Prevenir y combatir el lavado de dinero es la meta para reducir y combatir la corrupción política y la delincuencia organizada. Éste fue el pecado de omisión más grave de gobiernos anteriores que no quisieron atender la raíz del problema.
La Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF) que dirige Santiago Nieto este año se introdujo una reforma legislativa muy completa para fortalecer el trabajo. Destacan las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que buscan optimizar la autonomía técnica, de gestión y promover una mejor coordinación para el intercambio de información con otras autoridades y reconoce a nivel de ley el carácter de instancia de seguridad nacional en México.
De esta manera, se podrían judicializar más fácilmente casos como los de la Estafa Maestra, Odebrech / Emilio Lozoya, o que benefician a los líderes y familiares de los cárteles de droga en México.
En la reforma se establece la obligatoriedad de crear la lista PEP´s, que es una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para identificar los casos de corrupción y lavado de activos.
Por último, la reforma busca quitar la sentencia fatal del ex ministro Eduardo Medina Mora que permitió desbloquear cuentas de personas vinculadas con casos de corrupción, narcotráfico y trata de personas por 2 mil millones de pesos.