El entusiasmo de muchos en torno a la Ley Bitcoin, que da curso legal a la criptomoneda en El Salvador, contrasta con la desconfianza de los organismos reguladores. Uno de ellos es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que periódicamente emite recomendaciones a sus países miembros sobre las acciones a tomar para evitar el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
Antilavadodedinero / criptonoticias
Se han reportado numerosas sugerencias del GAFI con relación a los criptoactivos. En resumen, esta coalición considera que, por facilitar la transmisión de dinero por fuera del sistema bancario, su uso y la industria en torno a las criptomonedas debe estar bajo regulaciones estrictas y cada participante (direcciones de monederos) debería poder ser identificado por la autoridad estatal.
Dicho esto, resulta fácil comprender por qué estudiosos del derecho internacional, consideran que la Ley Bitcoin de El Salvador, quedará atrapada en el reglamento del GAFI. Eso convertiría al país centroamericano en blanco de potenciales sanciones.
Un estudio sobre el tema fue realizado por el economista Steve Hanke, con la colaboración de los estudiantes Nicholas Hanlon y Parth Thakkar. Los especialistas indican allí que, «si la Ley Bitcoin se implementa realmente, los bancos, comerciantes y clientes salvadoreños cruzarán espadas con los reguladores del GAFI».
Críticas a la Ley Bitcoin de El Salvador
Antes de hacer referencia al GAFI y sus regulaciones, Hanke y sus colaboradores dejan en claro su posición personal: «la Ley Bitcoin es innecesaria». Para el economista, «la dolarización funciona a las mil maravillas». Sustenta esta afirmación con una encuesta de la Cámara de Comercio de El Salvador, en la que el 92% de 1.600 encuestados dijo que no está de acuerdo con que la aceptación de bitcoin (BTC) sea obligatoria.
El especialista en ciencias económicas critica que bitcoin sea de curso forzoso porque eso, según dice, «restringirá la libertad de elección de los salvadoreños en el uso de divisas».
Vale aclarar que, tal como este medio ha reportado, el comerciante salvadoreño que reciba pagos en BTC podrá convertirlo en dólares de manera instantánea. Lo mismo ocurrirá con los trabajadores, que podrán elegir en cuál de las dos monedas desean recibir su salario.
Otra crítica que hace Hanke es sobre la recepción de remesas, que es uno de los puntos por los que el presidente Nayib Bukele considera importante la Ley Bitcoin. De acuerdo con datos del Banco Mundial, los ingresos por remesas constituyen casi el 25% del PIB salvadoreño.
«El costo de enviar remesas a El Salvador es uno de los más bajos del mundo y el más bajo de América Latina, con un costo promedio de transferencia de remesas de 2,85%», dice el informe, para luego añadir que ese monto «es mucho más bajo que el costo de recibir bitcoins».
Este equipo investigador de la Universidad Johns Hopkins, de los Estados Unidos, parece ignorar la existencia de la red Lightning de Bitcoin, que en El Salvador es ampliamente utilizada para la recepción de remesas a través de la aplicación Strike. Las comisiones en esta segunda capa de Bitcoin son, en ocasiones, inferiores a un centavo, y mucho menores al 2,85% del sistema basado en dinero fíat.
Ley Bitcoin: posibles consecuencias negativas para El Salvador
Tras dejar en claro su postura personal de desaprobación a la Ley Bitcoin de El Salvador, los autores del estudio aquí reportado proceden a detallar las posibles consecuencias negativas que la nación centroamericana sufriría cuando BTC comience a ser utilizado como dinero de curso legal.
Es importante destacar que habrá enormes consecuencias negativas no deseadas asociadas con la implementación de la Ley Bitcoin. Se visitarán bancos, instituciones financieras, empresas salvadoreñas y, quizás, al Gobierno mismo. Probablemente recibirán una señal de alerta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que probablemente resultará en sanciones.
Steve Hanke, Nicholas Hanlon, y Parth Thakkar, investigadores de la Universidad Johns Hopkins
La rama latinoamericana del GAFI, el GAFILAT, se define a sí misma como «una organización intergubernamental que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte». Según informa su sitio web, «el GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva».
Agrega la página institucional que esta organización «requiere que todos los países estén alineados en la misma dirección», con el fin de que «la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sea eficaz».
Específicamente sobre criptomonedas, el GAFI ha elaborado el documento «Indicadores de bandera roja para activos virtuales» que, junto con la «Guía de recomendaciones del GAFI», son las fuentes en las que se basa el estudio de Hanke.
Para los investigadores, el accionar que resulte como consecuencia de la Ley Bitcoin en El Salvador incumplirá, al menos, 27 recomendaciones del GAFI. Antes de mencionarlos, Hanke y su equipo reiteran su incomprensión sobre los fundamentos de esta ley, ya que, según explican «en la actualidad, El Salvador y su régimen monetario dolarizado están tan limpios como los dientes de un sabueso».
1º bandera roja: incumplimiento de políticas «conozca a su cliente»
Para facilitar el análisis, los estudiosos dividen los comportamientos incompatibles con los deseos del GAFI en tres áreas. La primera de ellas es «Comportamientos de bandera roja relacionados con el cumplimiento de las políticas de «conozca a su cliente» [KYC, por sus siglas en inglés]».
El GAFI levanta señales de alerta (o «banderas rojas») cuando se efectúan transacciones con criptomonedas sin un debido proceso KYC. Este implica el conocimiento de la identidad de cada una de las partes que intervienen en la operación, lo que suele demostrarse con un documento emitido por el Estado que acredite datos personales.
También, cuando se utiliza bitcoin u otros activos digitales, el GAFI establece que es necesario poder demostrar el origen de los fondos y la relación que existe entre las partes. Los dos requisitos hasta aquí mencionados serían poco prácticos de llevar a cabo para transacciones pequeñas, como es el comercio minorista o la transferencia de BTC, por ejemplo, entre familiares.
Debe tenerse en cuenta que el Gobierno salvadoreño brinda la posibilidad (aunque no la obligación) de utilizar un monedero oficial: Chivo Wallet. Este es un monedero custodial de bitcoin (es decir, que no les brinda a sus usuarios las llaves privadas) que requiere un registro previo para utilizarlo y asocia la dirección de BTC con una identidad específica.
