Bruselas se resigna a las cuentas más exiguas en 30 años a pesar del salto en las competencias comunitarias que necesitan financiación
Antilavadodedinero / El País
Menos dinero para más competencias. El próximo marco presupuestario de la Unión Europea (que deberá estar vigente entre 2021 y 2027 y que será el primero sin el Reino Unido), según fuentes diplomáticas, rondará los 1,04 billones de euros, lejos de las cifras propuestas por la Comisión Europea (1,13 billones) y el Parlamento (1,32 billones). El regateo arrancará en la cumbre europea extraordinaria del próximo día 20. El acuerdo final, que se espera alcanzar durante este semestre, pasa por recortes de más del 10% en fondos estructurales y agrícolas, las dos partidas defendidas por países como España.
La negociación ha entrado este mes en una larga recta final. Y pase lo que pase en las próximas semanas, la única certeza en Bruselas es que el regateo desembocará en un considerable recorte en relación con el periodo anterior, con los fondos estructurales y agrícolas como grandes sacrificados. El tijeretazo lo llevará a cabo el Consejo Europeo, donde se sientan los líderes de los 27 Gobiernos. Ellos tienen la última palabra, aunque también deben calcular que necesitan el visto bueno del Parlamento Europeo para que el nuevo marco entre en vigor.
El resultado final apunta ya al presupuesto más reducido desde 1988, cuando la UE adoptó el modelo presupuestario plurianual. La caída ha sido constante desde el periodo 1993-1999 (cuando se alcanzó el 1,28% de la renta nacional bruta de la UE). En el periodo actual, de 2014 a 2020, el porcentaje había llegado al 1%, pero sin tener en cuenta la participación del Reino Unido en realidad estaba en un 1,16%. Así, el marco en ciernes supondrá un nuevo descenso. Fuentes diplomáticas sitúan el acuerdo en torno al 1,03% de la renta nacional bruta. Se trata de una cifra muy alejada de la propuesta inicial de la Comisión para el periodo que comienza en 2021 (un 1,11%).
Los países partidarios de este gran ajuste argumentan que es acorde con una Unión menguante que acaba de perder con el Reino Unido a uno de sus socios más pujantes. Las instituciones comunitarias, en cambio, temen que se ponga en peligro la financiación de nuevas prioridades, como el control de fronteras, la investigación y la defensa. Para los países que, como España, perciben importantes fondos europeos, el recorte amenaza la inversión pública, la convergencia económica y al sector agrícola.
Gira por Estados
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha constatado todas esas divergencias en la ronda de consultas bilaterales celebrada la semana pasada con casi todos los presidentes de Gobierno, entre ellos Pedro Sánchez. Durante los encuentros con Michel cada bando ha mantenido sus posiciones. Pero el consenso se precipita a la baja y el acuerdo, según fuentes diplomáticas, se moverá entre el 1% exigido por los llamados países frugales (Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca), que defienden un gasto más limitado, y el 1,07% planteado el mes pasado por Finlandia en su calidad de presidencia semestral de la UE, que ahora ostenta Croacia.
Las fuentes consultadas indican que el dial se mueve, de momento, más cerca de la frugalidad que del techo finlandés, aunque el Parlamento Europeo, que también debe dar el visto bueno, empuja hacia arriba para evitar un descomunal tijeretazo.
“Me temo que los Gobiernos no están preparando a la opinión pública para los drásticos recortes que van a llegar”, lamenta una fuente comunitaria a solo dos semanas de la cumbre presupuestaria del próximo día 20. Ninguna de las fuentes consultadas confía en que esa cita logre cerrar el acuerdo, aunque alguna no descarta sorpresas.
Todas coinciden, sin embargo, en que el rifirrafe del día 20 dará ya una idea del hachazo que va a sufrir la propuesta inicial de la Comisión, que aspiraba a movilizar 1,13 billones de euros (o 1,11% de la renta nacional de la UE) para cubrir tanto el agujero presupuestario que deja Londres (unos 10.000 millones de euros anuales) como la financiación de nuevas prioridades. A ello se añade las promesas realizadas por la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuyo Pacto Verde necesitará detraer recursos, con toda probabilidad, de partidas tradicionales como la agricultura o la cohesión.
“El dinero es el que hay y lo que hace falta es elegir bien en qué se gasta”, advierte una fuente diplomática de uno de los socios contribuyentes netos (los que aportan más de lo que reciben). Esa fuente señala que dos tercios de los recursos se destinan a la Política Agrícola Común y a los fondos estructurales, por lo que es imprescindible recortar en esos capítulos para financiar áreas como la investigación, el desarrollo tecnológico o el control de fronteras.
La Comisión había planteado un recorte del 11% en fondos de cohesión y del 15% en agrícolas mientras aumentaba partidas como investigación (29% más) o seguridad (84% más) y disparaba el Fondo Europeo de Defensa (de 600 millones a 11.500 millones de euros).
Pero la presión de Francia en agricultura y la de los llamados amigos de la cohesión (grupo en el que milita España) a favor de los fondos estructurales aspira a suavizar ligeramente sus recortes aunque sea a costa de mutilar las nuevas ambiciones. La partida que corre más peligro, según fuentes diplomáticas, es el Fondo Europeo de Defensa “porque no tiene nadie que lo defienda a ultranza”.
Austeridad y Despilfarro
El desenlace podría ser unos presupuestos como los de siempre (con más del 50% concentrado en los subsidios tradicionales) pero más exiguos. A pesar de su escasa envergadura (sea cual sea la cifra final, no representará más del 2% del gasto público en Europa), el regateo desencadenará una gran batalla política que dice más de la falta de ambición comunitaria de la mayoría de los miembros que de una lucha al uso entre austeridad y despilfarro.
“Haría falta más dinero pero no lo va a haber, así que hay que ajustar las cuentas”, zanja una fuente diplomática del norte de la Unión. A la discusión sobre el ajuste se añadirán otras dos trifulcas. Una, sobre la intención de París y Berlín de poder recortar los fondos estructurales a los países que violen los valores fundamentales de la UE, con Polonia y Hungría en el punto de mira. Y otra, sobre la propuesta de la Comisión de suprimir los llamados cheques de rebaja —permiten a determinados Estados miembros una reducción en sus aportes al fondo común— que perciben Alemania, Suecia, Austria y Dinamarca.
Fuentes diplomáticas creen que Polonia aceptará la introducción del mecanismo de castigo a cambio de salvar buena parte de los cuantiosos fondos estructurales que recibe (86.000 millones de euros en el periodo actual). En cuanto a los cheques, sus beneficiarios los consideran indispensables para llegar a un acuerdo, porque de otro modo, aseguran, su contribución se dispararía. Las cifras de la Comisión no avalan ese temor (de hecho, en porcentaje de renta nacional bruta de Bulgaria aportará más que Alemania, o Polonia más que Hungría). Aun así, Berlín confía en salvar las rebajas a cambio de un pacto con Francia sobre los subsidios agrícolas.
