En julio de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un importante reporte que hace un llamado urgente a los profesionales conocidos como gatekeepers para intensificar su papel en la defensa contra la corrupción y el lavado de dinero. El término gatekeepers se refiere a abogados, contadores, agentes inmobiliarios y proveedores de servicios fiduciarios, quienes, gracias a su acceso privilegiado a información financiera y comercial, desempeñan un papel crucial en la prevención de delitos financieros.
No obstante, si estos profesionales no son supervisados y regulados adecuadamente, pueden, de manera consciente o inconsciente, convertirse en facilitadores de actividades ilícitas. En muchos casos, los actores corruptos necesitan «limpiar» fondos obtenidos ilícitamente, y los gatekeepers pueden ofrecerles el conocimiento técnico necesario para hacerlo, facilitando así la legitimación de ganancias mal habidas.
El GAFI, en sus recomendaciones internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), exige que los gatekeepers adopten medidas preventivas rigurosas. Entre ellas, la debida diligencia del cliente (DDC), que implica conocer la identidad y los riesgos asociados a cada cliente, y la implementación de controles internos que eviten que sus servicios se utilicen con fines ilícitos.
Sin embargo, el reporte señala que, a pesar de más de 20 años de esfuerzos globales, muchos países todavía no aplican completamente estas medidas a los gatekeepers. Esta falta de regulación representa una vulnerabilidad crítica, y la implementación de los estándares ha sido lenta y desigual entre los países miembros del GAFI. De hecho, el 50% del PIB mundial proviene de jurisdicciones que no han alcanzado ni siquiera el 50% de cumplimiento en estas áreas clave.
El informe destaca como particularmente preocupante el hecho de que muchos gatekeepers, especialmente abogados y contadores, no implementan adecuadamente las recomendaciones sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) ni los reportes de actividades sospechosas (ROS). Estas deficiencias dificultan enormemente la detección de operaciones vinculadas al lavado de dinero, lo que permite que la corrupción, especialmente a gran escala, pase desapercibida.
La falta de medidas de control adecuadas crea un ambiente en el que los gatekeepers pueden facilitar, sin darse cuenta, el movimiento de dinero ilícito. El GAFI subraya la importancia de adoptar una supervisión basada en el riesgo, que dote a los supervisores de las herramientas necesarias para monitorear y sancionar a quienes no cumplan con las normativas.
En conclusión, el informe del GAFI deja claro que los gatekeepers tienen una responsabilidad activa en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción. Las jurisdicciones que aún están rezagadas deben priorizar la implementación de las Recomendaciones del GAFI, asegurando que estos profesionales sean una verdadera primera línea de defensa, en lugar de facilitadores inadvertidos de actividades ilícitas.
El fortalecimiento de los controles en este ámbito es esencial para construir un sistema financiero global más seguro y transparente. Solo a través de la colaboración entre gobiernos, asociaciones profesionales y el sector privado se podrán establecer barreras preventivas efectivas que detengan el flujo de dinero ilícito y protejan la integridad de las economías globales.
