Gabriela Herra, especialista en compliance y CEO de Snap Compliance, se refiere a la nueva ley de delitos económicos y medioambientales (publicada el 17 de agosto de 2023 en el Diario Oficial de Chile), las empresas tienen un nuevo reto al cual enfrentarse.
Ahora pueden ser responsables penalmente de las infracciones que pueda cometer alguno de sus colaboradores, lo que ejerce mucha presión para las juntas directivas y los altos mandos de las organizaciones.
Multas y cargos penales son parte de las consecuencias que se puede dar debido a la conexión “colaborador/empleador”. Ahora, prácticamente las organizaciones van a tener que estar pendientes de todo lo que ocurre internamente en sus instalaciones para prevenir y evitar posibles casos de corrupción, delitos financieros, lavado de activos, cohecho o malversación de fondos públicos; además, deberán echar a andar planes de capacitación y control de riesgos para que todos los colaboradores puedan comprender de qué trata esta nueva ley.
Ante esta nueva realidad, la automatización del gobierno corporativo es la solución más práctica y económica para protegerse y cumplir con la ley, debido a que ahora los delitos contemplados ascienden a casi 200. Es muy difícil, humanamente, dominar todos los posibles escenarios; haría falta un equipo multidisciplinario y la tecnología para poder gestionarlo de forma óptima.
Sin embargo, la inteligencia artificial (IA), combinada con la automatización del gobierno corporativo, abre una vía para brindar una solución tecnológica más práctica y económica de implementar, debido a que puede ayudar a detectar tempranamente cualquier riesgo o actividad ilícita interna que perjudique a la empresa.
Asimismo, es capaz de prevenir problemas e ilegalidades que podrían llegar a ser considerados como delitos económicos, lo que podría generar multas y dañar la positiva imagen por la cual se ha trabajado tanto.
La implementación de la cultura preventiva es primordial si se quiere cuidar la imagen. Un ejemplo de ello son los casos de corrupción organizacional que ampliamente se han difundido en los noticieros estos últimos meses.
La IA es capaz de leer y entender cientos de miles de datos por segundo y de monitorear en tiempo real lo que sucede en los sistemas, junto con enviar alertas en caso de detectar una ilegalidad; además de contar con soluciones de software integrables y que brinden la mayor cantidad de prestaciones posibles. Ambas, en conjunto, son definitivamente el camino a seguir para lograr cumplir con las exigencias de esta nueva ley.
La implementación de la ley de delitos económicos y medioambientales conlleva un desafío complejo que presiona a automatizar procesos en la gestión del gobierno corporativo, pero que como sociedad nos ayudan a erradicar las actividades criminales, la corrupción, el lavado de dinero, la malversación de fondos y el cohecho, ayudando a evitar multas y condenas penales que podrían dañar la reputación de la organización. Y, lo más importante, es que agilizan la tarea de detección temprana, en tiempo real, y fomentan una cultura preventiva, para que este tema no se vuelva un problema.
Ahora, no se trata sólo de cumplir con las regulaciones, sino de avanzar más rápido, mitigar riesgos y ahorrar tiempo y dinero. La innovación en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo ya no es una opción, es una necesidad.
