El abogado del expresidente, Jaime Granados, solicitó dicha medida con el argumento de que hubo irregularidades en la acusación de la Fiscalía.
Defensa del expresidente Uribe se opone a que Deyanira Gómez sea reconocida como víctima porque no existen pruebas de que el expresidente la hubiera amenazado u hostigado laboralmente. Asimismo, señala que hay contradicciones en su declaración.
Este viernes se reanudó la audiencia en contra de Álvaro Uribe por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Hoy se definirá si se acoje la petición del abogado del expresidente, Jaime Granados, de solicitar la nulidad del caso por violación al debido proceso y el derecho a la defensa.
Se trata de la segunda jornada del proceso penal, pues el pasado viernes 17 de mayo inició la lectura del escrito de acusación, en la cua el fiscal delegado añadió el supuesto ilícito de soborno directo, en relación con el caso de la exfiscal condenada Hilda Jeaneth Niño Farfán.
Se trata de un proceso poco común, no solo en cuanto al accionar disímil de la Fiscalía, sino frente a la homologación de dos sistemas penales discrepantes como el inquisitivo y el acusatorio.
De hecho, es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente, como es el caso de Álvaro Uribe, es juzgado bajo los mismos procedimientos de un ciudadano corriente, una vez renunció a su curul de Senado, en agosto de 2020, con el fin de dedicarse a su defensa, por lo cual quedó sin fuero ante la Corte Suprema de Justicia.
No hay claridad
Una vez el fiscal delegado explicó los cargos, condensados en nueve páginas de las trece que componen el documento, con el encabezado y los demás pormenores de ley, tomó la palabra el abogado Granados e hizo una extensa declaración en cuanto a que no hay claridad ni exactitud en la Fiscalía en varios de los hechos que la entidad presenta como relevantes en el escrito de acusación.
“No está claro qué se le imputó, no están claros los ribetes de la imputación”, explicó, al tiempo que señaló que la Fiscalía debió haber establecido “cuáles son los hechos jurídicamente relevantes de una manera clara y precisa en una audiencia pública frente al juez de control de garantías y en presencia de su defensor para que sepa de qué se investiga y pueda ejercer su derecho de defensa desde ese momento, si no lo hizo antes”, argumentó Granados.
