El subinspector que se encargó de la investigación sobre el amaño de un concurso público por un concejal del PP le espeta al fiscal: «Usted me pide 111 años de cárcel. Si existiera la silla eléctrica nos la hubiera pedido».
La declaración de los cuatro agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Balears en el juicio en su contra por presuntas irregularidades en la investigación del caso Cursach ha dejado patente que las 12 detenciones que les imputan como ilegales fueron avaladas por la cúpula policial, es decir, por sus superiores jerárquicos.
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Este jueves ha declarado el subinspector Miguel Ángel Blanco, jefe del Grupo de Blanqueo que investigó el caso Cursach, defendido por el exfiscal Pedro Horrach. La Fiscalía le pide 111 años de prisión. Blanco ha desgranado y ha tildado como legal toda la labor de su equipo en labores de Policía Judicial para el Juzgado de Instrucción 12 de Palma, cuando estaba dirigido por el juez Manuel Penalva, también encausado.
«No soy el policía más listo, pero soy uno de los más honrados y más nobles», ha dicho Blanco, entre lágrimas, cuando ha mostrado un documento en el que se exculpaba a una detenida. «Se la detuvo porque se la tenía que detener y cuando se ve que no tiene nada que ver se la exculpa. Esto no lo hace nadie. Porque no existe la inyección letal ni la silla eléctrica porque nos la hubieran pedido», ha lamentado, tras cinco horas de declaración.
Para la Fiscalía, representada en el juicio por el fiscal Tomás Herranz, el grupo de Blanqueo, junto con el juez Penalva y el fiscal Subirán, ambos jubilados anticipadamente, son responsables de los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, detención ilegal, revelación de secretos y prevaricación. Pide para los seis enjuiciados 600 años de prisión entre todos.
Sin embargo, el juicio, de momento, no está reflejando ese supuesto quehacer criminal. «He narrado 10 indicios que nos llevaron a decidir la detención de doce personas. He venido aquí a justificar la absoluta legalidad de estas actuaciones, y si no es así asumiré las consecuencias», ha indicado Miguel Ángel Blanco.
«Hubo otras personas que valoraron estas detenciones, como Juan Carrau [fiscal coordinador de Anticorrupción en Balears], que tuvo conocimiento de todo, y tres superiores policiales: Antonio Suárez, José Luis Santafé [actual jefe superior de Policía de Balears] y Antonio Jarabo. Validaron, justificaron y avalaron estas detenciones», ha subrayado Blanco.
Hacer pasar a los investigadores como «pirados»
Esto mismo lo corroboró este lunes el inspector José Luis García Reguera, su antecesor en la dirección del grupo de Blanqueo, para el que el fiscal pide 83 años de prisión, y que después fue trasladado a petición propia a otra unidad. «Santafé estaba enterado durante la investigación, más o menos, en líneas generales, de cómo iba. Creo que tuvo alguna reunión con el juez Penalva. Se le comunicaba cuando iba a haber detenciones con antelación y se le entregaban borradores. Cuando hacíamos las detenciones, requeríamos la ayuda de otras unidades, por ejemplo de Delincuencia Económica. Esas órdenes no las podía dar yo, la daban los superiores», explicó García Reguera.
José Luis García Reguera afirmó que es un «cabeza de turco» de sus jefes y tildó de «auténtica falsedad» que estuviera en tratamiento psiquiátrico. «Dijeron eso para denigrar a los investigadores y hacerlos pasar por pirados». Hay que recordar que el fiscal jubilado Miguel Ángel Subirán y el juez jubilado Manuel Penalva, instructores del caso Cursach, no tuvieron más remedio que ponerse en tratamiento médico, y posteriormente jubilarse, por culpa del acoso que sufrieron por parte de sicarios y de prensa afín al magnate Cursach durante la investigación y después, cuando fueron acusados de irregularidades en la misma. Ambos se juegan 118 años y 121 y nueve meses de cárcel respectivamente.
El inspector García Reguera, que fue detenido por la presunta filtración de un informe económico del Grupo Cursach, no ha reconocido ninguna irregularidad en su labor y ha negado las filtraciones. «Cuando supe que la investigación la iban a llevar agentes de la Jefatura de Policía de Palma ya vi lo que iba a pasar», sostiene, en relación al vuelco que dio el caso Cursach, que acabó con la absolución de todos los acusados, incluido el magnate de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach, y la imputación de los investigadores del caso.
