El grupo de apuestas Luckia (también conocido como Egasa) ha trasladado desde A Coruña hasta Ceuta su filial de juego online, Luckia Games, para sacar partido a la baja fiscalidad que ofrece la ciudad autónoma al sector.
Lo ha hecho tres años después de romper en junio de 2016 la alianza que mantuvo durante un lustro con empresarios acusados de blanqueo con los que ultimaba la apertura de un casino en Panamá.
La joint venture panameña de Luckia se llamaba Egawest INC y tenía como socios al grupo español y la familia Waked, multimillonarios colombianos de origen libanés afincados en Panamá desde hace décadas que fueron incluidos en mayo de 2016 por el Tesoro de EEUU en la denominada lista Clinton, emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) para identificar a personas relacionadas con el crimen organizado. La empresa tenía como vicepresidente a Henri Mizrachi, empresario inmobiliario al que la Fiscalía de Panamá investiga desde 2017, junto a más de 30 personas, por presunto blanqueo de capitales en la compra de un grupo editorial.
Egawest se disolvió mes y medio después de la inclusión de los Waked en esa lista negra y tras la detención de uno de los miembros de la familia en Colombia. El escándalo estalló poco antes de la fecha de apertura prevista del casino, en el que Luckia había anunciado una inversión de 15 millones de euros. Iba a estar ubicado en el mega complejo inmobiliario Soho, en Panama City, que con una inversión total de 400 millones de dólares aspiraba a ser el centro comercial más exclusivo de América Latina. El proyecto incluía la apertura del primer hotel Ritz Carlton de Centroamérica, que tampoco llegó a inaugurarse.
José González Fuentes, presidente de Luckia y de aquella empresa panameña, considera «una injusticia» recordar su antigua vinculación con esos socios panameños. En conversación telefónica, subraya que rompió su alianza en cuanto conoció «el primer indicio» de las presuntas actividades ilícitas de los Waked que, dice, «salieron limpios» de las acusaciones de las autoridades estadounidenses, según su versión.
El pasado 10 de agosto, la Corte Suprema de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó la permanencia de los Waked en esa lista de personas ligadas al blanqueo, en un dictamen que recordaba que, según la OFAC, los exsocios de Luckia habían utilizado «inversiones en el sector inmobiliario, préstamos bancarios y otras transacciones en efectivo para lavar dinero de la droga» de organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa (México). Entre esas inversiones se citaba expresamente el complejo Soho que iba a albergar el casino del grupo español.
Los Waked, que en 2018 demandaron al Estado panameño para reclamar una indemnización millonaria por su inclusión en esa lista negra (que supuestamente tuvo su origen en información de las autoridades de ese país) cayeron en desgracia el 5 de mayo de 2016, cuando la policía colombiana detuvo a instancias de la Agencia Antidroga de EEUU (DEA) a uno de los miembros del clan, Nidal Waked, sobrino del patriarca de la familia, Abdul Waked.
La DEA dijo entonces que Nidal Waked tenía «una larga historia de blanqueo de dinero en beneficio de algunas de las redes criminales y de tráfico de drogas más implacables y sofisticadas del mundo». Pese a tan graves acusaciones, Nidal Waked regresó a Panamá en mayo de 2018, tras cumplir una condena de 27 meses de prisión y después de un acuerdo con las autoridades estadounidenses para declararse culpable en una trama de facturas falsas. «De las acusaciones de lavado de dinero no le han encontrado nada», sostiene el presidente de Luckia.
El cantautor panameño Rubén Blades extrajo otra lectura cuando trascendió ese acuerdo en octubre de 2017: «Waked acepta su culpa a cambio de que no hubiese un juicio público que le obligara a declarar en contra de terceros, y/o a divulgar públicamente lo que probablemente ha confesado en privado». «Minimizar el resultado del caso, aduciendo que el lavado no involucró al narcotráfico, es una patética e inútil maniobra dirigida a desinformar», escribió entonces el artista, abogado y exministro, que en 1994 fue candidato a la presidencia de Panamá.
