La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo, solicitó al gobierno de Andorra, en el contexto de los tratados de cooperación internacional, información sobre las operaciones de lavado de dinero que presuntamente realizaron 23 empresarios e inversionistas mexicanos por un monto superior a 48 mil millones de pesos.
AntilavadoDeDinero / jornada.com.mx
La UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitó a su homóloga de Andorra el acceso al expediente y también ofreció en reciprocidad coadyuvar con la entrega de información recabada en México, según confirmaron este domingo fuentes cercanas.
La solicitud de información se realizó a través de canales y mecanismos confiables como la página web segura de Egmont y otros canales reservados al uso de personal autorizado.
El Grupo Egmont es una instancia internacionalmente reconocida que reúne a más de 150 unidades de inteligencia financiera de diferentes jurisdicciones del mundo, cuyo objetivo es fomentar la cooperación y el intercambio de información entre ellas (a través de la Red Segura de Egmont-ESW) para luchar de manera coordinada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Andorra ingresó oficialmente al Grupo Egmont el jueves 31 de diciembre de 2009, por lo que se mantienen abiertos estos canales de comunicación.
Este sábado los medios informaron sobre la operación contra el lavado de dinero que realizó la justicia de Andorra que determinó confiscar 2 mil millones de euros, unos 48 mil millones de pesos, que presuntamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos y son producto del narcotráfico y la corrupción.
Sobre la identidad de los presuntos empresarios e inversionistas mexicanos que tenían sus depósitos en el Banco Privado de Andorra, no se puede revelar debido a que forma parte de una investigación judicial que requiere mantenerse en secrecía por los acuerdos internacionales que existen entre la UIF y sus homologas de otros países.
Las indagatorias en Andorra surgen a partir de las investigaciones al abogado Juan Collado, a quien se le detectó la recepción de recursos hasta 2017 de 90 millones de dólares a través de cuentas de la casa de cambio Tiber y sociedades fiduciarias como el Grupo Fidemont.
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