Objetivo: el móvil de la inspectora Blanca Ruiz
La inspectora Blanca Ruiz Alfaro, para quien la Fiscalía pide 96 años de cárcel, criticó durante su declaración que los policías que la detuvieron no le dieron otra opción que entregarles su móvil, a través del cual se llegó al chat Sancus, que mantenían en ‘Whatsapp’ todos los investigadores para agilizar la comunicación, como han defendido.
En el chat, del que el tribunal ha expurgado los mensajes relativos a las supuestas filtraciones a la prensa porque en el origen de las pesquisas se encuentra el espionaje ilegal a dos periodistas, hay mensajes espontáneos, como corresponde a un grupo privado, en los que por ejemplo se decía respecto a las detenciones: «Hay que darlos duro, y en la cabeza» o «Ya hay dos en la jaula, camino al matadero». En base a esos mensajes, la Fiscalía concluye que existió un plan para coaccionar a los testigos y detenidos.
«Ni siquiera me quitaron el arma», añadió la inspectora Blanca Ruiz. «Me dijeron: ‘Nos tenemos que llevar tu teléfono móvil’ y que les tenía que dar el pin. No tenía opción. No estaba mi abogado, ni lo había llamado. Tuve que pedirle el móvil para que me dejaran llamarlo», relató.
A partir de entonces, no vio más su móvil. «Lo pusieron en modo avión y lo metieron en una mochila», dijo la inspectora, negando que lo precintaran. «Cuando llegó mi abogado dije que iba a declarar, y ellos no iban preparados y tuvieron que llamar al comisario Juan Márquez para ver qué preguntas hacerme».
Los indicios del ‘caso ORA’
Sobre el llamado caso ORA, el presunto amaño del concurso de las máquinas de aparcamiento en Palma, que fue sobreseído, el subinspector Miguel Ángel Blanco ha desgranado uno por uno los informes que elaboró su grupo y que justificaron la detención, entre otros, del concejal Álvaro Gijón, del PP, y posteriormente, de sus padres y su hermano, ante las evidencias de blanqueo de una mordida presuntamente entregada por el adjudicatario del concurso.
«Pedimos el expediente del concurso de la ORA al Ayuntamiento de Palma. Lo analicé yo. Se constataron una serie de indicios: la ocultación inicial de las actas de la mesa de contratación [luego ha aclarado que las actas se realizaron ad hoc, que «chorreaban tinta»]; el precio del contrato, siempre superior al anterior; la realización de un informe jurídico el mismo día que se pide; la vinculación jerárquica entre los miembros de la comisión técnica y Gijón; y las valoraciones realizadas en los informes técnicos que decantaron el concurso», ha relatado Blanco.
«El servicio [de la ORA] era deficitario en 212.000 euros. Pero el contrato se licitó por casi 30 millones de euros. El anterior fue de 17 millones, según un documento que aportó la regidora Aurora Jhardi– ha explicado Blanco–. Era la opción más cara y más antieconómica».
Ha proseguido el policía enjuiciado: «Pedimos los contratos de la legislatura 2011-2015 para analizar la conexión entre Roig [el empresario adjudicatario] y Gijón. Analizamos el cuadrante de 80 contratos y llegamos a un dato digno de reseñar. En esa legislatura, de 190 millones adjudicados en contratos, Roig se llevó el 33%, 62 millones».
«En cien vidas haría lo mismo»
«Esto se aprende en las trincheras. Estando en una nave a las tres de la mañana mirando papeles con los fiscales. Hay que bucear en el expediente. La mejor manera de amañar un concurso es o que los funcionarios le entreguen los pliegos al empresario o que se pongan de acuerdo y redacten los pliegos. Y esto es lo que presuntamente ha pasado aquí. Se podía haber hecho mejor, yo no lo supe hacer mejor. Lo único que les digo es que en cien vidas haría lo mismo», ha dicho Blanco emocionado.
Sobre la detención de los padres y el hermano de Gijón, Miguel Ángel Blanco ha incidido en los indicios; entre otros, que «la familia Gijón tenía el entorno perfecto para blanquear. Tenían 40 cuentas corrientes».
