La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene bajo la lupa a 54 empresas inmobiliarias y constructoras en Puebla, a las que ha congelado cuentas bancarias por estar presuntamente implicadas en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Antilavadodedinero / Elciudadano
El boom inmobiliario y urbanístico que soporta el crecimiento económico en el estado tiene un lado negativo y algunas de sus acciones paralelas han sido detectadas como posibles delitos, según el Modelo de Riesgo que detecta casos de corrupción en el sistema financiero mexicano.
El sector inmobiliario en Puebla registró un crecimiento de hasta 178 por ciento en un periodo de 15 años. Según cifras del INEGI, pasó de 2 mil 41 unidades económicas, que tenía en 2003, a 3 mil 638 unidades económicas, para el año 2018.
En detalle, el subsector Inmobiliarias y Corredores de Bienes Raíces pasó de 107 unidades económicas a 267 en el mismo periodo, para un crecimiento de 249 por ciento.
Forman parte de este subsector firmas como Inmobiliaria Camafra, Grupo Dera, Rent & Business, Grupo Proyecta, Inmobiliaria Grupo Rueda, Master House, Remax Angelópolis Inmobiliarias y Silka, según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).
A su vez, el sector de la Construcción creció un 186 por ciento, según el INEGI, en 2033 había 457 unidades económicas y en 2018 el registro fue de 851.
Actividades vulnerables en inmobiliarias y constructoras
En la respuesta a la solicitud de información 330026322002327, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó que ha recibido 60 mil 415 avisos de actividad vulnerable en los sectores inmobiliario y de la construcción en Puebla desde 2017 a julio de 2022. “Por los derechos personales de uso o goce de inmuebles” los reportes suman 43 mil 675; por “Desarrollos Inmobiliarios”, son 1 mil 337 y por “Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles”, hay 15 mil 403 avisos.
De acuerdo con el cumplimiento del Recurso de Revisión 12368/20, de 2018 a 2020, la UIF congeló en Puebla más de 25 mil operaciones bancarias en las que se hicieron depósitos por más de 12 mil millones de pesos, de personas físicas y morales, para actividades que pudieran favorecer, ayudar, auxiliar o dar cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Según al alcance de la respuesta, el giro mercantil que destaca en el desglose de las cuentas bancarias bloqueadas por actividades “de riesgo” es el espectro inmobiliario, urbanístico y constructor.
Desde el año 2020 y principios de 2021, las empresas de esos sectores son investigadas por extorsión, delitos fiscales, delitos contra la salud, corrupción e incluso por trata de personas (en tres casos).
Siguen la pista a compras de inmuebles de lujo
La compra de bienes inmuebles de lujo y las operaciones financieras de altos montos suelen estar relacionadas con el lavado dinero, al punto que la Ley Antilavado las cataloga como “actividades vulnerables”.
De acuerdo al reciente informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), más del 14 por ciento de los avisos totales recibidos involucran a los sectores mencionados.
En el padrón de las empresas investigadas consta que se han congelado cuentas a cuando menos siete empresas dedicadas a la Construcción de Pistas de Aterrizaje, Ductos y Otras Obras Vinculadas a las Vías de Comunicación y a otras seis inmobiliarias o grupos empresariales dedicados a las construcciones de bienes inmuebles, construcción residencial y comercial en Puebla.
El giro de empresas de la Construcción de Edificios para Oficinas, Escuelas, Hospitales, Hoteles y Otros no Residenciales tiene al menos 12 casos en curso, y el de las sociedades Constructoras de Vías de Comunicación.
En el listado figuran también cuatro negocios que prestan servicios de Asesoría y Estudios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería (diseño industrial) y cuatro firmas de Construcción de Casas y Techos Desarmables.
Con más de un caso están presentes empresas Desarrolladoras de Vivienda, sociedades Representantes de “Casas Nacionales”, y un negocio dedicado a la Construcción de Edificios Industriales y para Fines Análogos, además de negocios de Servicios de Acabado Prestados por Subcontratistas, empresas de Urbanización, negocios vinculados a la Construcción de Vivienda Tipo Medio, firmas que otorgan Préstamos para la Construcción de Vivienda tanto de Interés Social como Provenientes de la Reserva para Pensiones del Personal y empresas de Compraventa de Materiales Para Construcción.
La UIF encontró que una empresa de Construcción de Inmuebles y dos compañías dedicadas a la Administración de Inmuebles estarían vinculadas a la trata de personas.
Boom inmobiliario gracias a una acción de estado
De acuerdo con Jorge Álvarez Méndez, doctor en Economía Política del Desarrollo por la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el boom inmobiliario en Puebla ha marcado una etapa no sólo urbana sino en todo el desarrollo económico a partir de las expropiaciones en la zona de Angeló.
Según el autor de la tesis “Hegemonía del capital inmobiliario en las políticas públicas de desarrollo urbano. Zona metropolitana de la Ciudad de Puebla (1993-2018)”, fueron el decreto expropiatorio de 1992 y la reforma al artículo 27 constitucional, los que permitieron que los ejidos, inembargables hasta entonces y no sujetos de mercado, fueran objeto de transacciones comerciales.
“Esas transformaciones legales se dirigían a dar un vuelco para permitir la enajenación de terrenos ejidales y así poder desincorporarlos de su forma original, e insertarlos a un mercado de suelo”
Jorge Álvarez Méndez
Doctor en Economía Política del Desarrollo por la Facultad de Economía de la BUAP
En el sur se asienta el “corazón inmobiliario” de Puebla
Con el argumento del agotamiento de las reservas disponibles de crecimiento en Puebla, se incorporaron cuatro ejidos para el nuevo reordenamiento.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 4 de mayo de 1992, se publicaron los decretos para la expropiación “por causa de utilidad pública” de terrenos ejidales en los municipios de San Bernardino Tlaxcalancingo y del poblado (municipio) San Andrés Cholula, Santiago Momoxpan (en San Pedro Cholula), y el poblado La Trinidad Chautenco (Cuautlancingo).
Las superficies se destinarían a la constitución de reserva territorial para el “ordenamiento urbano de la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla”. Álvarez considera que el despojo mayor lo sufrió el poblado San Andrés Cholula, con mil 81 hectáreas, donde empezó la construcción del corazón comercial, residencial, inmobiliario de la capital.
“Fue una acción de estado, con todo el sentido de la palabra. Se despoja a campesinos ejidales y se funda un capital ahí. Más tarde sólo vendría la detonación de otros proyectos como La Vista Country Club y Lomas de Angelópolis, que siguen en expansión”.
El investigador académico agregó que en términos fiscales, esas zonas tienen la mayor inversión pública y polarizan el territorio, pues colindan con “asentamientos irregulares, colonias sin servicio (y) núcleos aislados.”
El proceso de acumulación originaria no ha detenido su curso y “a la fecha son como 3 mil hectáreas, más los desarrollos actuales que se han vuelto el patrón urbanizador”, concluyó.
