Hace una semana, el Ministerio de Justicia anunció el cierre del 40% de los Registros Automotores, con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites. Entre las medidas se anunció la eliminación de la cédula azul. Cuando la iniciativa entre en vigencia, se podrá circular tan sólo exhibiendo la cédula verde del titular del vehículo.
Esta decisión puntual alertó a especialistas en lavado de dinero que sostienen que la cédula azul, era una “prueba útil en causas de corrupción para detectar testaferros”, y “una herramienta que posibilita entablar vínculos y relaciones cuando se investigan el lavado de dinero o el enriquecimiento ilícito”, señalaron fiscales especializados en la materia.
Si bien la eliminación de la cédula azul se anunció como parte de las celebradas medidas para a reducir costos y burocracia en organismos del Estado, era utilizada en las causas penales donde se investigan maniobras de corrupción.
Según estableció Clarín, desde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ya manifestaron ante las autoridades de la cartera de Justicia la preocupación por la eliminación de esta tarjeta.
A ese planteo se suman otras voces especializadas en delitos económicos y operaciones de blanqueo de activos. “La inteligencia financiera se vale de varios insumos para el rastreo de pistas de lavado de activos provenientes del narcotráfico, la corrupción o la trata de personas.
Las personas implicadas en estas maniobras en general no aparecen con su nombre sino que utilizan a testaferros (personas físicas o jurídicas) que adquieren los bienes”, explicó a Clarín María Eugenia Talerico, quien se desempeñó como subdirectora de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Cambiemos.
Respecto a las cédulas azules, la ex funcionaria y abogada especializada en delitos de corrupción señaló que cuando se trata de los automotores, “entre otra información que se podía reunir, las cédulas azules nos conducían a los verdaderos propietarios de los autos”, y que esto permitía avanzar en la pesquisa para desentrañar vínculos que se utilizarían para esconder a los verdaderos titulares de vehículos.
Consultados por este medio, desde el Ministerio de Justicia relativizaron este criterio y reiteraron que al respecto “todo lo que se tenía que decir sobre los Registros del Automotor se planteó en el comunicado de prensa”.
Con la eliminación de la cédula azul, “cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil”. La medida acompaña a otras anunciadas en relación a los Registros Automotores, que resultaron ser una relevante caja para la política. De hecho, gran parte del 40% de las oficinas que se cerrarán se encuentran intervenidas hace más de dos años.
Fuentes judiciales explicaron que la tarjeta azul “no debería eliminarse, sino facilitar su utilización, hacerla gratuito, y digital, así más personas registran personas autorizadas para manejar y contribuyen a iniciar investigaciones y estudiar las relaciones a partir de los vehículos. No es la única prueba, pero sí un indicio que en muchos expedientes posibilita investigar sociedades que autorizan a personas a manejar vehículos y desde allí se pudo determinar si tenían una relación que se buscaba ocultar”.
Un juez federal con experiencia en causas de lavado de dinero señaló que la cédula azul, “es una medida de prueba que se usa siempre, son varios los expedientes en los que se tuvo en cuenta para comenzar a desentrañar vínculos societarios y de prestanombres”. Se observa el uso de estas maniobras en los casos de narcotráfico: “como los narcos no pueden registrar vehículos a su nombre, utilizan las cédulas azules para no figurar directamente”, explicó la misma fuente.
Una herramienta clave en la causa del escándalo de los seguros
Un caso más reciente. En la causa donde se investiga el entramado de contratos por parte del Estado con Nación Seguros, donde se contó con la intermediación de una veintena de brokers, el juez Julián Ercolini detectó un circuito irregular de Aseguradoras y Cooperativas que se habrían utilizado para desviar fondos de los contratos. Llegó a ese punto a través de una serie de tarjetas azules emitidas sobre autos de alta gama.
Desde Comodoro Py, otro juez federal con larga trayectoria en casos de lavado de activos señaló que las cédulas azules “revelan el beneficiario final, quien usa la cédula azul a veces es el auténtico dueño del vehículo. Indiciariamente, el título de propiedad aparece a nombre de un tercero y la tarjeta sirve para ver quién es el verdadero dueño. Es una práctica que parece en hechos de lavado como en el enriquecimiento ilícito, maniobras utilizadas para confundir y esconder y disimular el patrimonio”.
Particularmente con los autos, continuó explicando el mismo magistrado, “quién es dueño del auto lo quiere usar pero como está ‘escondido’ ante la AFIP no figura como dueño pero en realidad lo es, y utiliza cédulas azules. La tarjeta azul también permite dar con el uso de testaferros en causas de lavado. Lo primero que se hace es mirar al grupo familiar del sospechoso: a veces no tienen trabajo y tienen muchos vehículos a su nombre, e incluso con cédulas azules que autorizan al narco a manejar. Es un indicio enorme de que los autos se compraron con ganancia ilícita y que está oculto el verdadero dueño”.
Las tarjetas también son útiles en investigaciones por enriquecimientos ilícito: “en estos casos el funcionario se cuida y no aparece poniendo su titularidad, pero si un miembro de la familia tiene un crecimiento apreciable de dinero y encima emite tarjetas azules a nombre del funcionario, ahí hay una gran sospecha de que el origen de todo ese patrimonio es el funcionario”, detalló otro juez federal que tramitó casos recientes de enriquecimiento ilícito.
Desde la Procuración General de la Nación, que nuclea a todos los fiscales, otra fuente señaló que “indiscutiblemente la tarjeta azul es una una herramienta importante. Hay que entender de todos modos que no es la única, que sirve y se utiliza en causas de narcotráfico muchas veces porque se está siguiendo un vehículo y muchas veces es una manera de dar con los cabecillas el rastreo desde la cédula azul. Si no se cuenta más con ella, genera un problema en la investigación pero deberíamos evolucionar en otras medidas de investigación, aplicando más tecnología”.
El objetivo del Ministerio que dirige Mariano Cúneo Libarona es desburocratizar el sistema y eliminar trámites que hoy se hacen los registros del automotor. De hecho, también se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, y se eliminaron otros trámites como el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
Con la intención de brindar más agilidad y transparencia al sistema, además se eliminará el vencimiento de todas las «cédulas verdes». Entre las políticas adoptadas, el Ministerio de Justicia controlará “en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros”, se informó.
