El jefe jurídico del DeFi Education Fund dijo que los argumentos de los fiscales contra la moción de desestimación de Roman Storm estaban «llenos de inexactitudes técnicas».
Los argumentos de Estados Unidos para seguir adelante en su caso contra el mezclador de criptomonedas Tornado Cash y el desarrollador Roman Storm muestran un «desdén por la privacidad» e incluyen algunas «declaraciones atroces», dice la jefa legal del DeFi Education Fund, Amanda Tuminelli.
El 26 de abril, el Departamento de Justicia se opuso a la moción de Storm para desestimar los cargos de conspiración y lavado de dinero que, según un post en X de Tuminelli del 27 de abril, estaban «llenos de imprecisiones técnicas, evidente desdén por la privacidad y la tecnología emergente, y una aplicación errónea de la ley».
Tuminelli destacó en X una sección en la que el DOJ dijo que Storm argumentó que «la mala conducta a través del software informático está absolutamente protegida» y que las criptomonedas estaban «inherentemente fuera del alcance de la aplicación de la ley.»
«Esto simplemente no es lo que Storm argumentó en su moción», escribió Tuminelli. «Es difícil imaginar cómo esto no es intencionalmente engañoso».
Tuminelli también criticó a los fiscales por no entender «cómo funcionan los protocolos de contratos inteligentes inmutables», ya que la presentación alega que Storm y el cofundador Roman Semenov «podrían haber hecho algo al respecto» de la supuesta actividad ilegal en Tornado Cash «pero eligieron no hacerlo.»
El DOJ también «ignora por completo» los argumentos del amicus curiae del DeFi Education Fund en apoyo de la desestimación de los cargos de Storm, lo que Tuminelli se tomó «como un cumplido».
En él, el grupo de defensa argumentó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) – que otorga al presidente el poder de regular amenazas «inusuales y extraordinarias»- «nunca se ha utilizado y no debe utilizarse para penalizar a un desarrollador de software que nunca se involucró directamente o solicitó una conducta con una entidad sancionada.»
«El caso judicial seminal sobre criptomonedas»
Por su parte, los observadores dicen que una sección particular de la respuesta de 111 páginas de los fiscales podría tener enormes implicaciones para las criptomonedas y la libertad de Internet.
El DOJ argumentó que la definición de transmisión de dinero bajo la ley estadounidense «no requiere que el transmisor de dinero tenga el ‘control’ de los fondos que se transfieren» y se extiende a «transferir fondos en nombre del público por cualquier y todos los medios.»
El comentarista seudoanónimo de la industria L0la L33tz dijo en un post de X del 27 de abril que el amplio argumento del DOJ «podría sentar precedentes [peligrosos] para la libertad de Internet.»
«Cualquier proveedor que emita transacciones financieras», incluidos los proveedores de servicios de Internet, «podría correr el riesgo de verse obligado a realizar KYC», afirmaba. «¿La abuela envió USD 50 por correo? Está claro que el cartero dirige un negocio de servicios monetarios».
Otro observador, el escritor financiero John Paul Koning, escribió en X que el caso contra Storm «puede terminar siendo el caso judicial de criptomonedas seminal» y es «realmente sobre quién, si alguien, es responsable de los contratos inteligentes y las interfaces que acceden a los contratos inteligentes, y en qué medida.»
Por su parte, el abogado Gabriel Shapiro escribió en X que «(todavía) no estaba preocupado» de que los argumentos del DOJ conviertan a los operadores de aplicaciones descentralizadas en transmisores de dinero.
Él creía que el caso se reduciría a los relayers y al token Tornado Cash (TORN) del mezclador de criptomonedas.
«Los relayers hacían transacciones de Ethereum para los usuarios (incluido el pago del gas). TORN proporcionó un interés económico en la empresa de retransmisión», explicó Shapiro.
En comparación, en la mayoría de las DApps el usuario realiza transacciones en Ethereum, por ejemplo pagando su propio gas o mediante un nodo «propiedad del operador del monedero, no del operador de la aplicación web DeFi», añadió.
«Los relayers literalmente pagaron el gas de los usuarios», escribió Shapiro. «¿Eso constituye definitivamente ‘transmisión de dinero’ según la ley? Lo averiguaremos, pero como mínimo está más cerca de la línea».
El juicio de Storm está previsto actualmente para septiembre. Semenov sigue en libertad.
