El gobierno verificará que los controles sobre las operaciones inmobiliarias para detectar sospechas de lavado de activos se estén haciendo en forma correcta. En 2011 fue el primer año en que inmobiliarias y escribanos debían fiscalizar.El titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Carlos Díaz dijo a El País que “a un año del decreto” -aprobado en diciembre de 2010- que reglamentó la forma en que escribanos e inmobiliarias deben hacer los controles (entre otros) “es hora de que todos nos pongamos de acuerdo en cómo se hicieron los controles”.Por eso en marzo, la Auditoría Interna de la Nación, “que ya formó equipos” para ello, hará la “verificación primaria” sobre los controles en el ámbito inmobiliario, indicó Díaz.Se eligió el mes de marzo, “para no perturbar la temporada turística”, agregó.
El titular de la secretaría antilavado afirmó que “descontamos que los hicieron (los controles) porque es una obligación legal, en algún caso que haya sido insuficiente veremos, ahora si no los hicieron va a haber fuertes sanciones”. La ley prevé multas de 1.000 Unidades Indexadas (UI) -$ 2.334 a hoy- a 20 millones de UI ($ 46,7 millones a hoy).Escribanos, inmobiliarias y rematadores deben reportar operaciones sospechosas de lavado. Además en el caso de los escribanos, deben dejar constancia en la escritura “de los controles para identificar a los compradores y vendedores, identificar al beneficiario final y el origen de los fondos” y debe “dejar constancia en una ficha que debe guardar por cinco años”, recordó Díaz.El decreto establece que inmobiliarias, escribanos y rematadores deberán “intensificar los procedimientos de debida diligencia” cuando las operaciones de construcción, inversión o compra-venta de inmuebles superen los US$ 100.000 en efectivo o los US$ 200.000 utilizando instrumentos bancarios. Esos montos no rigen en caso de sospecha de lavado de activos, financiamiento al terrorismo o si hay dudas sobre la veracidad o suficiencia de datos verificatorios del cliente.”No vemos ningún elemento que pueda eximir a una inmobiliaria o a un escribano de hacer los controles que cualquier uruguayo tiene cuando abre una cuentita en un banco”, afirmó el titular de la secretaría antilavado.El sector inmobiliario es “uno de los que ofrece riesgos de lavado, no necesariamente es el más riesgoso”, señaló Díaz.”Se mitiga el riesgo a través de los controles” ahora con la verificación de los mismos “vamos a saber qué grado de riesgo tenemos”, agregó.Según cálculos de El País en base a la recaudación del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (que paga el comprador y el vendedor de un inmueble) las operaciones de compra-ventas de viviendas movió como mínimo (porque el tributo se calcula en base al valor catastral) US$ 1.999,7 millones, un 16% más que en 2010.A eso hay que sumar nuevas construcciones de edificios principalmente en Montevideo y Maldonado. “La inversión en inmuebles es algo que queda. Riesgo o no, el Uruguay tiene que ver con buenos ojos esa inversión porque necesita mano de obra y dinamiza la economía, también tiene que controlar que eso no sea de fondos de actividades criminales”, afirmó Díaz.Por eso se deben hacer “controles que no impidan la realización de negocios lícitos, de manera de no frenar la corriente de inversión que se da en Uruguay y otros países de la región”, añadió.El funcionario señaló que el sector de más riesgo de lavado de activos “en todo el mundo, es el financiero. ¿Por qué en Uruguay es bajo el riesgo?, porque los controles lo disminuyen y el sistema financiero lo ha entendido perfectamente”.Díaz: “Si (inmobiliarias y escribanos) no hicieron los controles va a haber fuertes sanciones”.
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