A principios de este mes, el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, presentó un proyecto de ley que propone un “paquete contra el crimen”, que establece “medidas contra la corrupción, el crimen organizado y los delitos cometidos con violencia grave”.
El proyecto de ley propone modificaciones en catorce leyes, asegurando la ejecución de la sentencia después de un juicio de la corte de apelaciones, aumentando la efectividad del jurado, garantizando el cumplimiento de las sentencias, aumentando las penas para delitos relacionados con armas de fuego, reformando el crimen de “resistencia”, “y criminalizando los fondos fangosos.
Entre todas las medidas, cabe destacar la introducción de dos nuevas prácticas legales: las soluciones negociadas y los incentivos a los denunciantes.
El proyecto de ley propone introducir dos artículos en el Código de Procedimiento Penal ( Decreto-Ley Nº 3.689 / 1941 ), que regulan las condiciones y normas para los acuerdos de no prosecución entre el Servicio de la Fiscalía de Brasil y los delincuentes, y un artículo en la Ley de Improbidad Administrativa. ( Ley N ° 8.429 / 1992 ), que permite acuerdos, acuerdos y conciliaciones (con reglas similares a los Acuerdos de Clemencia y Negociación de Motivos) por los delitos previstos en esa ley, que están prohibidos hoy.
Respecto a la denuncia de irregularidades, el proyecto de ley propone enmiendas a la Ley Nº 13.608 / 2018 , que obliga a todas las entidades públicas a establecer canales de denuncia de delitos y faltas de conducta administrativa.
También establece reglas para proteger a los denunciantes contra las represalias y garantizar su anonimato y propone una adjudicación de hasta el 5 por ciento de la cantidad recuperada por la administración pública.
También cambia las reglas sobre las mociones para la nueva audiencia ( embargos infractores ), sobre la autodefensa, sobre la forma de confiscación del producto del delito (autorizando su uso), sobre interrogaciones por videoconferencia, sobre el concepto legal de organizaciones criminales, sobre el régimen legal de las prisiones federales y otras medidas que buscan evitar el estatuto de limitación, facilitar el procesamiento de delitos complejos con reflejos electorales, impedir la liberación de delincuentes habituales y mejorar las investigaciones.
ALD/FCPA
