a nivel internacional en términos políticos, en los núcleos inversores, pero también es muy mala porque las organizaciones criminales se informan, actúan de manera racional, y las señales que está brindando el Estado uruguayo en este contexto son de cierta impunidad; las investigaciones judiciales recién iniciaron y va a pasar tiempo para que culminen.
Tampoco podemos desconocer que las discusiones políticas detrás de todo esto no apuntan a que el Estado lleve adelante acciones de vigilancia, de prevención, de blindaje institucional, sino que las reacciones son de unos contra otros, disputas de relatos. ¿Eso a quién beneficia? Ni al Estado, ni a las instituciones ni a la sociedad. El mensaje que se está dando para las organizaciones criminales es que acá se pueden hacer cosas, eso es preocupante.
Respecto al avance del narcotráfico en los últimos años, ¿cree que se debería apuntar a un blindaje de las fronteras para evitar que Uruguay sea un país de tránsito de drogas, o por dónde podría venir una solución?
Los grandes cargamentos de mercancía de sustancias psicoactivas llegan al país de distintas maneras, por la hidrovía, por tierra, por aire. Por lo tanto, hay un montón de cosas para vigilar y la realidad es que uno no puede hacer eso las 24 horas, los siete días de la semana, en todo el territorio. Además, aunque lleguemos a un escenario de control total, no se puede desconocer que hay corrupción, que termina haciendo que la vigilancia y el control sean débiles.
Es por ello que es fundamental trabajar aspectos que tengan que ver con la corrupción de los funcionarios públicos ocupando lugares clave en el Estado, en Aduanas, en Migración, en la Dirección de Registro Civil, en el sistema financiero, actores privados. Nada de esto es la panacea. Hay cosas para mejorar, como el control de los contenedores, del espacio aéreo, de las fronteras, pero lo sustantivo viene por la hidrovía hacia el puerto.
En la charla a la que hacía mención, usted habló de dos niveles de crimen organizado dedicado al narcotráfico: el “delito de los poderosos” y el “delito de los débiles”. ¿Podría profundizar al respecto?
Por ejemplo, cuando hablamos del negocio del tráfico de las drogas ilegales, en una división del trabajo de la actividad tenés al campesino que te planta opio en la sierra del norte de México, que es una persona humilde, que muchas veces está plantando opio porque tuvo que sustituir el cultivo legal por eso para poder subsistir, o porque lo obligan, entonces ahí tenés a alguien que está cometiendo un delito de los débiles con o sin intención, por un tema a veces de geoeconomía global.
Del otro lado tenés a alguien que está lavando el dinero que está del lado del delito de los poderosos, que es un profesional, seguramente una persona de clase media, media-alta o alta. Ambos están conectados y deben recibir la atención del Estado. Sin embargo, lo que tenemos es una recaída constante contra el delito de los débiles y no contra el delito de los poderosos, también por las redes de poder que están por detrás de esto. Nuestras cárceles están repletas de personas que forman parte del delito de los débiles y pocas de ellas del delito de los poderosos.
