A una semana de darse a conocer la sentencia de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que descarga a los últimos implicados en el caso Odebrecht, esta continúa generando una oleada de comentarios, la mayoría críticos.
Las opiniones se dividen entre quienes ven en la decisión judicial una debilidad intrínseca de la acusación que presentó el Ministerio Público y aquellos que la atribuyen a razones políticas, dígase la impunidad que -se alega- existe en el país para los casos de corrupción administrativa.
Con la sentencia se absuelve de responsabilidad penal a los últimos dos acusados que restaban en el expediente del caso Odebrecht: Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, y Ángel Rondón, lobista y representante de la empresa brasileña en el país.
El desplome del caso, sin embargo, no es exclusivo de República Dominicana.
El propio presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, condenado en 2016 a 19 años de prisión por las acusaciones de soborno a cambio de contratos de obras, fue favorecido en mayo pasado con la anulación de las sentencias en su contra.
Contrario a la decisión del caso dominicano, que se sustentó en la falta de pruebas, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) se basó en supuestas violaciones al debido proceso. Un tecnicismo legal.
Con argumentaciones similares, ese mismo tribunal revocó en 2021 las sentencias que pesaban contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también condenado por supuesta corrupción pasiva y lavado de activos, en el marco de la investigación conocida en su país como Lava Jato.
Las violaciones al debido proceso que encontró el Supremo brasileño enfilaron investigaciones en contra de fiscales y del juez que conoció la acusación, Sergio Moro, al que se atribuyó actuar con parcialidad en el caso.
Para la decisión en la República Dominicana, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, absolvieron a Díaz Rúa y a Rondón Rijo «por no haberse probado la acusación» y ordenaron devolverles los bienes.
La decisión cerró el caso que databa de 2017 con 14 imputados, de los que solo siete fueron acusados formalmente, y apenas los antes mencionados condenados en primera instancia, una decisión que fue confirmada en la corte de apelación.
Desde entonces, en el país han vuelto a resurgir las críticas por la impunidad en que queda el hecho, pese a la admisión del pago de 92 millones de dólares en soborno que hizo Odebrecht, un delito que salpicó a muchos funcionarios, incluido el presidente Danilo Medina.
Al analizar la sentencia, el abogado José Luis Taveras critica que, pese a que el caso daba la oportunidad de romper con una historia de impunidad en la República Dominicana, aportando confesión del sobornador, colaboración judicial internacional, etcétera, se cayó por un problema de fondo: «el investigador».
Cita directamente al exprocurador Jean Alain Rodríguez, de quien dice, no podría presentar una acusación a la altura de los medios dispuestos, «porque iba a alcanzar a su gobierno y a su jefe político, Danilo Medina».
El expresidente fue señalado de forma directa por el ejecutivo de Odebrecht, Rodrigo Tacla, quien en una entrevista para el periódico El País en 2017 declaró: «Odebrecht tenía una relación muy cercana con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, al que le había recomendado como asesor al publicista Joao Santana».
Tacla, quien trabajó para el departamento de Operaciones Estructuradas, desde donde se pagaban los sobornos, declaró entonces que la idea de mover esa estructura desde Brasil a Santo Domingo, fue para tener mayor control ante posibles investigaciones