Ha ahondado en la investigación sobre el presunto piso que Roig, adjudicatario del concurso de la ORA, habría entregado presuntamente a Gijón. «El piso existía», ha recalcado Blanco y ha explicado que el inmueble pertenecía a una sociedad que el hermano de Gijón le vendió a este por 9.800 euros y que la escritura fue «ocultada». El agente ha añadido: «El fiscal Carrau me pidió que buscara el piso y el piso lo encontré, vaya si había piso!»
«Pulcritud en las detenciones»
Miguel Ángel Blanco defiende que las detenciones se realizaron con «toda pulcritud» y ha puesto de ejemplo la del empresario Roig: «Debe de ser el único caso en el universo que del centro de torturas va a prisión y lo primero que hace es enviar a su mujer a darme las gracias por el trato recibido».
«Tengo tres hijos, he cumplido 50 años y quieren que no volvamos a ver la luz del sol, exijo que se juegue limpio», ha pedido antes de finalizar su declaración, después de más de cinco horas.
El abogado defensor del fiscal Subirán ha preguntado a Blanco sobre una reunión que mantuvo con mandos policiales en la que se le indicó que a la hora de investigación de las supuestas filtraciones «había que colgársela al señor Subirán, es decir, con la idea pre adoptada del resultado de la investigación».
Un reunión con mandos policiales «muy desagradable»
Blanco se ha negado a hablar sobre esa reunión, que «ya expliqué en instrucción. Me cambió la vida; fue de lo más desagradable; y no la voy a contar. Está ahí, ya la he relatado, pero no lo quiero volver a hacer porque me cambió la vida», Blanco se ha roto en ese momento.
‘Chats personales y residuales»
El agente Iván Bandera, para el que el fiscal pide 101 años de prisión, ha explicado que el 17 de octubre de 2016, cuando se practicaron las detenciones por el caso ORA, «fue un operativo como cualquier otro, sin ningún acontecimiento fuera de lo normal». El mismo día participó en la toma de declaración de varios de los detenidos. «Yo actué como secretario, como la persona que escribe en el ordenador las preguntas del instructor y las respuestas del acusado. Esa fue mi intervención».
Bandera, que estuvo en el grupo de Blanqueo desde 2013 hasta agosto de 2018, ha explicado respecto a los chat de ‘WhatsApp’, que se usaban para «cuestiones personales» y que no eran «un medio de coordinación, nos veíamos y hablábamos en persona, era algo residual».
Iván Bandera ha negado ser el autor de un informe del caso ORA que se le achaca a él: «Carezco de conocimientos para llevar a cabo un análisis de información de estas características. Nunca he hecho ninguna investigación de contratación administrativa», ha dicho y ha indicado que el número de identificación policial que aparece junto al de Miguel Ángel Blanco no es el suyo, sino el de otro agente que no está sentado en el banquillo.
Iván Bandera niega las filtraciones
Bandera ha reconocido conocer al periodista Francisco Mestre, de Diario de Mallorca, pero «nunca le he facilitado información». Sin embargo, los instructores policiales de esta causa, los llamados Juanes [los inspectores Juan Márquez y Juan Palomo], sostienen que José Luis García Reguera le pidió a Bandera que avisara a Mestre para que fotografiara el ingente informe económico sobre el Grupo Cursach que llevaron al juzgado en un carro de supermercado.
García Reguera reconoció haberle dicho eso a Bandera como una broma, en el contexto de una fotografía que acababa de publicarse de una de las implicadas en la causa Cursach con abundante documentación.
Así lo ha reconocido Bandera: «Yo lo tomé como una broma; esa comunicación no se produjo, y esos investigadores [los Juanes] lo sabían, que no había periodistas en la puerta, pero lo obvian para obtener un indicio. Y en el listado de llamadas del periodista [Mestre fue espiado] y las mías vieron que esa llamada no se produjo, pero era mejor obviarlo», ha criticado el acusado.
Iván Bandera fue el primero de los policías de Blanqueo que fueron detenidos y el suyo fue el primer móvil incautado. Sobre esto ha dicho en el juicio que el móvil se lo pidió su «jefe», que era el inspector Juan Márquez, cuando le comunicó que estaba detenido. «Cuando se me retiró el móvil no se hizo el acta [de intervención], se hizo después», ha subrayado.
