La clínica del gremio Camioneros se inauguró tres veces pero nunca había abierto sus puertas. La refacción y la compra del complejo médico son investigadas en la Justicia por sospechas de lavado.
Antilavadodedinero / Clarín.com
El presidente Alberto Fernández recorrió este miércoles las instalaciones del Sanatorio Antártida, propiedad del Sindicato de Camioneros, que finalmente y en plena cuarentena abrió sus puertas para recibir, según aseguraron, a pacientes afectados por el coronavirus. Hugo Moyano participó de esta cuarta inauguración, como había hecho en las anteriores. El sanatorio, ubicado en pleno corazón de Caballito, nunca llegó a funcionar pese a sus reiteradas aperturas.
El Sanatorio Antártida esconde una oscura historia. La operación de compra y venta ejecutada por la Obra Social del gremio y la refacción edilicia son objeto de una investigación por lavado de activos en la justicia federal. Pese a eso, desde el gremio aseguraron que las 300 camas del complejo están a disposición de los pacientes.
El sanatorio, cuyo administrador anterior quebró en 2005, fue adquirido por el gremio que conduce Moyano supuestamente para dar servicios a los Camioneros. Luego de refacciones, en 2009 se realizó la primera reinauguración pero nunca llegó a funcionar. En 2017 hubo un segundo corte de cinta con el mismo resultado final: el lugar no funcionó. Y en 2018, bajo la gestión de Mauricio Macri, se festejó el tercer acto inaugural, pero otra vez las puertas quedaron tapiadas.
Esas inauguraciones fueron en verdad simuladas, y el sanatorio nunca dio servicios a los afiliados a pesar de tener el equipamiento necesario.
El edificio es de 14 pisos y la obra cubierta abarca 15.000 metros cuadrados, con capacidad declarada para 300 camas. Entre sus servicios incluiría las áreas de Pediatría y Neonatología, una Unidad de Terapia Intensiva, sala de Preparto, Guardia Médica, área de Postoperatorio, laboratorio de análisis clínicos, laboratorio de inmunohematología, un resonador magnético, salas de rayos X y dos tomógrafos, entre otros.
Cuando la Obra Social de gremio realizó la venta del Sanatorio a Camioneros, Moyano ordenó una refacción que estuvo a cargo de Aconra S.A, según señala una placa en el mismo edificio. La empresa constructora es propiedad de la familia Moyano, y al frente de la compañía figura la esposa del camionero, Liliana Zulet. «Gracias a vos también, Liliana», le agradeció este miércoles el presidente Alberto Fernández en el acto inaugural.
Graciela Ocaña, referente de Cambiemos, fue la responsable de denunciar ante la Justicia Federal las presuntas irregularidades: la compra en 2005 fue por 10 millones de pesos, y la venta al sindicato por 334 millones de pesos. Los números constan en la documentación adjunta en la causa por lavado de dinero que tiene como foco principal a la obra social de los camioneros.
La UIF denunció estos manejos bajo la sospecha de “irregularidades en la administración de los recursos” y apunta, precisamente, a operaciones por más de 200 millones de pesos que esa compañía constructora -y otras dos del clan- realizaron con el gremio que hoy dirige formalmente Pablo Moyano. Esto incluía al Sanatorio.
El circuito es más amplio. Entre septiembre 2010 y marzo de 2011 hubo fondos de la Obra Social desviados a una cuenta de Aconra Construcciones, cuya principal accionista es Valeria Salerno (hija de Liliana Zulet, cónyuge de Moyano). En esos movimientos ingresaron $220.828.867,56.
De una muestra preliminar de 26 cheques por $105 millones que analizó la UIF, la totalidad fue librada por el Sindicato de Choferes de Camiones y firmado por Pablo Moyano, como Secretario Adjunto. Según el informe al que accedió Clarín, la modalidad «se habría mantenido hasta la actualidad, atento que entre febrero y julio de 2017 se habrían registrado en la misma cuenta acreditaciones por un monto de $113 millones, de las cuales el 90% correspondería a Camioneros». Es decir, sólo tomando en cuenta esos dos períodos, unos 206 millones de pesos.
En la denuncia que tenía el juez Claudio Bonadio y ahora instruye Marcelo Martínez de Giorgi, se planteó que en función de los balances de la obra social y las empresas se observa “una serie de sociedades que llevan adelante operaciones comerciales que no tienen sentido económico y que en realidad llevan adelante una integración horizontal que traspasa fondos originados en tributos obligatorios de la salud y de los trabajadores a estas sociedades creadas al efecto de manejar los costos de las prestaciones y de traspasar, en una clásica operación de lavado, estos a su patrimonio personal dando apariencia de legalidad”.
La hipótesis en la investigación es que aquella diferencia en los costos de la operación, «se explica por dos maniobras. Una: para justificar la millonaria refacción que estuvo a cargo de Aconra, la constructora de Liliana Zulet, esposa de Moyano. Y dos: la necesidad de bajar el enorme déficit de la obra social», sostiene la denuncia..
Como informó Clarín en su momento, la obra social de Camioneros tiene un déficit de 1.263 millones de pesos. Esta diferencia entre el ingreso y el egreso se debe, entre otras razones, a que “el costo por afiliado supera en un 43 % al promedio de otras obras sociales”. Además, el déficit responde también a los sobreprecios en la compra de medicamentos con “un 60% más que el costo promedio del mercado”, se analizó en el expediente.
