Es la primera vez que la Unión Europea se dota de una norma común para blindar a los ‘soplones’ que desvelan casos de corrupción u otro tipo de irregularidades frente a posibles represalias. Estos delatores han jugado un papel clave para sacar a la luz escándalos como los de Cambridge Analytica, el Dieselgate, los LuxLeaks o los papeles de Panamá. Sin embargo, a menudo han tenido que sufrir campañas de difamación, despidos e incluso condenas judiciales. La nueva directiva, que ha sido acordada esta madrugada por la Eurocámara y los Estados miembros, pretende facilitar a estas personas cauces seguros para que planteen sus denuncias.
«Debemos proteger a los denunciantes para que no sean penalizados, despedidos, degradados o demandados ante los tribunales por actuar correctamente en beneficio de la sociedad», ha dicho el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, tras conocerse el acuerdo. La nueva directiva, ha agregado, garantiza que los ‘soplones’ puedan «informar de manera segura sobre las vulneraciones del derecho comunitario en diversos ámbitos». La protección cubre entre otras las denuncias por fraude, corrupción, evasión fiscal o daños a la salud de las personas y el medio ambiente.
La norma obliga a las empresas a crear procedimientos internos para gestionar de forma segura estas denuncias de irregularidades. Dependiendo de las circunstancias del caso, los ‘chivatos’ podrán escoger si informan primero a la empresa afectada o si acuden directamente a las autoridades nacionales competentes o a las instituciones de la UE.
Si tras la denuncia no se adoptan las medidas oportunas -debido, por ejemplo, a que las autoridades se hallan en connivencia con el autor del delito-, o si existe peligro inminente o manifiesto para el interés público, los ‘soplones’ podrán divulgar la información también a los medios de comunicación. De este modo, la directiva permite proteger a los denunciantes cuando actúan en calidad de fuente en el contexto del periodismo de investigación.
La directiva blinda a los ‘chivatos’ frente al despido, la degradación y otras formas de represalia. También gozarán de protección en los procedimientos judiciales. Además, exige a las autoridades nacionales que informen a los ciudadanos sobre los procedimientos de denuncia y la protección a la que pueden acogerse.
En la actualidad, sólo 10 países de la UE tienen una legislación global para proteger a los delatores. Se trata de Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido. En el resto de países de la UE, la protección es parcial: sólo cubre a los funcionarios o a algunos sectores.
ALD/EE
