Melina y Leandro Báez, ambos hijos de Lázaro Báez hicieron una presentación ante el Tribunal Oral Federal 4 luego de que el organismo anunciara que dejará de ser querellante en las causas Los Sauces y Hotesur.
Antilavadodedinero / infobae.com
Dos de los hijos de Lázaro Báez, Melina y Leandro, le pidieron hoy al Tribunal Oral Federal 4 que aparte a la Oficina Anticorrupción (OA) del juicio de «la ruta del dinero K», luego de que ese organismo renunciara a ser querellante en las causas Los Sauces y Hotesur.
En el juicio contra Lázaro Báez y sus hijos por lavado de dinero, la OA ejerce una de las tres querellas junto a la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF). En la última audiencia antes de la suspensión por la pandemia, el 11 de marzo pasado, los abogados habían iniciado el alegato: dieron por probado que existía una estructura jurídica y societaria para ejercer maniobras de lavado por 60 millones de dólares y presentaron ante el Tribunal un tramo desconocido de los videos de la financiera conocida como “La Rosadita”.
«Las operaciones de lavado de dinero fueron realizadas con fondos obtenidos de la actividad de Austral Construcciones y ordenadas por Lázaro Báez», expuso en esta audiencia uno de los abogados de la OA.
Al igual que la UIF y la AFIP, los abogados de la OA consideraron que el delito precedente al lavado son las maniobras investigadas en la causa de la obra pública, donde se investiga la adjudicación de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz al Grupo Austral.
A través de sus abogados, Alejandro Baldini y Yamila Granero, Melina y Leandro Báez pidieron que el TOF 4 aparte a la OA pese a que el organismo a cargo de Félix Crous ya hizo la primera parte del alegato.
“De seguir el lineamiento trazado por la Resolución N° SSIA N° 3/2020, (la Oficina Anticorrupción) desistirá de su rol de querellante, y de no ser así, claramente nos encontraríamos frente a un posicionamiento estatal evidentemente discriminatorio, habida cuenta que, ante delitos de tremenda similitud, la OA adoptaría en algunas causas criterios interpretativos que abiertamente beneficiarían a determinados imputados, frente a otros procesos de iguales características, en los cuales mantendría su roll y por ende, la acusación”, dice la presentación a la que accedió Infobae.
Melina y Leandro están distanciados de su padre y de sus otros dos hermanos, que se alinearon con Lázaro desde que comenzó el escándalo.
En su presentación, sus abogados sostienen que las circunstancias por las cuales la OA renunció a Los Sauces y Hotesur son similares a la que se dan en “la ruta del dinero K”. “Entendemos que deben primar los principios constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso legal, teniendo en cuenta que la OA, como organización estatal con un fin determinado, no puede contrariar sus propios actos violando de esta manera el principio sentado en la reciente reforma del CCyCN”, escribieron.
La OA justificó su apartamiento de las causas de Hotesur y Los Sauces en la necesidad de “concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta el organismo a casos más complejos, que demanden particular experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad”.
También explicó que los casos ya no están en etapa de investigación y que el debido impulso de la acción penal “se encuentra adecuadamente garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal pública en representación del interés general de la sociedad”.
El juicio por “la ruta del dinero K”, está lejos de reanudarse pero el presidente del TOF 4 Néstor Costabel le mandó un oficio al Consejo de la Magistratura de la Nación para saber si está en condiciones de proveer un sistema informático para continuar de manera remota, aunque no descarta un sistema “mixto”, con algunas presencias en Tribuales y el resto a la distancia. El Consejo de la Magistratura trabaja junto a la empresa estatal Arsat en el desarrollo de una plataforma para esos procesos donde hay varias partes.
El presidente del TOF 4 también le hizo llegar un oficio a la Secretaría General de la Cámara de Casación para saber si hay alguna sala disponible en el edificio de Comodoro Py. Por último, Costabel quiere saber la opinión de todas la partes. Los abogados comenzaron a hacer llegar sus opiniones por mail o través del sistema informático “Lex100”.