El 60% de Egawest, la promotora del casino en el que participaban los Waked, pertenecía a Luckia Gaming Group, del grupo español, que en 2017 deterioró íntegramente esa participación, según sus últimas cuentas disponibles. Los Waked se sentaban en el directorio de la firma desde mayo de 2011, cuando se incorporó como director y secretario Mohamed Abdo Waked Darwich. Hijo de Abdul Waked, todavía figura en la citada lista negra de la OFAC junto a su padre y otros miembros de la familia y fue, junto al presidente de Luckia, el encargado de liquidar la sociedad en junio de 2016.
Egawest había sido constituida en marzo de 2010, con el máximo responsable de Luckia como presidente y Henri Mizrachi como vicepresidente. Este último, panameño de origen judío y socio del expresidente panameño Ricardo Martinelli (actualmente en prisión en EEUU por un caso de supuesto espionaje y con varias causas de corrupción a sus espaldas), fue nombrado consejero de la Autoridad del Canal de Panamá por Martinelli en 2013, puesto que todavía hoy ocupa pese a la acusación de la Fiscalía.
El oasis ceutí
Tres años después del naufragio de ese proyecto en Panamá, Luckia ha puesto los ojos en Ceuta. Según el Registro Mercantil, fijó allí en marzo pasado la sede de su filial de juego online Luckia Games. Con ello, según su presidente, quiere «aprovechar el nuevo marco» que aprobó «muy acertadamente» el Gobierno de Mariano Rajoy para atraer inversiones del sector a esa ciudad autónoma y a Melilla. «El objetivo es estar allí instalados antes de final de año», señala.
En competencia con Gibraltar y Malta, Ceuta ofrece a las empresas del sector grandes ventajas fiscales: pagan la mitad que en la Península por el Impuesto sobre Actividades del Juego (10% del beneficio neto), un 7,5% de Sociedades los dos primeros años, un 60% menos de IRPF y un 50% de cotizaciones a la Seguridad Social. Además, Ceuta no aplica IVA y la tributación indirecta local, el IPSI, se acaba de reducir al 0,5%, por debajo del tipo que grava servicios básicos como el abastecimiento de agua potable (1%).
Luckia, una de las empresas más potentes de este sector en España, ha seguido los pasos de su rival Codere, cuya filial Codere Online está radicada en Melilla desde octubre. Creada en 2011 al calor de la legalización del juego online, Luckia Games ya estuvo cerca de alcanzar beneficios por primera vez en 2017, último ejercicio disponible. Facturó 136,1 millones y, una vez descontados los gastos y 122,687 millones en premios a los jugadores (el sector necesita atraer elevadísimos volúmenes de apuestas para alcanzar la rentabilidad), perdió 596.000 euros.
El presidente de Luckia subraya que uno de sus principales competidores en el segmento de las apuestas online, la británica Bet365, controlada desde el paraíso fiscal de Gibraltar (aunque acaba de anunciar que trasladará a Malta esa actividad), tiene «una cuota de mercado muy alta» y «ningún trabajador en España».
El grupo gallego, con unos 2.600 empleados, notable presencia internacional y una facturación de unos 500 millones, tiene en España casinos tan emblemáticos como el de La Toja y cuenta con más de 2.400 terminales de juego, según su web.
Aunque su dueño lo niega («En salones de juego, no hemos crecido mucho; tendremos unos ochenta y pico», dice), Luckia se ha sumado a la fiebre de aperturas de locales (también a través de sus denominados Sport Café) que han puesto en alerta a varias formaciones políticas ante la proliferación de estos establecimientos en los barrios más pobres de muchas ciudades españolas, en un asunto que ha tenido cierta importancia en la campaña de estas elecciones autónomicas.
González Fuentes lamenta el «doble rasero» que a su juicio se ha instalado en la opinión pública respecto al juego privado en comparación con los operadores públicos, Loterías y la ONCE. «Más de un 95% de los clientes del juego privado juegan por entretenerse y no por el premio en comparación con la mayor parte de los clientes de los juegos públicos que juegan para solucionarse la vida», indicó en una entrevista publicada el jueves en el portal Infoplay en la que lamentó la presión social y mediática que «injustificadamente sufre y soporta el sector, como nunca se ha visto», y arremetió contra el Defensor del Pueblo, al que pidió «más rigor» en sus recomendaciones.
ALD/Eldiario
